- También señalan que la sentencia del Supremo como respuesta a Obadal no da respuesta a las demandas del TJUE para frenar el abuso de temporalidad
Diversas plataformas, asociaciones y sindicatos integrantes del colectivo nacional de víctimas del abuso de temporalidad en el sector público mantuvieron este miércoles con la representación de la Comisión Europea en España con un objetivo inequívoco: que la Comisión actúe con contundencia ante la inacción del Gobierno de España.
En esta reunión en un formato hibrido y presencial al mismo tiempo, estuvieron presentes , Maia Pilar Ramírez miembro del Secretario del sindicato STEPA, Fernando Casamayor, presidente del sindicado DJusticia, Lorenzo Campillo, presidente de ANSITI, Ignacio Marcos, Plataforma Afectados por Funcion Pública ( PAFFP Madrid,) Ana Dueñas, Plataforma de Temporales Públicos de Castilla Leon y Amaia Zarrabeitia de Interinok Taldea y de la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal (CEPt)
Los asistentes a dicha reunión han exigido que, si el 29 de junio el Gobierno no ha actuado, lleve el incumplimiento del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de forma inmediata y sin más dilación, instando la correspondiente sanción.
A estas alturas, solo un real decreto puede llegar a tiempo: la tramitación de la Ley de Función Pública llegaría tarde. En esa reunión se indicó que es bastante probable que nuestro país pierda 626 millones de euros de Fondos Europeos por no haber reducido la temporalidad en nuestro país, como asi se comprometieron.
En dicho encuentro se comentó que no era un problema de aplicación de una directiva. Esto afecta a los pilares de la UE. De hecho se llegó comentar que esa esta actitud del Gobierno español está poniendo en solfa el principio de prevalencia del derecho a la unión, el principio de efecto útil, el principio de carácter vinculante a las sentencias del TJUE. La libertad de circulación de los trabajadores. Afecta derechos sociales de ciudadanos y de trabajadores públicos.
El fraude se perpetúa
Para Fernando Casamayor, presidente del Sindicato DJusticia, “nos preocupa la actitud del Gobierno español que hace oídos sordos a las sentencias del TJUE. Llevamos 26 años en fraude de ley. Por lo que vemos el problema de la temporalidad no es que se pretenda solucionar es que lo quieren perpetuar. En justicia, se mantienen las bosas de interinos. No se puede estar mas de tres años trabajando porque te mandan al último de la bolsa. Con 7500 personas y se nombran unos 1000 al año puede estar en el desempleo unos siete años”.
En su opinión, de las ultimas reuniones con el PSOE se deduce que no tienen interés en resolver esta situación que se mantiene en los últimos años en fraude de ley. Las entidades empleadoras, a través de sus bolsas de trabajo quieren mantener este status quo porque nos necesitan para seguir trabajando. Llegas a los tres años y te mandan al ultimo lugar de la bosa para que no hay concatenación y fraude. Así no se puede estar trabajando con esta precariedad. Se debe buscar una solución a este problema que se ha alargado en estos años”.
El procedimiento de infracción avanza, los 626 millones de euros de fondos europeos siguen retenidos y, aun así, la respuesta del Gobierno es la inacción previsible de quien ha decidido no proteger a las víctimas. “Y de la propia reunión nos llevamos algo revelador: ni siquiera la Comisión confía en que el Gobierno vaya a actuar por voluntad propia”, comentan los asistentes
“Hemos puesto en su conocimiento la realidad judicial tras la sentencia Obadal (C-418/24): la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no ha acatado el Derecho de la Unión y ha reducido la afección directa al personal laboral a un supuesto tan restrictivo —haber superado procesos selectivos en condiciones equivalentes— que apenas alcanza a un puñado de personas, mientras la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene su línea pre-Obadal”, comenta Amaia Zarrabeitia de Interinok Tardea. Desde su punto de vista “Europa debe tomar cartas en el asunto ante un tema de estas características”.
Para Amaia, la reunión ha sido satisfactoria. “Hemos querido transmitir cómo está la situación tras la sentencia Obadal y la respuesta del Supremo, una sentencia que no responde a las exigencias del TJUE en dicho fallo judicial Divide al colectivo en función de si hayas aprobado una posición y sobre las indemnizaciones queda corto porque el TJUE habla de indemnizaciones disuasorias, cuestión que no llegan estas compensaciones que se plantean. Creemos que la Comisión debe actuar y ser contundente con la inacción del Reino de España sobre estos temas porque no cumple con la Directiva 1999/70
La conclusión es demoledora: en España no existe tutela judicial efectiva para las víctimas del abuso en la contratación temporal del sector público, ni una ley que las proteja. Es un incumplimiento frontal y sostenido del Derecho de la Unión como comentaron los asistentes. De hecho se llegó a decir que se están cuestionando principios como el de prevalencia del derecho a la unión, el principio de efecto útil, el principio de carácter vinculante a las sentencias del Tejú. La libertad de circulación de los trabajadores. Afecta derechos sociales de ciudadanos y de trabajadores públicos.
Bruselas debe ser más proactia
Por eso recordaron a los representantes de la Comisión que sigue siendo clave y fundamental la visibilizarían y el empuje de los afectados: mientras el Gobierno y los sindicatos mayoritarios juegan a silenciarlo todo, “somos las propias víctimas quienes tenemos que dar a conocer el problema y sostener la presión” comentaron algunos de los asistentes.
Ignacio Marcos por su parte comentaba al final de la reunión subraya que la solución al problema tendría que venir por un Real Decreto porque ya no hay tiempo para aprobar una ley. A su juicio, es previsible que si el Gobierno no haga nada para recuperar esos 626 millones de euros. Para este profesional habrá que ver que hace la Comisión Europea si el próximo 29 de junio la respuesta de nuestro país es insuficiente o no se produce cuando concluya el plazo abierto por la propia Comisión tras enviar un dictamen motivado un Dictamen Motivado a España por el procedimiento de infracción abierto [INFR(2014)4224] por el uso abusivo de contratos temporales en el sector público Al parecer el representante de la Comisión les dijo que no era obligaría que esta trasladase al TJUE este incumplimiento.
Según nos comentan los promotores de esta reunión, el colectivo seguirá unido y empujando en todos los frentes: en el judicial, demandando; en el institucional; y agrupándose en cuantas plataformas, asociaciones o colectivos los propios afectados quieran crear. “Cada cual desde su trinchera, pero todos remando en la misma dirección, porque solo puede haber una: que todas las víctimas sean resarcidas de manera justa. No dejaremos de presionar ante las instituciones europeas hasta conseguirlo”. afirma
El 29 de junio es la línea. La pelota está en el tejado de la Comisión. Muchos de los expertos que conocen el problema de la temporalidad, son conscientes que uno de los problemas de este asunto ha sido el tener un procedimiento de infracción abierto desde el 2014, lo que ha permitido que se mantunvieran los abusos de la temporalidad y leyes como la 20/2021, aprobada por Miquel Iceta , el unco ministro de los últimos de Función Publica que intento buscar una solución, propuesta que el propio TJUE ya ha dicho en sus últimas sentencias que ni esa ley, ni los procesos selectivos operativos eran el remedio para el abuso en el fraude de la temporalidad.
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