- En su opinión, esta situación se solventaría si cada una de ellas firmara un convenio con esta entidad , de esta forma esta Autoridad Independiente asumiría las competencias
En la sede de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), se van quemando etapas, y la institución que entró en funcionamiento el pasado 1 de septiembre, hace casi un año, con el catedrático de Ciencias Políticas y experto en transparencia, Manuel Villoria, como presidente, se observan con satisfacción los progresos. En su comparencia el pasado mes de mayo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Villoria habló de 800 denuncias cursadas de las que el 36% provienen del sector privado y una treintena de personas protegidas en una actividad que ha ido creciendo. La AIPI ya cuenta con su Comisión Consultiva integrada por distintos representantes de instituciones del Estado, juristas de reconocido prestigio y una representante de las asociaciones de informantes.
La institución ya cuenta con un presupuesto propio y va completando su equipo de profesionales. Ahora la cuestión es saber cómo va afectar la futura Ley Orgánica de integridad Pública que divide a los juristas y a la que el Consejo de Ministros ha dado luz verde como proyecto de ley. Habrá que ver qué papel tendrá la AIPI en ese nuevo esquema. Al mismo tiempo el presidente de esta entidad y sus colaboradores apremian a 7 CCAA sin Autoridad Independiente para que resuelvan esa situación. “Ahora hay muchos denunciantes desprotegidos y ya hay alguna denuncia en la UE que podría generar una sanción importante al Gobierno español”., aclara.
Nuestro interlocutor se muestra satisfecho de los progresos institucionales de la AIPI que ha construido desde cero, a la que se han ido incorporando profesionales de primer nivel. La plantilla es de dieciocho personas y seguirá creciendo en los próximos meses para seguir dando ese servicio que se espera que esta entidad ofrezca como elemento clave de lucha contra la corrupción. Y la entidad ha logrado, gracias al Ministerio de Presidencia, un presupuesto propio por encima de los cuatro millones de euros que permite hacer frente a lo esencial.
“En este escenario nuestra apuesta tecnológica es clara para la gestión y recepción de denuncias. Con la implementación de la IA podremos reducir los tiempos de respuesta”, indica
En este proceso de digitalización la AIPI ha dejado prácticamente ya el paraguas del Ministerio de Justicia para formar parte de la Agencia Estatal de Administración Digital, lo que la dota de más interconexión y autonomía de gestión. Al mismo tiempo Villoria reconoce que se ha hecho inversión en medios tecnológicos y programas, como es el caso de los sistemas ya conectados con el Banco de España, con la Seguridad Social, Agencia Tributaria y otras instituciones. “ Es un trabajo increíble y que nos ayuda a mejorar la actividad de nuestra entidad. La puesta en marcha del canal externo revela la importancia de la tecnología”.
En cuanto a la actividad de la institución, su presidente nos comenta que ya hay registradas 30.000 notificaciones de otros tantos responsables de sistemas internos de información. “Todavía hay pocos registrados de las administraciones públicas, pero también deben hacerlo porque están obligadas. Hace unos días publicamos una Recomendación para la Administración General del Estado (AGE) donde explicamos cómo se podría gestionar este canal interno, quién debe asumir la responsabilidad y otras cuestiones relevantes, para garantizar la máxima objetividad y eficacia”.
Villoria espera cerrar con las siete CCAA que no tienen autoridad propia, acuerdos de colaboración para que la AIPI puede intervenir en ese territorio (Foto Luisja Sanchez L&T)
Problemas de implementación de la ley 2/2023
Para este jurista, los problemas ahora se focalizan como antes comentábamos en el papel de la AIPI dentro de la nueva ley Orgánica de Integridad, y más a corto plazo en la relación de esta Autoridad estatal con organismos existentes en otras CCAA. Una relación fluida que se ve empañada porque aún hay siete CCAA que no han desarrollado su autoridad propia, con lo cual no están cumpliendo la ley .
En la actualidad la AIPI siguiendo la ley 2/2023 trabaja en una triple vía Una, que es la investigación, recepción de informaciones e investigación correspondiente. Dos, protección del informante. Y tres, régimen sancionador. Todo ello, en principio, solo para la Administración General del Estado y su sector público, y para los órganos constitucionales del país, en el ámbito público y, a nivel privado, para aquellas empresas en que la infracción o el incumplimiento sobre el que se informe afecte o produzca sus efectos en el ámbito territorial de más de una comunidad autónoma.
En consecuencia, su presidente nos indica que, si viene denuncia de una corporación o ayuntamiento local, nosotros, en principio, “no tenemos competencia para recibir, para investigar esa información ni para proteger al informante, lo cual es importante que la gente lo sepa. Porque esas son competencias de cada CCAA como dice la ley 2/.2023. Esa ley obliga a cada una de ellas a crear su autoridad de protección pero hay siete que no lo han hecho hasta ahora y esto desprotege a muchos ciudadanos”.
Manuel Villoria subraya que en teoría nuestro país debería contar con diecisiete autoridades independientes en España, más dos en las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. “Que a nosotros nos dejaría solo con la AGE y el sector público estatal, los órganos constitucionales y las empresas privadas que actúan en más de una Comunidad Autónoma, en los casos que hemos indicado previamente. Seria menos trabajo del que teníamos previsto asumir”.
Sin embargo, la situación es ahora distinta “con la reticencia de las CCAA que no crean autoridad ni firman convenio, unido a que hay algunas autoridades existentes que no han asumido el sector privado, como Castilla y León, o Navarra, o que no asumen el régimen sancionador para el sector privado, como son Madrid y Galicia, nos encontramos con una situación preocupante, pues en gran parte de España se está incumpliendo la Directiva (UE) 2019/1937. “Todo se arreglaría con un desarrollo homogéneo de la ley 2/2023, y una cooperación a través de convenios cuando fuera preciso”.
Ante la inacción de siete CCAA en la creación de su autoridad de protección, dichas CCAA deberían firmar un convenio de colaboración con la AIPI para que esta entidad diera ese servicio en ese nivel autonómico, como dice la Ley 2/2023.
Pero aquí surgen algunos problemas.“De momento algunas no contestan a nuestros requerimientos para la firma del Convenio o dan largas y otras nos piden negociar los costes individualmente; pero no hay mucho tiempo, porque ya sabemos que hay ciudadanos que han denunciado la situación a la propia UE alegando el incumplimiento de la directiva y que esas CCAA no dan la protección al informante requerida”, comenta Villoria
En su opinión en la situación actual, “esto podría generar la apertura de un expediente y una sanción al Estado español, aunque luego éste podría repercutirla en la propia autonomía incumplidora”.
Desde la AIPI se busca una solución a esta situación, impensable hace varios años cuando se tramitaba esta ley 2/2023 de protección al informante. Villoria nos explica las gestiones que están haciendo ministerios como el de Política Territorial o Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para desbloquear este asunto.
“Algunas CCAA se quejan de los costes que supone implementar esos convenios, costes menores a si tuvieran que implementar por su cuenta una autoridad propia. Nosotros pensamos que son costes razonables y que ayudarán a financiar el servicio que tendremos que implementar en esa autonomía. Estamos ahora buscando un punto de encuentro para que el convenio se firme y el servicio se pueda financiar adecuadamente”, aclara.
La AIPI contará con su Comisión Consultiva; de Protección del Informante, al término de su reunión de constitución. De izquierda a derecha: Gonzalo Gómez de Villalobos (CTBG), María Luisa Araujo (OIReSCon), Francisco Javier Priego Pérez (Banco de España), Alfredo Suaz (IGAE), Teresa de Jesús Sánchez (AIPI), Manuel Villoria (Presidente de AIPI), Joan Mauri (Tribunal de Cuentas), María del Carmen Bernardo (AEAT), Miguel Bordiu (CNMC), Regina Rodríguez-Pomar (CNMV) y Ana María Garrocho (UC3M). (Imagen AIPI)
Una nueva Ley de Integridad en el horizonte
Mientras la AIPI resuelve este problema crucial para el desarrollo de la protección al denunciante en España, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para impulsar una nueva normativa de Integridad Pública, una futura norma muy polémica. A juicio de Villoria esta Ley Orgánica” nos permitirá resolver las carencias actuales de la ley 2/2023. Hay modificaciones nuestras que fueron aceptadas. Además esos cambios han sido fruto del trabajo con las CCAA. Esta Ley Orgánica para nosotros es un apoyo para mejorar la protección a la investigación, para poder establecer medidas cautelares de protección al informante, o la gestión de indemnizaciones”.
Sin embargo, el presidente de la AIPI es consciente que hay otro aspecto de la ley que genera preocupación e incertidumbre, es la práctica desaparición de la autoridad independiente en el marco de esa nueva Agencia independiente de integridad pública. Nosotros nos integraríamos en ella, pero habría que ver cómo se estructura y su funcionamiento en el día a día, habrá que ver cuando se crea cómo queda su Estatuto configurado.
Villoria señala que, según el dictamen del Consejo de Estado se habla de la posibilidad de que en la AIPI se integren las actividades y competencias de la Oficina de Conflicto de Intereses, de, en parte, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, y con eso se genere una autoridad independiente que puede ser una autoridad que puede luchar o prevenir mejor la corrupción. “Sería lo más sencillo a nivel de costes, sin embargo el Ministerio de Hacienda ha optado por otro modelo”, apunta.
A juicio de este jurista, habría que tender a un modelo como es el de la ANAC italiana, agencia anticorrupción, que está demostrado su efectividad “Esta entidad incorpora: uno, transparencia; dos, investigaciones anticorrupción; tres, conflictos de intereses y control de altos cargos, cuatro, contratación pública. Y cinco, protección del informante. Es decir, que unifica toda una serie de autoridades, que existen ahora en España y organismos en una sola, lo cual es eficiente y yo creo que además coherente con la finalidad anticorrupción y de coordinación. Ya veremos, a nivel parlamentario, si hay interés en ello.
También señala que otro problema es que se pueda crear entre medias la autoridad independiente de conflictos de intereses, que es la que llevará todo el control de los lobbies y conflictos de intereses. Esa va en la ley futura Ley reguladora de lobbies, ya en trámite parlamentario” Pero tendría que desaparecer nada más crearse al incorporarse a la Agencia Independiente de Integridad Pública si esta finalmente se creara.
Manuel Villoria compareció en la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de la actividad de la institución presentando la Memoria de la Institución del 2025 (Imagen AIPI)
Blindar en el trabajo al denunciante de corrupción
Otro de los temas de actualidad que comentamos con el presidente de la AIPI es la iniciativa que lidera el Ministerio de Trabajo por evitar represalias tras una denuncia de corrupción por un profesional y que sea despedido: “Hemos informado positivamente al Ministerio sobre esa iniciativa. Por nuestra parte, ya habíamos pedido la modificación de la ley 2/2023 para que, junto a la nulidad de los actos administrativos constitutivos de represalia, se incluyeran los laborales”.
Para Villoria, “ahora, si se aprueba la modificación del Estatuto de los Trabajadores, esos despidos por represalia serán nulos. Se cubre un vacío legal existente. Será el juez quien resuelva cada situación pero es un avance importante. Si se hace la denuncia ante el canal interno de la empresa o el externo de la AIPI el denunciante de corrupción o ilegalidades graves despedido podría ir a juicio y pedir la nulidad del despido”.
Este jurista reconoce que lo primero que hicieron al conocer este anteproyecto fue hablar con la Inspección de Trabajo. Fuimos a hablar con la Inspección de Trabajo, porque es verdad que nosotros tenemos ahí un cierto conflicto de competencias, Históricamente, cualquier discriminación puede dar lugar a la improcedencia del despido, era necesario articularlo adecuadamente en el marco de lo que serían las represalias por denuncias. Ahora la denuncia por represalia tiene una doble posibilidad de sanción, por vía laboral y la nuestra. Tenemos un inspector de trabajo con enorme experiencia, de enlace con nuestra unidad de investigación para establecer criterios. La AIPI puede poner sanciones más elevadas que la inspección. Iremos viendo caso a caso”.
Desde la AIPI se trabaja como canalizador de todas las denuncias que se reciben “Para tener protección tiene que tener una relación laboral o profesional con la empresa donde se ha producido el hecho que denuncia. Tiene que denunciar un delito o una infracción grave administrativa y ya iniciamos el proceso de investigación. La protección que damos se basa en la "anonimidad, confidencialidad y un certificado que dice que cualquier represalia puede abrir un expediente sancionador con sanción de un millón de euros si es persona jurídica o 300.000 euros si es persona física".
El gran reto a medio plazo que se plantea desde la AIPI es crear una cultura de la información “se trata de empezar a desarrollar cursos de formación y programas de información al respecto para que el ciudadano conozca sus derechos. El papel de sindicatos, asociaciones de consumidores o colegios profesionales pueden ayudar en esta tarea necesaria para que se conozca la ley 2/2023 y se denuncie con criterio. Es obligatorio que tanto organizaciones públicas como empresas privadas cuenten con un profesional que gestione las denuncias con independencia y medios suficiente”, subraya.
Como colofón Manuel Villoria recuerda que “ no hay que olvidar que esta ley 2/2023 obliga a los partidos políticos como a cualquier empresa, independientemente del número de trabajadores que tenga. Nuestra recomendación sobre partidos políticos es clara y les recomienda gestionar sus denuncias sin que interferencias derivadas de las luchas de poder distorsionen la finalidad de la Directiva europea y la ley vigente”.
Villoria es consciente del trabajo de los empresarios por la prevención del delito. Aquí en la Cámara de Comercio de España con su secretario general Adolfo Diaz Ambrona (Cámara de España)
