- Esta normativa impulsará un sistema para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, reforzar la confianza institucional y proteger el interés general.
A lo largo de esta semana se ha vuelto a debatir sobre anteproyecto de integridad pública presentado por el Consejo de Ministros . Las voces de la CNMC, Registradores, ICAM o Consejo del Notariado muestran las lagunas de una norma y discrepancias importantes
Durante los meses de febrero y marzo de 2026, la norma superó la fase de Audiencia e Información Pública. Firmas de asesoramiento legal como EY o despachos de referencia como Cuatrecasas han analizado las implicaciones corporativas de esta ley. El texto también ha pasado por la supervisión de organismos económicos como el expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
.En mayo de 2026, el pleno del Consejo General del Poder Judicial emitió su dictamen oficial recogido en el Informe del CGPJ. Si bien la judicatura avala el fondo del modelo anticorrupción, el órgano de los jueces ha solicitado formalmente que se blinde y garantice de forma estricta la independencia del nombramiento de la futura presidencia de la Agencia de Integridad para evitar interferencias del Ejecutivo.
Profesionales del sector jurídico han manifestado sus discrepancias a través de canales como LinkedIn, advirtiendo de la falta de mención expresa en la norma a las "puertas giratorias" o a la necesidad de reforzar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, la CNMC que preside Cani Fernandez ha emitido su informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, a solicitud del Ministerio de Hacienda. (IPN/CNMC/011/26) El regulador valora positivamente la iniciativa. La evidencia muestra que la corrupción reduce la competencia y la eficiencia económica, por lo que las medidas para prevenirla contribuyen también al buen funcionamiento de los mercados.
El texto incorpora avances alineados con recomendaciones previas de la CNMC en contratación pública, como la mejora en la planificación y diseño de licitaciones, la digitalización y centralización de la información contractual, el refuerzo de la motivación de decisiones que limitan la concurrencia y la profesionalización de la contratación.
La CNMC también valora positivamente el uso de herramientas de análisis de datos, el mayor acceso a la información para supervisores y la publicidad de las prohibiciones de contratar, por su efecto disuasorio.
Mejoras de la CNMC
Desde la perspectiva de la competencia y la buena regulación, la CNMC propone algunas mejoras: Entre ellas el Incluir de forma expresa los riesgos de colusión en la contratación pública y reforzar la formación en competencia del personal público, así como limitar y controlar de forma más estricta la subcontratación en encargos a medios propios.
También indica que hay que evitar que una transparencia excesiva en la información contractual facilite la colusión o exponga información sensible. El regulador apuesta por fomentar, en la medida de lo posible, la concurrencia en los contratos menores y exigir a los licitadores declaraciones de oferta independiente y ausencia de colusión, e informar en los pliegos sobre canales de denuncia anónima.
El texto de la CNMC pretende mejorar la interoperabilidad y la usabilidad de la Plataforma de Contratos del Sector Público. Así como acompañar la contratación electrónica de medidas de apoyo a las pymes para evitar efectos excluyentes y reforzar la eficacia de los programas de cumplimiento exigidos en los contratos públicos a grandes empresas, incluyendo el respeto a la normativa de competencia.
A juicio del regulador de competencia habría que precisar los entes con acceso a la información a efectos de control e incluir la detección de infracciones de competencia así como reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de competencia (en el Registro de licitadores y en el Registro Mercantil).
La entidad que preside Cani Fernández es partidaria de Incorporar las reclamaciones de daños por infracciones de competencia a la Estrategia de recuperación de activos públicos y espera que exista una garantía que la colaboración con la futura Agencia de Integridad Pública respete la autonomía de la CNMC.
En el informe se recuerda que la CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley de creación) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las CC.AA., las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con el artículo 5.2)
Para el ICAM que preside Eugenio Ribón, una ley anticorrupción no debería rebajar controles, debería reforzarlos. (ICAM)
Puede generar inseguridad juridica
Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid advierte de que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, presentado por el Gobierno como una norma contra la corrupción, puede reducir la eficacia de mecanismos relevantes para detectar operaciones de riesgo vinculadas al blanqueo de capitales, el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y las tramas de corrupción política.
El punto más sensible está en la reforma del régimen de transmisión de participaciones sociales. En el sistema vigente, estas operaciones se documentan mediante escritura pública, lo que permite una verificación jurídica inicial, la comprobación de quienes intervienen y la generación de información trazable útil para prevenir conductas ilícitas. El Anteproyecto prevé que esas transmisiones puedan articularse mediante documentos privados electrónicos que posteriormente se registrarían en el Registro Mercantil.
Para la entidad de la que es decano, Eugenio Ribón, el cambio no es menor. Supone pasar de un modelo en el que la transmisión queda documentada desde el primer momento con control jurídico, identificación de las partes y valor probatorio reforzado, a otro en el que la operación se formaliza primero en un documento privado y solo despliega plenamente sus efectos cuando accede al Registro Mercantil.
Ese lapso entre la firma y la inscripción puede generar incertidumbre sobre quién controla realmente una sociedad en cada momento, debilitar la trazabilidad de la operación y, además, hacer más lentas y complejas operaciones habituales en la vida de una empresa, como la entrada de inversores, la transmisión de participaciones o la reorganización de su capital. Dicho de otra forma: una norma concebida para combatir la corrupción no debería debilitar las herramientas que hoy contribuyen a detectarla.
A juicio del ICAM, en ámbitos especialmente sensibles como la transmisión de participaciones sociales, cualquier reforma debe asegurar que la información sobre quién controla una sociedad sea fiable, verificable y accesible para las autoridades competentes. Se trata de una herramienta clave para que jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, Agencia Tributaria y organismos de prevención del blanqueo puedan reconstruir estructuras societarias complejas y detectar beneficiarios reales ocultos.
La institución lo resume en una idea clara: una ley anticorrupción no debería rebajar controles, debería reforzarlos. A su juicio, , la reforma presenta tres riesgos principales: menor seguridad jurídica para empresas y terceros, menor capacidad para detectar estructuras vinculadas a la corrupción política, menor eficacia en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y también menor agilidad en el tráfico mercantil. Todo ello afecta al Estado de Derecho y a la seguridad nacional, indican.
El Colegio es consciente de que la reforma busca simplificar operaciones, reducir costes y reforzar la transparencia registral, al hacer obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil, con carácter constitutivo. También impulsa la digitalización y facilita el acceso a la información societaria. Sin embargo, aflora una preocupación notable, que es la pérdida de seguridad jurídica preventiva, ya que desaparece el control previo del notario sobre la legalidad, identidad y capacidad de las partes.
Rosario Jiménez, decana del Colegio de Registradores, cree que la futura norma puede ayudar a la lucha contra el blanqueo de capitales, (Colegio de Registradores)
Se puede mejorar la ley
Por su parte, la decana del Colegio de Registradores, Rosario Jimenez , en algunas declaraciones públicas su discurso se ha mostrado contundente con relación a la confusión existente en la reforma de la Ley de Integridad Pública. Jiménez ha dicho que “el actual sistema tiene aún margen de mejora” y ha puesto en valor la lucha contra el blanqueo de capitales de los registradores, aportando las cifras de su colaboración en materia de lucha contra el blanqueo. Los registradores, incide la decana, expresan su apoyo a la reforma de la Ley de Integridad Pública porque cierra las puertas al fraude, “solo la publicidad registral constitutiva prevendrá fraudes estructurales”
Jiménez Rubio ha abordado la contribución del Colegio de Registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales. En este sentido, se ha referido al Centro Registral Antiblanqueo y a su colaboración con autoridades judiciales, policiales y administrativas. En este último año se han solicitado por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado casi 60 millones de peticiones de información al Registro de Titularidades Reales.
Además, el Centro Registral Antiblanqueo ha procesado, el año pasado, 40.000 alertas sospechosas procedentes de los registros de la propiedad y mercantiles, que previamente informadas, pasan al Sepblac aquellas que una vez analizadas tienen claros indicios de ser operaciones de blanqueo.
La decana en sus palabras se ha referido a la base notarial para luchar contra el blanqueo de capitales de la que ha dicho que “no es completa ni fiable”, y ha añadido que la información de esta base “ha sido obtenida de los interesados con carácter reservado y en base al secreto del protocolo”. También, la decana ha abundado en que es una gran oportunidad de abordar una reforma seria que haga pasar las transmisiones de las participaciones sociales por el Registro Mercantil.
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