Constitución y Estado de Derecho: el compromiso irrenunciable de la abogacía madrileña

Por Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid

El Día de la Constitución no es solo una efeméride institucional marcada en el calendario. Es una invitación —y, en cierto modo, una exigencia— a revisar qué hemos hecho, como sociedad, con el pacto constitucional de 1978 y con la promesa que encierra: la de un Estado social y democrático de Derecho en el que la ley protege a todos por igual y limita el poder de cualquiera.

Para la abogacía, esta jornada tiene un significado especialmente profundo. Nuestra razón de ser está íntimamente vinculada a la vigencia real de los derechos y libertades que la Constitución reconoce. Cuando la Carta Magna proclama el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, la división de poderes o la interdicción de la arbitrariedad, está trazando el terreno en el que los abogados y abogadas desarrollamos nuestra función diaria.

Por eso, en este Día de la Constitución, conviene recordar algo esencial: la defensa del Estado de Derecho no es una tarea delegable. Nos interpela como juristas, como ciudadanos y, de manera muy particular, como institución colegial al servicio de la democracia y del interés general.

La calidad de las leyes, la independencia de los jueces y tribunales, la garantía efectiva de los derechos fundamentales o la existencia de contrapesos reales al poder no son debates teóricos. Son cuestiones que afectan a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, a la paz social y a la convivencia. Cuando se debilita la independencia judicial, cuando se instrumentalizan las instituciones, cuando se banaliza el lenguaje jurídico o se desprecia la labor de quienes defendemos la legalidad, lo que se resiente no es una corporación profesional: es la propia Constitución.

Como Decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, quiero afirmarlo con claridad: no cabe neutralidad ante la deslegitimación del Derecho como fundamento de nuestra vida en común. La Constitución no se agota en su texto; vive —o se deteriora— en la práctica diaria de los poderes públicos, de las instituciones y de todos aquellos que tenemos responsabilidades en el espacio público.

La abogacía desempeña, en este contexto, un papel insustituible. Somos garantes y mediadores, pero también frontera y dique frente a los abusos. Muchas veces somos los últimos en sostener el hilo de la legalidad cuando otras instancias fallan o miran hacia otro lado. De ahí deriva nuestra función social y la dignidad de la profesión, pero también una enorme responsabilidad.

En un escenario internacional en el que resurgen discursos autoritarios, se normalizan las descalificaciones a los jueces, se cuestionan las garantías procesales o se presiona a la abogacía cuando incomoda al poder, es más importante que nunca recordar que la defensa no es una concesión del sistema, sino la condición misma de su legitimidad. Allí donde un abogado o una abogada no puede ejercer con independencia, allí donde se vulnera el secreto profesional o se limita el acceso a la justicia, no solo se daña a un profesional: se resquebraja el Estado de Derecho.

Los colegios de la abogacía —y, en particular, el ICAM, como el mayor colegio de Europa— no podemos limitarnos a ser estructuras de representación corporativa. Somos y debemos ser instituciones democráticas al servicio activo de las libertades públicas. Cuando defendemos el secreto profesional, cuando reaccionamos ante vulneraciones del derecho de defensa, cuando denunciamos ataques a la independencia judicial, no actuamos movidos por un interés gremial: lo hacemos por compromiso constitucional.

En este Día de la Constitución, conviene insistir en un mensaje que no debe desgastarse por la repetición: donde no hay defensa, no hay justicia.Y donde no hay justicia, no hay democracia.

Recordar el espíritu de 1978 exige, hoy, cerrar filas en torno a nuestros valores comunes: respeto a la legalidad, separación de poderes, protección de los más vulnerables, renuncia a la descalificación institucional como arma política. La Constitución no se protege sola. Requiere instituciones firmes, profesionales comprometidos y una ciudadanía que valore las garantías por encima de las urgencias coyunturales.

Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, reitero el compromiso de esta institución con la defensa del Estado de Derecho y de los principios constitucionales que lo sostienen. Defender a la abogacía es, en última instancia, proteger los derechos de todos.

Por eso, el Colegio seguirá interviniendo —con firmeza, serenidad y vocación de servicio público— allí donde el Estado de Derecho requiera nuestra voz y nuestras actuaciones. Esa es nuestra obligación en cada día del año, pero hoy, Día de la Constitución, es también nuestro mejor homenaje a la Norma Fundamental que nos une.