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El inicio de 2026 se perfila como un momento clave para la Unión Europea en materia de insolvencia, con la previsible aprobación de la Segunda Directiva UE, que busca unificar aspectos esenciales de las normativas concursales de los Estados miembros, mejorando la recuperación de los acreedores y facilitando las inversiones dentro del mercado europeo.

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