Alvarez Abogados Tenerife
La paralización de una obra puede convertirse en una auténtica pesadilla económica para propietarios e inversores. Los retrasos injustificados, el abandono de los trabajos o las exigencias de sobrecostes no previstos pueden dejar una vivienda o una promoción a medio construir, mientras continúan acumulándose los gastos y las pérdidas. Ante esta situación, resolver el contrato con la constructora puede ser la vía para recuperar el control del proyecto, reclamar las cantidades adelantadas y exigir una indemnización. Así lo analiza Alvarez Abogados Tenerife en su blog, donde expone una estrategia jurídica para afrontar los incumplimientos graves en los contratos de ejecución de obra.
El despacho señala que uno de los escenarios más habituales se produce cuando la constructora deja de acudir a la obra, retira a sus trabajadores y maquinaria o condiciona la continuación de los trabajos al pago de cantidades adicionales que no estaban contempladas en el presupuesto inicial. En estos casos, el propietario puede encontrarse con una inversión comprometida y sin garantías de que el proyecto llegue a terminarse.
El error de actuar por cuenta propia
Una de las primeras reacciones de los propietarios cuando descubren que la obra lleva semanas paralizada es cambiar las cerraduras, sustituir los candados o impedir que la constructora vuelva a acceder al inmueble. Sin embargo, Alvarez Abogados Tenerife advierte de que esta actuación puede volverse en contra del propio afectado.
Si el propietario impide unilateralmente el acceso sin haber resuelto previamente el contrato de manera jurídicamente adecuada, la empresa podría alegar que se le ha impedido cumplir sus obligaciones. Incluso podría reclamar cantidades pendientes o defender que el incumplimiento corresponde al cliente.
Por ello, el despacho insiste en que «no puede simplemente romper un documento; debe resolverlo formalmente». La terminación de la relación contractual debe apoyarse en una causa legal y acompañarse de las actuaciones necesarias para acreditar el incumplimiento de la constructora.
El artículo 1124 del Código Civil como fundamento
La principal herramienta jurídica que destaca la firma es el artículo 1124 del Código Civil, que permite a la parte perjudicada por el incumplimiento de una obligación recíproca optar entre exigir el cumplimiento o solicitar la resolución del contrato, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos cuando proceda.
Cuando la paralización es injustificada, existe abandono de la obra o los defectos de ejecución tienen suficiente gravedad, puede plantearse que se ha producido un incumplimiento esencial que justifique la resolución contractual.
Alvarez Abogados Tenerife identifica tres objetivos principales: dar por terminado el contrato, recuperar las cantidades abonadas correspondientes a trabajos que no se han ejecutado y reclamar los daños y perjuicios ocasionados. Entre estos últimos pueden incluirse, si se acreditan los requisitos legales, los costes adicionales para contratar a otra empresa, los gastos derivados del retraso y el lucro cesante por no poder utilizar o explotar el inmueble.
Tres pasos para proteger la inversión
El despacho propone un protocolo de actuación basado en la obtención de pruebas antes de iniciar la resolución.
La primera fase consiste en documentar el estado real de la obra. Para ello recomienda recurrir a un notario que levante un acta de presencia y a profesionales técnicos, como arquitectos o aparejadores, que elaboren un informe sobre el porcentaje de ejecución, los defectos existentes y los trabajos pendientes.
En segundo lugar, plantea remitir un requerimiento formal a la constructora mediante burofax. En él se comunicaría la resolución del contrato, se solicitaría la retirada de los materiales y herramientas de la empresa y se reclamarían las cantidades que correspondan.
Por último, si la constructora se niega a abandonar la obra, devolver el dinero o asumir sus responsabilidades, el conflicto puede terminar ante los juzgados de Primera Instancia mediante una demanda civil.
La importancia de acreditar los daños
Uno de los aspectos esenciales de cualquier reclamación será demostrar el alcance del incumplimiento y cuantificar económicamente sus consecuencias. No basta con afirmar que la obra está parada: es necesario acreditar qué trabajos se han realizado, cuáles se han pagado sin ejecutarse y qué perjuicios concretos ha sufrido el propietario.
La firma destaca que «el dictamen pericial» permite determinar el estado de ejecución y aportar una base técnica para fundamentar la reclamación.
La conclusión de Alvarez Abogados Tenerife es que una obra paralizada no debe afrontarse mediante decisiones precipitadas ni negociaciones sin respaldo documental. La resolución contractual, cuando concurren los requisitos legales, puede permitir recuperar el control del inmueble y reclamar las pérdidas sufridas. La clave está en actuar con rapidez, conservar las pruebas y seguir un procedimiento que evite que el propietario termine asumiendo las consecuencias del incumplimiento de la constructora.
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