IBERJURIDICA a través de un estudio realizado con una muestra representativa suficiente deja de manifiesto que anticipándose 6 meses en su gestión el 74% de las personas hubiesen formado parte de un proceso más rápido y menos traumático. Del mismo estudio se desprende un dato alarmante, más del 91% de las personas encuestadas utilizaron créditos para poder seguir haciendo frente a gastos de subsistencia básicos, alcanzando en muchos casos niveles de endeudamiento superiores al 100% de sus ingresos.
El 91% utilizaron créditos para poder seguir viviendo
Más del 91% utilizaron créditos de familiares o entidades crediticias para poder hacer frente a gastos de subsistencia básicos como alimentos o suministros como la luz el agua o el gas. Las familias ayudan y su ayuda es de vital importancia pero en ocasiones es insuficiente y limitada. Las familias en ocasiones también son parte, pues en un porcentaje elevado de estas operaciones ellos mismos son avales, con sus bienes e ingresos.
Es importante recordar que el proceso de acogimiento a la Ley de Segunda Oportunidad con IBERJURIDICA es integral, por lo que también contempla la exoneración de los avalistas. Suponiendo este punto un importante alivio para esas familias que se encuentran sometidas en su totalidad a presión de los acreedores por en su momento, haber avalado operaciones de familiares o amigos.
El 74% agrabó su situación intentando arreglarlo sin un profesional
El 74% de las personas que formaron el estudio reconocen estériles sus esfuerzos por reconducir su situación económica al no haber contado con el apoyo financiero que esperaban de sus entidades bancarias o empresas de refinanciación de deuda, habiéndose visto abocados a un proceso de exoneración de deuda que resultará más complejo y peligroso al contar éstos con una deuda total superior a la que tenían solo 6 meses antes.
Ley de segunda oportunidad, un salvavidas solo si se gestiona a tiempo. Desde que el tribunal Mercantil de Barcelona y el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona acordasen un nuevo protocolo de actuación para acortar los plazos, empresarios, avalistas y particulares han visto como los plazos de cancelación se acortaban de forma drástica para beneficio de sus comprometidas situaciones financieras.
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