Madrid, 18 nov (EFECOM).- Dos sentencias de la Audiencia Provincial de Tarragona rechazan que la repercusión mediática de una decisión del Tribunal Supremo, en este caso varias de 2015 sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores, tenga relación con el plazo de prescripción para reclamar.
Se trata de dos fallos fechados el pasado 5 de noviembre a los que ha tenido acceso Efe, en los que la Audiencia rechaza sendos recursos de BBVA y obliga a la entidad a devolver a los demandantes las cantidades indebidamente cobradas.
El banco alegó que la cláusula no podía considerarse abusiva conforme a la legislación vigente cuando se firmó el préstamo, en 1997, además de pedir la prescripción del hecho, pero sobre todo incidía en que el plazo de prescripción debía comenzar en 2016 o 2017 por la repercusión pública de las sentencias del Tribunal Supremo sobre estas cláusulas.
La Audiencia rechaza todos los argumentos de la entidad y recalca que la publicidad de las sentencias del Supremo no inicia automáticamente la prescripción.
Los consumidores que no fueron parte en el procedimiento colectivo que dio lugar al fallo del Supremo no quedan automáticamente vinculados por él a efectos del inicio de la prescripción de su acción individual de restitución, indica la Audiencia de Tarragona.
La repercusión pública de aquella sentencia, que durante varias semanas fue ampliamente difundida en medios de comunicación y redes sociales, no demuestra que un consumidor medio conociera el carácter abusivo de su cláusula, de modo que corresponde al banco aportar pruebas concretas de que ese consumidor particular conocía la abusividad, añade.
En este punto, la Audiencia aplica la doctrina del Tribunal Supremo de junio de 2024, que indica que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios comienza, como regla general, cuando adquiere firmeza la sentencia que declara nula la cláusula abusiva.
Sólo puede comenzar antes si el banco demuestra que ese consumidor concreto conocía o podía razonablemente conocer el carácter abusivo de la cláusula, algo que no ha quedado probado en el presente caso.
Asimismo, la Audiencia considera que la cláusula imponía indiscriminadamente al consumidor todos los gastos de la hipoteca, incluidos aquellos que no le correspondía pagar o que solo debía asumir parcialmente.
Esto genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes y vulnera la ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
