Madrid, 16 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha obligado a Ibercaja a devolver más de 6.000 euros a un cliente estafado tras facilitar sus claves a un falso empleado, al entender que la devolución debe ser inmediata y corresponde al banco probar la posible negligencia del usuario, que no cabe dar por sentada.
En una sentencia fechada el pasado 27 de octubre a la que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Provincial de Zaragoza estima el recurso de un consumidor contra un fallo de julio de 2024 de un juzgado de esa ciudad.
El caso es el de un cliente de Ibercaja al que le estafaron algo más de 6.000 euros tras haber revelado las claves de acceso a su cuenta a una persona que se hizo pasar por empleado de la entidad financiera.
Ibercaja consideró que el cliente obró con negligencia al haber revelado sus claves de seguridad y datos bancarios a terceros que se hicieron pasar por gestores de la entidad.
Pero la Audiencia se remite a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de octubre, que acordó que el banco está obligado a devolver de inmediato el dinero sustraído por una operación no autorizada, como máximo al final del siguiente día hábil tras tener conocimiento de ello.
Asimismo, la Audiencia recuerda la directiva europea aplicable, que establece que un proveedor de servicios de pago no puede negarse a devolver inmediatamente el importe de una operación no autorizada bajo el argumento de que el ordenante cometió una negligencia grave.
El tribunal europeo establece un sistema similar a un "solve et repete" invertido a favor del consumidor, de modo que la entidad tiene la obligación de realizar la devolución inmediata, y es en una fase posterior donde el banco puede reclamar el reembolso probando la negligencia grave del cliente.
De este modo, la carga de la prueba recae sobre el banco, y no sobre el cliente.
Por todo ello, la Audiencia señala que no procede entrar a valorar la existencia o no de negligencia grave en este trámite, ya que impera la obligación de devolución inmediata por parte del banco.
De no ser así, explica la sentencia, no sólo se privaría al cliente del "efecto útil a la obligación de devolución inmediata al ordenante", sino que también obligaría al usuario "a tomar la iniciativa de reclamar su derecho, en su caso, ante los tribunales competentes y a soportar los consiguientes inconvenientes, en particular, las eventuales costas procesales".
