Una ley para garantizar derechos y erradicar el sinhogarismo en Cataluña
Cristina Vallejo, decana del Colegio de Abogados de Barcelona
Cataluña necesita una ley específica con las medidas para hacer frente al sinhogarismo y erradicarlo porque dormir en la calle no puede seguir siendo tratado como una anomalía inevitable ni como un problema que se gestiona únicamente con recursos de urgencia. El sinhogarismo es una vulneración extrema de derechos, la expresión más extrema de exclusión social y, al mismo tiempo, un desafío colectivo que afecta a la convivencia, la salud pública, la dignidad humana y la cohesión social. Precisamente por eso, no bastan las buenas intenciones, los planes estratégicos o las modificaciones parciales de leyes ya existentes. Hace falta una norma con rango de ley, estable, exigible y orientada a prevenir, atender y erradicar el problema.
Son cinco entidades (Comunidad de Sant’Egidio, Sant Joan de Dios Servicios Sociales, Arrels Fundación, Cáritas Cataluña y Assís Centro de Acogida) que han presentado el texto original, acompañadas del catedrático honorario de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Antoni Milian, las que plantean de forma integral soluciones al fenómeno del sinhogarismo.
La primera razón es clara: existe un vacío legal en relación con las personas sin techo y sin vivienda. Las leyes de vivienda y de servicios sociales regulan aspectos importantes, pero no ofrecen una respuesta integral a la situación específica de quien vive al raso o de quien solo evita dormir en la calle porque una administración o una entidad social le facilita un lugar cubierto donde pasar la noche. La realidad del sinhogarismo tiene características propias: afecta al empadronamiento, al acceso a la atención sanitaria, a la higiene, al transporte, a la seguridad, a la relación con el espacio público y a la posibilidad real de iniciar un itinerario hacia una vivienda estable. Si el problema es integral, la respuesta también debe serlo.
El debate público reciente confirma esta necesidad. En la reciente Tribuna de las Profesiones, la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña, representada por algunos de los colegios que trabajan directamente con las consecuencias humanas de vivir sin hogar, en particular, los Colegios de médicos, psicólogos y educadores sociales urgieron a aprobar la nueva ley para erradicar el sinhogarismo. Su diagnóstico es especialmente valioso por su trabajo diario: el deterioro de la salud física, el sufrimiento psicológico, la pérdida de vínculos sociales y las barreras administrativas que impiden salir de la exclusión. Su apoyo refuerza una idea esencial: la ley no debe ser solo una declaración política, sino un marco de medidas regladas, preventivas y dotadas de recursos.
Desde el ICAB reivindicamos que necesitamos la ley y que venga acompañada de recursos. Hemos recibido con optimismo la aprobación de Presupuestos en Cataluña y el aumento de la partida para afrontar el sinhogarismo, lamentablemente si queremos erradicarlo con medidas eficaces necesitamos más dotación presupuestaria, ésta es insuficiente. Esta afirmación conecta con uno de los puntos centrales de la proposición: los derechos no pueden quedar condicionados a la improvisación o a la discrecionalidad de cada administración. Para que la ley transforme la realidad, debe crear obligaciones claras, servicios garantizados y mecanismos de cumplimiento. De lo contrario, el riesgo es aprobar una norma bienintencionada pero incapaz de cambiar la vida de quienes duermen en la calle.
Hasta ahora, los mecanismos utilizados para revertir el sinhogarismo crónico han sido insuficientes. Los marcos de acción pueden orientar prioridades, pero no siempre generan obligaciones jurídicas firmes ni derechos subjetivos exigibles. Frente a una realidad tan grave, la protección no puede quedar al albur de programas temporales: debe convertirse en un compromiso jurídico permanente.
El objetivo principal de la ley plantea garantizar un espacio residencial digno, además de centros de baja exigencia a todas las personas que no disponen de vivienda.
Las profesiones sociales y sanitarias insisten, además, en abandonar la lógica de llegar tarde. Desde el ámbito de la educación social se reclamó dejar de actuar desde la urgencia e impulsar políticas estructurales y preventivas. Esa es precisamente una de las grandes aportaciones que debería tener la ley: pasar de apagar incendios a evitar que las personas acaben en la calle. Prevenir significa coordinar servicios sociales, vivienda, salud, justicia, protección de menores y administraciones locales; detectar antes las situaciones de riesgo; y evitar que una salida hospitalaria, penitenciaria o de un centro de protección desemboque en una noche al raso.
La dimensión sanitaria refuerza todavía más la urgencia. La presidenta del Colegio de Médicos de Barcelona, Elvira Bisbe, recordó que estar en situación de sinhogarismo reduce la esperanza de vida entre 15 y 30 años. En los hombres multiplicamos por 8 y en las mujeres multiplicamos por 12. No estamos, por tanto, ante una cuestión meramente habitacional: vivir sin hogar enferma e incrementa la mortalidad. De ahí la importancia de protocolos sanitarios claros, farmacias a coste cero, atención primaria accesible y mecanismos como los “CAP 0” para quienes no pueden acceder al padrón o no tienen centro asignado. Una ley puede convertir estas respuestas en circuitos estables, conocidos y exigibles, en lugar de dejarlas como iniciativas aisladas.
También la salud mental exige un enfoque regulado y preventivo. Las personas sin hogar suelen acumular vulnerabilidades que complican enormemente su salud mental, y que la falta de vivienda puede agravar o incluso originar esos problemas. Por eso la ley debe ayudar a reincorporar a la persona en la sociedad, facilitando participación, vínculos y protagonismo en su propio proceso. No basta con ofrecer una cama: hay que reconstruir condiciones de vida, autonomía y pertenencia y para ello debe contarse con las personas que sufren este fenómeno.
La ley también debe proteger el interés social y mejorar la convivencia. El sinhogarismo genera sufrimiento en quienes lo padecen, pero también puede provocar malestar vecinal en determinados espacios. La respuesta no puede ser desplazar a las personas sin hogar de un municipio a otro ni expulsarlas simbólicamente del espacio público. Una regulación adecuada debe impedir esas prácticas, ordenar el uso del espacio público con criterios de dignidad y perseguir la aporofobia, es decir, el rechazo y la discriminación contra las personas pobres. Combatir el sinhogarismo implica combatir también la deshumanización de quienes lo sufren.
En definitiva, Cataluña necesita una ley para hacer frente al sinhogarismo y erradicarlo porque la calle no puede ser una respuesta institucional. La ley debe servir para pasar de la emergencia a la prevención, de la asistencia fragmentada a la coordinación, y de las promesas generales a derechos garantizados. La pregunta no es si Cataluña puede permitirse una ley para hacer frente al sinhogarismo y erradicarlo. La pregunta es si puede permitirse no tenerla.