- La causa adquirió una repercusión pública añadida por la relación de Romillo con el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, después de que trascendiera la entrega de 100.000 euros por parte del empresario.
El juez José Luis Calama declara terminado el sumario de uno de los mayores procedimientos por estafa a inversores instruidos en los últimos años en España. La investigación sitúa provisionalmente el perjuicio por encima de los 185 millones de euros y cifra en 3062 las personas afectadas.
La Audiencia Nacional ha dado por concluida la instrucción judicial del denominado caso Madeira Invest Club (MIC), la causa que investiga la presunta estafa atribuida al influencer Álvaro Romillo Castillo, conocido públicamente como CryptoSpain, y a otras nueve personas.
El magistrado José Luis Calama, titular de la Plaza nº 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, dictó el 14 de septiembre un auto por el que declara formalmente concluso el Sumario Ordinario 7/2025 y acuerda su remisión a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La resolución supone un paso procesal decisivo en una causa que comenzó formalmente en octubre de 2024 y que, por el número de afectados, el volumen económico investigado, la conexidad con ciertos políticos y destacados empresarios, así como la complejidad del entramado societario y financiero examinado, se ha convertido en uno de los procedimientos por estafa de mayor repercusión pública de los últimos años.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por el despacho Aránguez Abogados contra Álvaro Romillo y Madeira Invest Club, entre otros, por hechos que inicialmente podrían ser constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental mercantil. Después de su incoación se incorporaron a la causa numerosas denuncias de otros perjudicados.
Aránguez Abogados, despacho especializado en combatir crytoestafas, ya consiguió una severa condena para los responsables del caso Arbistar, y representa a más de 15.000 clientes afectados por fraudes con criptomonedas que se están investigando en la Audiencia Nacional, como los procedimientos contra FX Winning, Nimbus o Kuailian.
Tras más de un año de diligencias de investigación, el juez dictó el 15 de diciembre de 2025 auto de procesamiento contra Álvaro Romillo Castillo y otras nueve personas.
Según la resolución judicial, existen indicios racionales de criminalidad que podrían integrar un delito continuado de estafa cualificada de notoria gravedad y con perjuicio para una generalidad de personas, en la modalidad conocida como “delito masa”, así como un posible delito de organización criminal.
Las cifras conocidas durante la investigación reflejan la extraordinaria dimensión del procedimiento. El auto de procesamiento situó el fraude investigado en más de 185 millones de euros y 3.062 inversores, e impuso a los diez procesados una fianza solidaria superior a 247 millones de euros.
Posibles penas elevadas
El propio auto de conclusión recuerda que, atendiendo a la gravedad y extensión de la presunta defraudación, la calificación jurídica contemplada durante la instrucción puede comportar penas especialmente elevadas. La resolución considera que los hechos podrían constituir una estafa hiperagravada en modalidad de delito masa y contempla igualmente la posible existencia de un delito de organización criminal.
La gravedad del caso obligó a transformar las diligencias inicialmente incoadas en sumario ordinario, procedimiento reservado a delitos para los que pueden corresponder penas especialmente graves. El propio Poder Judicial informó en noviembre de 2025 de que la investigación afectaba a más de 3.000 inversores y superaba provisionalmente los 185 millones de euros.
La relevancia económica de Madeira Invest Club había suscitado además la atención de los organismos supervisores con anterioridad a la apertura de la causa penal. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incluyó a Madeira Invest Club en su listado de entidades advertidas y no autorizadas el 22 de mayo de 2023.
Durante la instrucción se acordó asimismo la apertura de una pieza separada para investigar los hechos relacionados con el presunto blanqueo de capitales, investigación que discurre separadamente, y en la que Aranguez Aabogados también está personada como acusación.
La causa adquirió una repercusión pública añadida por la relación de Romillo con el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise Pérez, después de que trascendiera la entrega de 100.000 euros por parte del empresario. Esa circunstancia ha generado otras actuaciones judiciales, distintas del objeto principal del procedimiento Madeira Invest Club.
No obstante, Calama se inhibió en la investigación de un presunto fraude fiscal del IRPF cuyo importe ronda el millón de euros, que investigará un juzgado madrileño.
Mediante la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica, Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.
Un entramado bien organizado
El objeto de Madeira Invest criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable.
Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20 %, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.
Dicha organización criminal cuenta, al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia,Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia).
El auto conocido ahora constata que el juez instructor considera practicadas las diligencias necesarias y, al amparo del artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declara terminado el sumario.
La causa será remitida a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la que deberán comparecer las partes personadas. A partir de este momento corresponderá a la Sala examinar la conclusión del sumario y adoptar las resoluciones procesales que procedan hasta determinar, en su caso, la apertura del juicio oral.
La conclusión de la instrucción representa, por tanto, uno de los hitos procesales más importantes desde que la Audiencia Nacional abrió la investigación en octubre de 2024 y acerca a la fase de enjuiciamiento a uno de los mayores fraudes de la historia criminal española del Siglo XXI.
