- La decisión del Govern de extender la limitación parece tener más de improvisación que de revisión efectiva. “Lo que pretende ser un golpe en la mesa, es en realidad una maniobra populista”, critica Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
- La abogada cree que la ampliación contempla “un mercado muy residual, donde abundan las ubicaciones costeras y el alquiler turístico”. Sobre la equiparación del temporal con el residencial en términos regulatorios, Goenaga opina que “la penalización por tener viviendas vacías será la próxima vuelta de tuerca”.
Con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, las promesas electorales se multiplican. En plena campaña, los políticos tratan de rascar votos con la vivienda como telón de fondo. La última propuesta del partido de Pere Aragonès, actual President de la Generalitat de Catalunya, ha sido ampliar las zonas tensionadas con el fin de regular las rentas de alquiler. De este modo, a los 140 municipios que actualmente ostentan esta clasificación, se les sumarían 131 más.
La decisión de extender la limitación parece tener más de improvisación que de revisión efectiva. “Lo que pretende ser un golpe en la mesa para mejorar la accesibilidad a la vivienda, es en realidad una maniobra populista que apenas tendrá repercusión”, critica Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
Sobre el papel, la actualización del Govern dobla el número de localidades donde las mensualidades tendrán limitadas las subidas, pero en la práctica, si el 80% de la población ya habitaba en mercados tensionados, ahora afectará al 90%. “Hablamos de un mercado muy residual, donde abundan las ubicaciones costeras, enclaves donde el alquiler turístico o vacacional, ajeno a esta regulación, supera con creces al residencial”, apunta Goenaga.
Guerra al alquiler de temporada
Hasta ahora, la respuesta de los propietarios había sido, según la letrada, “tratar de sortear la ley recurriendo al alquiler temporal”. Esta maniobra también tiene los días contados: el Govern se ha propuesto que esta tipología también se someta a los límites del residencial, tipificando infracciones y sanciones para los propietarios que no especifiquen la finalidad del alquiler en el contrato.
“Recurrir a la picaresca ha sido el último recurso de muchos particulares que veían como el coste de la vida subía, mientras que inmuebles en los que habían invertido sus ahorros apenas les daban rendimiento”, considera Goenaga.
En última instancia, Goenaga opina que, “cuando se acaben los agujeros legales a los que aferrarse, la oferta menguará irremediablemente porque muchos optarán por retirar sus pisos”. Es por ello que la abogada advierte que “la penalización por tener viviendas vacías será la próxima vuelta de tuerca”.
Ahuyentar a la inversión
Desde el punto de vista jurídico, Goenaga subraya que “nos movemos en la incertidumbre”. Así, sobre la resolución por la que se determinaron los primeros municipios tensionados, aún cabe recurso de alzada. “Esta inseguridad está alejando a los inversores, que están vendiendo sus activos, al tiempo que los que pensaban traer su capital a España, no lo hacen porque el excesivo celo regulatorio resta atractivo a sus planes de negocio”, sentencia la abogada.
