Ante el aluvión de reclamaciones que recibe esta institución ahora presidida por Concepción Campos, los expertos reclaman q tenga más medios y un régimen sancionador que disuada a la administración.
Derecho a saber frente a hermetismo. Los ciudadanos quieren saber cuestiones relacionadas con su administración más cercana y ante la negativa, acuden al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que en algunas ocasiones le dan la razón. Solo en este primer semestre del año se presentaron 1758 resoluciones ante esta entidad, un 60% más que en el 2025.
De ellas, 1.211 expedientes corresponden a reclamaciones frente a los ministerios y entidades públicas estatales. El resto de las reclamaciones recibidas (547 expedientes) se presentaron frente a las Administraciones, organismos y entidades de ámbito autonómico y local de las comunidades autónomas que han atribuido al Consejo el ejercicio de la competencia en esta materia mediante el correspondiente convenio. En 2025 según recoge la Memoria de Actividad de la institución, se recibieron 2.767 reclamaciones, un 40% más que el ejercicio anterior.
"El crecimiento sostenido de reclamaciones presentadas ante el Consejo confirma el afianzamiento de la cultura de transparencia en la ciudadanía, pero evidencia también una realidad ineludible: la función de garantía que realiza el Consejo del derecho a saber, clave en democracia, no puede sostenerse indefinidamente con los medios actuales. Garantizar el derecho de acceso en plazo y con calidad exige una dotación de recursos acorde al volumen real de trabajo", afirma la presidenta del CTBG, Concepción Campos , recién aterrizada en este cargo
Además, recuerda Campos, la complejidad material de los expedientes también va en aumento, con la progresiva aparición de nuevas demandas de información pública por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, y su creciente uso por parte de la Administración. A su juicio la entidad debe reforzar su plantilla y recursos, congelados desde el 2023, para seguir siendo eficiente.
Jose Ramón Chaves, segundo por la izda con Concepcion Campos en un evento cree el Consejo de Transparencia requiere reformas importantes para ser efectivo. En la imagen aparece junto a otros expertos como Miguel Ángel Montejano de Universitas XXI, Óscar González Benito (Fundación USAL) y Antonio Arias, economista y doctor en Derecho, impulsor del blog fiscalización.es (Imagen blog fiscalización.es)
El Consejo necesita potestad sancionadora
José Ramón Chaves, magistrado de lo contencioso del TSJ de Asturias, en su blog DelaJusticia.com analizó la incorporación de Campos al CTBG. Desde su punto de vista, cree que es una jurista preparada para afrontar este reto de dirigir este organismo. A su juicio, el Consejo de Trasparencia es una institución crucial para atajar la opacidad que debería trabajar en dos planos. Uno a nivel preventivo “, hay que educar institucionalmente a autoridades y funcionarios del deber de informar en plataformas y voluntariamente o de oficio, para evitar las reclamaciones. Ser conscientes de que con transparencia se gestiona mejor y la población lo agradece”.
Y en el plano reactivo “el Consejo no tiene potestad sancionadora, solo cabe mirar a las soluciones del entorno europeo. Ahí están Dinamarca o Portugal donde imponen unos breves plazos de menos de diez días para que se cumpla con la información peticionada por el particular”.
Para este jurista, “si no se entiende ese lenguaje amistoso, pues solo cabe que la Ley 19/2013 se modifique para contemplar medidas punitivas efectivas frente a la contumaz resistencia a facilitar información, como la inhabilitación temporal o suspensión de funciones de la autoridad o funcionario. O incluso como en Italia, donde si se incumplen los requerimientos del Consejo para facilitar información, se contemplan las multas por día a la autoridad requerida hasta que se consiga”.
Este jurista plantea alguna medida punitiva que cree que sería radicalmente efectiva “No se trata de matar pájaros a cañonazos como hace la ley polaca, que establece la responsabilidad penal por denegar información o retrasar deliberadamente el facilitarla. En nuestro ámbito, bastaría con que el Consejo adoptase el acuerdo declarando formalmente el reiterado incumplimiento de la resolución que declara el derecho de acceso a información, en relación con la concreta Administración responsable, y consiguientemente se declarase la prohibición de gasto o disposición del crédito del servicio público afectado por la opacidad, hasta que se solventase, velando los servicios de intervención por su cumplimiento.”.
Chaves es partidario de una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para establecer un procedimiento sumario especial para garantizar la transparencia mediante recurso presentado directamente por el Consejo frente a la Administración pública resistente. “Es similar al vigente procedimiento para la garantía de unidad de mercado, previsto en el Capítulo IV, del Título V de la LJCA. Un procedimiento contencioso-administrativo que puede iniciarlo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. En el caso de la transparencia, el procedimiento sería sumario y rapidísimo, y supondría un gran apoyo a la labor y autoridad del Consejo. Su efecto podría ser demoledor”.
Jose Ramón Chaves, lo tiene claro “frente a los datos estremecedores, no cabe la política del avestruz. Algo hay que hacer si nos tomamos en serio la transparencia pública, porque detrás del derecho a conocer está el derecho a mejorar la administración y controlarla”,
Por Borja Adsuara sabemos que la sentencia de la Sala Tercera del Supremo, sobre el caso Bosco que obliga al Gobierno a dar el código fuente del bono social aun no se ha ejecutado (poder judicial)
La IA puede apoyar al Consejo de Transparencia
Borja Adsuara, abogado y activista digital, avanza que en los próximos días del mes de septiembre habrá un evento en el CGAE sobre transparencia y la futura ley orgánica de IA, ahora en proyecto de ley, pero que de momento no establece ningún régimen sancionador para los reguladores en el caso del mal uso de esas herramientas “La ley de transparencia tiene mucho que ver con la transparencia algorítmica”, indica A su juicio no es de recibo que una sentencia como el caso BOSCO del Supremo que obliga a la administración a dar datos sobre el bono social aún no se haya ejecutado.
Este jurista revela el talante proactivo de Concepción Campos, con lo cual se ha topado con las carencias de sus antecesores, pocos medios y falta de recursos para que el Consejo de Transparencia haga su trabajo de forma eficiente “Le falta como elemento disuasorio el régimen sancionador que esta normativa de transparencia carece el mismo. En este sentido si contara con un sistema de IA podría rastrear los datos que necesitase, sin necesidad de perseguir a otras entidades. la Agencia Tributaria o la DGT”.
En su opinión, la futura ley de secretos oficiales debería ser mucho menos restrictiva de lo que se plantea. De esta forma considera que el criterio de actuación de la administración pública, como su propio nombre indica, es la publicidad, salvo las materias expresamente declaradas secretas por el Consejo de Ministros. Tenemos derecho por ello a conocer todos los datos de la administración pública. El dato es público, si no nos lo dan tendrían que justificar esa decisión”, apunta.
En su opinión, la administración puede utilizar los datos de la administración para hacer sus, informes, pero tiene que tener accesibles los datos en bruto para que cualquier ciudadano puede hacer su composición de lugar. Esa es la verdadera transparencia, lo otro es eso es maquillaje. “Desde el Covid hemos ido a peor en estos temas. Hay estudios que señalan que frente a los bulos que propagan los gobiernos la transparencia es la solución a esta cuestión”. advierte
El Consejo necesita más medios
Po su parte, Miguel Ángel Blanes, Doctor en Derecho y experto en transparencia, desde su blog de transparencia y buen gobierno ha seguido de cerca la actividad de esta entidad y ve un acierto la elección de Campos al frente de Transparencia. En su opinión “ El progresivo crecimiento de las reclamaciones en materia de transparencia debe llevar aparejado un correlativo aumento de los medios personales para poder afrontar dicho incremento del trabajo. De lo contrario, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) no podrá resolver en el plazo máximo de 3 meses y se producirán importantes retrasos. Una institución sin medios pierde su independencia y su utilidad”.
“En mi opinión, el aumento de las reclamaciones se debe a varios factores: por un lado, el mayor conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la existencia del CTBG y del derecho de acceso a la información pública. Con la IA se hacen escritos notables , de gran calidad jurídica en tan solo unos segundos y sin necesidad de ser experto en la materia. Es evidente que Transparencia podría utilizar esas herramientas, para incrementar su productividad y no incurrir en retrasos. Esa utilización siempre deberá ser supervisada y revisada por el personal del CTBG”, comenta
Blanes es consciente que por otro lado, el aumento de las reclamaciones ante el CTBG evidencia un incremento de la falta de transparencia de las entidades públicas supervisadas. Un elevado porcentaje de las reclamaciones son estimadas, lo que evidencia la falta de fundamento de la negativa administrativa a facilitar la información pública solicitada. La Administración impide el acceso a la información o simplemente no contesta para ganar más tiempo y retrasar al máximo la entrega de la información.
A su juicio, “esta deliberada estrategia dilatoria se reduciría mucho si el CTBG pudiera imponer sanciones, no a la correspondiente Administración pública, sino al patrimonio personal de la autoridad o funcionario responsable. Es necesario modificar la Ley de transparencia para otorgar al CTBG este poderoso instrumento de disuasión”.
Para expertos como Miguel Angel Blanes y Germán Teruel entidades como el Consejo de Transparencia deben contar con un régimen sancionador que ayude a cumplir sus resoluciones. En la imagen, Concepción Campos y su equipo reunidos con la AIPI de Manuel Villoria, presidente e Ignacio Saez, director de Gabinete de esta institución ( Imagen cedida por la AIPI)
Transparencia es un eje democrático
German Teruel, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Murcia, es el director del Informe Parlamento de la Fundación Hay Derecho, avanza que el próximo mes de septiembre esta entidad presentará un nuevo informe sobre el Estado de Derecho con datos claves que señalan su deterioro progresivo. A su juicio, “La transparencia es un elemento clave porque facilita la participación, de los ciudadanos en los asuntos públicos, y al mismo tiempo es un elemento de rendición de cuentas, sobre todo en el ámbito de la anticorrupción, tienen que conocer lo que está sucediendo, lo que se está gestionando. Sin transparencia es imposible ejercer ese control al poder”.
En este escenario este experto reconoce clave el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que puso en marcha Esther Arizmendi que poco antes de fallecer mandaba una carta póstuma para animar a que esta entidad siguiera funcionando “El Consejo necesita medios y la herramienta jurídica para velar por el cumplimiento de sus decisiones. El grado de cumplimiento de las resoluciones del Consejo podría ser más elevado del que es, pero la entidad no tiene órgano sancionador que obligue a cumplir esa resolución. Se trataría de tener esa potestad para que se cumplan sus resoluciones sin acudir a la vía contenciosa administrativa”.
En su opinión la llegada de Campos al CTBG es el momento ideal para asumir esas competencias. Su actividad en estos meses está siendo muy activa con reuniones con todas las administraciones y principales entidades locales. Las últimas como la Federación Española de Municipios y Provincias y también con la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI) para ver vías de colaboración“ hay tres instituciones claves con profesionales solventes en la actualidad como la AIPI de Manuel Villoria; la AEPD con Lorenzo Cotino como nuevo presidente y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con la propia Concepción Campos. Es importante que tengan los medios adecuados para hacer su trabajo”, apunta
Para este jurista, la reforma de la ley de Secretos oficiales, algo que demanda también la UE es necesaria, “se trata de delimitar lo que es secreto oficial para evitar que se caiga en la opacidad por sistema. En una democracia, como la nuestra todo debe ser transparente y solo determinados asuntos habría que sustraerlos a ese interés general. Como antes indiqué la participación ciudadana y sobre todo, democracia supone rendición de cuentas y control al poder, y eso presupone transparencia, lo que genera que el ciudadano confié en sus instituciones”.
