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Madrid, 17 nov (EFE).- La Abogacía del Estado ha trasladado al Tribunal Supremo que de los 163.355 nacionalizados por la ley de nietos finalmente serán 113.326 los que no podrán votar el 29N.

Los servicios jurídicos del Estado han remitido a la Sala de lo Contencioso un escrito en el que dan cuenta del informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística-Oficina del Censo Electoral en el que actualiza la cifra final de afectados por la medida cautelar del alto tribunal, que acordó la suspensión de su derecho al voto.

Tras analizar la información facilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que contenía 163.355 registros de nacionalizados por esta norma, la Oficina del Censo Electoral reduce a 113.326 los afectados por la suspensión.

Así, del listado de nacionalizados, se excluyeron 9.707 registros correspondientes a menores de edad o cuya adquisición de la nacionalidad es posterior a la fecha de cierre del censo electoral, por lo que el listado se fijaba a partir de 153.648 electores.

Pero, explica el escrito, "como resultado de las comprobaciones realizadas, se identificaron 117.723 registros en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA)", sin dar detalles de qué ocurre con esas 35.000 personas que no aparecen en ese censo.

Ahora bien, a partir de esa cifra, se comprobó que de los 901 que sí tenían certificado de exilio, 729 estaban inscritos en el CERA, por lo cual el número baja a 116.994 personas.

Y luego, "tras las oportunas comprobaciones a fin de depurar posibles duplicidades" así como aquellos que estaban inscritos en el CERA antes de la ley de nietos, el número final de electores inscritos que no podrán votar es de 113.326 personas.

Al respecto, Iustitia Europa ha anunciado que enviará un informe al Supremo para señalar, entre otras cosas, que el INE explique la situación censal de los 35.925 registros no localizados en el CERA (de la cifra de 117.723 inscritos antes de depurar duplicidades).

Y, además, que se identifiquen los posibles traslados del CERA al Censo Electoral Nacional, es decir, las personas que obtuvieron la nacionalidad por la norma pero que se trasladaron a vivir a España.

Esto es así porque el Supremo ha dado de plazo hasta este jueves a las 15.00 para que las partes formulen alegaciones al escrito del INE.