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Un juzgado de Madrid ha imputado a un fondo de inversión por presunto acoso inmobiliario hacia los vecinos de un edificio ubicado en la calle Tribulete 7, en el barrio de Lavapiés.

Una decisión judicial que merece la pena comentar. Puede convertirse en un precedente para futuros casos relacionados con grandes propietarios inmobiliarios con prácticas destinadas a forzar la salida de esos inquilinos que les impiden comercializar con las viviendas.

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