“Es fundamental el contacto con el interno”, ha subrayado Puerto Solar, jurista de Instituciones Penitenciarias. “Digitalización sí, pero no hay que perder los encuentros humanos dentro de la prisión, tanto para los profesionales como para las personas privadas de libertad”, ha destacado. Por eso, considera que “está muy bien introducir la tecnología en prisión, pero nos tenemos que parar a pensar qué tipo de tecnología y para qué”. Aunque también ha señalado que estas tecnologías ofrecen a los internos con la familia lejos o que favorece su socialización y reinserción.
Carlos García Castaño, vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, sabe que algunas aplicaciones de las nuevas tecnologías en prisión, como las entrevistas por videollamadas, son imparables, pero “me resisto a que todas las entrevistas sean por videoconferencias. Hay que ir a la prisión. Instituciones Penitenciarias tiene que sentir que la abogacía está físicamente al lado de sus clientes”.
Marcos Baras, jurista de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha destacado los beneficios de herramientas como las videollamadas, que favorece que los internos puedan tener una cierta relación con el exterior, pero también advierte de los peligros de su abuso: que se pierda el contacto humano y los riesgos para la seguridad. Sí considera positiva la videovigilancia penitenciaria, porque ofrece garantías tanto para personas presas como para los trabajadores.
Discapacidad intelectual en prisión
También se ha tratado la discapacidad intelectual en prisión. Una de las conclusiones de los ponentes en esta mesa ha sido la falta de diagnóstico de esta condición durante casi todas las fases del proceso judicial. Igualmente han reivindicado la importancia de la figura del facilitador, que como ha explicado Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión España, es la figura que “se encarga de determinar las necesidades de apoyo para que la persona comprensa el proceso y los ajustes que hay que realizar en este sentido”. Son figuras que van dirigidas a personas con discapacidad con dificultades de comunicación y comprensión.
Respecto a los ajustes en procedimiento, no pueden realizarse de forma generalizada para un tipo de discapacidad o para cada procedimiento, sino que tienen que ser individualizadas, ha explicado De Araoz.
Rebeca Arce, coordinadora de Acceso a la Justicia de Plena Inclusión Castilla-La Mancha ha explicado las distintas barreras que se pueden encontrar las personas con discapacidad en un juicio y qué apoyos y adaptaciones pueden tener. Ha insistido en la importancia de la accesibilidad cognitiva (lectura fácil, edificios adaptados a la comprensión) para las personas con discapacidad intelectual.
Esta mesa ha contado con la participación de Diego, experto por experiencia de Plena Inclusión, que ha contado su experiencia como persona con discapacidad intelectual en dos procedimientos judiciales y la diferencia que vivió entre uno y otro por la implicación distinta que tuvieron los respectivos abogados.
Además, en la jornada de hoy se ha abordado la problemática del colectivo LGTBI en prisión, explicando las discriminaciones que sufren y cómo ha evolucionado la normativa del reconocimiento del colectivo trans en las prisiones.
Sobre salud mental, se han celebrado dos talleres prácticos, uno sobre largas condenas y otro sobre el suicidio en prisión, en el que los asistentes han debatido en grupos de trabajo sobre diversas cuestiones de estos temas.
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