- La custodia compartida alcanzó el 50,8% en 2025, pero el Código Civil sigue sin regular expresamente la atribución del uso de la vivienda en estos casos.
- La vicedecana Isabel Winkels advierte de las disfunciones legales que siguen afectando a las familias y reclama reformas para adaptar la legislación a su realidad actual, corregir las desigualdades territoriales en la especialización judicial y eliminar los obstáculos derivados de los MASC.
- La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones, Paloma Zabalgo, alerta de que el encarecimiento de la vivienda en Madrid agrava los conflictos tras las rupturas y dificulta que las familias puedan sostener dos domicilios.
La custodia compartida ya es mayoritaria en los divorcios con hijos en los que debe decidirse sobre su guarda, pero la legislación sigue sin ofrecer una regulación específica sobre una de las cuestiones que más conflictos genera tras una ruptura: el uso de la vivienda familiar. Esta distancia entre la evolución de la realidad familiar y las previsiones del Código Civil ha sido una de las principales disfunciones señaladas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el balance de su II Congreso de Familia y Sucesiones, celebrado durante los días 5 y 6 de noviembre.
La vicedecana del Colegio, Isabel Winkels, ha reclamado una actualización legislativa que permita corregir las deficiencias que todavía afectan a los procedimientos de familia, infancia y capacidad, especialmente cuando la falta de previsiones normativas específicas obliga a los tribunales a resolver mediante criterios jurisprudenciales situaciones cada vez más frecuentes.
Uno de los ejemplos más evidentes es la custodia compartida. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 este régimen se acordó en el 50,8% de los divorcios entre cónyuges de diferente sexo en los que se decidió sobre la custodia de hijos menores, frente al 49,7% del año anterior. Sin embargo, el artículo 96 del Código Civil, que regula la atribución del uso de la vivienda familiar tras la ruptura, no contempla expresamente una solución específica para los supuestos de custodia compartida.
La vivienda familiar, entre la falta de regulación y el encarecimiento del mercado
Winkels ha señalado que esta falta de adaptación normativa resulta especialmente problemática en una materia en la que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha tenido que ir estableciendo criterios para resolver situaciones que no encuentran una respuesta expresa en la legislación. La atribución del uso de la vivienda familiar constituye uno de los principales focos de controversia, tanto por su vinculación con los regímenes de guarda y custodia como por las consecuencias patrimoniales para los progenitores.
La relevancia de esta problemática ha llevado al Congreso a dedicar una de sus sesiones a examinar, desde dos instancias judiciales y el Tribunal Supremo, las dificultades que plantea la atribución y extinción del derecho de uso de la vivienda familiar. Magistrados y especialistas han analizado las soluciones jurisprudenciales aplicables a estos conflictos mediante la resolución de un caso práctico, poniendo de manifiesto la complejidad de una cuestión en la que confluyen los derechos de los menores, las necesidades habitacionales de los progenitores y la titularidad de los inmuebles.
A esta dificultad jurídica se suma una realidad económica que está agravando las consecuencias de las rupturas familiares. La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del ICAM, Paloma Zabalgo, ha advertido de que el incremento de los precios de compra y alquiler en Madrid está complicando especialmente las situaciones de custodia compartida, que requieren organizar la convivencia de los hijos entre dos hogares.
"Tenemos un verdadero problema en este momento porque en Madrid han subido sustancialmente tanto los alquileres como los precios de compra de las viviendas", ha señalado Zabalgo, quien ha advertido de las dificultades que supone para muchas familias asumir el coste de dos domicilios después de una separación o divorcio. "Y eso no es sostenible ante un divorcio", ha afirmado.
Según ha explicado, esta situación está trasladando a los juzgados nuevos conflictos relacionados tanto con la atribución inicial de la vivienda como con la extinción del derecho de uso. Una problemática que evidencia cómo las dificultades de acceso a la vivienda se proyectan directamente sobre los procedimientos de familia y obligan a buscar soluciones jurídicas para situaciones que afectan a la estabilidad económica y personal de los progenitores y de sus hijos.
Reformas pendientes y nuevas necesidades de protección
Las dificultades relacionadas con la vivienda forman parte de una problemática más amplia que, según ha señalado Winkels, exige revisar distintos aspectos de la regulación del Derecho de Familia.
Entre las reformas pendientes, la vicedecana ha vuelto a situar la extensión de la especialización judicial en familia, infancia y capacidad a todo el territorio nacional. Aunque la implantación de los Tribunales de Instancia ha supuesto avances en el reconocimiento de esta especialidad, persisten diferencias territoriales que determinan que los ciudadanos puedan acceder o no a órganos judiciales especializados en función de su lugar de residencia.
Otra de las cuestiones que continúan generando dificultades es la obligatoriedad de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) en determinados procedimientos de familia. Winkels ha reiterado que este requisito está provocando dilaciones e inseguridad jurídica que pueden perjudicar especialmente a los menores y a las personas en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha recordado el compromiso del Colegio de seguir reclamando su supresión en los procedimientos afectados, una reforma cuya tramitación parlamentaria quedó interrumpida por la convocatoria electoral.
Frente a estas deficiencias, la vicedecana ha defendido la necesidad de impulsar cambios legislativos que acompasen la regulación con las necesidades reales de las familias y con los criterios que están desarrollando los tribunales. Desde el Colegio, ha afirmado, "seguiremos impulsando la modificación legislativa precisa para corregir cada una de las disfunciones que siguen operando en el derecho de familia, infancia y capacidad".
Especialización y prevención: otros desafíos del Derecho de Familia
El Congreso también ha puesto de relieve la importancia de anticipar determinadas situaciones jurídicas para evitar conflictos futuros, especialmente en el ámbito de la discapacidad y el envejecimiento.
En este sentido, Winkels ha destacado la necesidad de promover instrumentos como los poderes preventivos y las medidas voluntarias de apoyo, que permiten a las personas establecer anticipadamente quiénes desean que les presten asistencia y cómo quieren que se articulen esos apoyos si en el futuro los necesitan.
La vicedecana ha subrayado asimismo la creciente complejidad de los procedimientos familiares con elementos internacionales, que exige un conocimiento especializado de las normas de Derecho internacional privado, los convenios internacionales y los criterios para determinar la competencia judicial y la legislación aplicable en cada caso.
