El Colegio de la Abogacía de Madrid ha celebrado este martes un debate sobre los desafíos legislativos más inminentes en materia de justicia con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
La presencia en el ICAM de María Jesús Moro (PP), Joaquín Martínez (PSOE), Javier Ortega Smith (VOX), Enrique Santiago (SUMAR) y Mikel Legarda (EAJ-PNV) ha permitido al decano Eugenio Ribón trasladar a las fuerzas políticas las propuestas de la abogacía madrileña a los numerosos proyectos legislativos que encaran la recta final de su tramitación parlamentaria y supondrán una transformación importante de la Justicia en España.
Además, ha compartido la preocupación del mundo jurídico ante el impacto que la futura ley amnistía podría tener en el Estado de derecho, avanzando un próximo viaje a las capitales comunitarias para trasladar su inquietud a las distintas instituciones europeas.
“Quiero aprovechar la oportunidad que este foro nos brinda para anunciar que, durante esta semana, una delegación de la Junta de Gobierno se dirigirá a Bruselas y Luxemburgo con el propósito de sostener encuentros con diversas instituciones europeas. En el transcurso de estas reuniones, presentaremos nuestras preocupaciones acerca de una potencial infracción al Derecho de la Unión Europea. Nos referimos, en particular, a la seguridad jurídica, la independencia del poder judicial y la igualdad ante la ley, principios que el artículo 2 del Tratado consagra”, ha informado Ribón.
Solución para los mutualistas
Entre los diferentes retos que conforman la agenda legislativa de la presente legislatura, el decano del ICAM ha hecho hincapié en uno que concierne de manera muy significativa a los profesionales de la abogacía: la regulación de un paso al régimen de la Seguridad Social para los mutualistas que así lo deseen, entre otras medidas para garantizar unas prestaciones de jubilación dignas para los profesionales jurídicos.
Una problemática en la que el Colegio de Madrid ha venido trabajando intensamente en el último año para denunciar la situación de precariedad que enfrentan los abogados en el momento de su jubilación y proponer soluciones concretas y factibles.
Desde el primer momento, el ICAM señaló la necesidad de una reforma legislativa que facilite una transición al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), siendo el primer Colegio en emitir una declaración institucional de apoyo a los afectados. En este tiempo, el decano y la Junta de Gobierno han impulsado numerosas acciones, desde reuniones con los responsables de política de justicia y fiscalidad de los grupos parlamentarios hasta la presentación de una proposición no de Ley ante el Congreso y la Asamblea de Madrid.
Además, con el ánimo de facilitar una reforma solución legislativa que solvente de manera definitiva las problemáticas en torno a las pensiones de jubilación dentro del sector legal, el ICAM ha encargado a la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, la elaboración de un marco normativo que ofrezca al legislador español una propuesta técnico-jurídica viable.
Una solución que pasa necesariamente, según ha explicado el decano, por facilitar el tránsito voluntario al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los mutualistas alternativos, “especialmente aquellos que enfrentarán prestaciones de jubilación por debajo del umbral de subsistencia y dignidad”, manteniendo un equilibrio que proteja los intereses de los miles de mutualistas que, ya sea como alternativos o no, han invertido y contribuido significativamente a la Mutualidad, superando los mínimos requeridos.
En este sentido, del decano madrileño ha reclamado el apoyo de los grupos parlamentarios a una solución normativa que abre “una ventana excepcional hacia el logro de acuerdos sustanciales que favorezcan el bienestar colectivo”, recordando a los legisladores que tienen en su tejado “la enorme responsabilidad” de estar a la altura de ese reto.
Desafíos legislativos en materia de Justicia
Respecto a los proyectos legislativos que encaran la recta final de su tramitación parlamentaria, el decano se ha referido entre otros a la ley del derecho de defensa o a las reformas de eficiencia procesal y digital, cuya aplicación tendrá un alto impacto tanto en la ciudadanía como en los profesionales jurídicos.
Sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, Ribón ha recordado las enmiendas presentadas el mes de marzo a todos los grupos parlamentarios para que la norma atienda realmente a las demandas de la sociedad. Entre estas medidas, destaca la necesidad de apuntalar el secreto profesional, ampliando este derecho a la abogacía de empresa, y el amparo colegial, instrumento que garantiza y protege la actuación de la abogacía frente a cualquier interferencia, abuso o coacción.
Además, en la norma que salga de las Cortes debe jugar un papel fundamental la abogacía de oficio, pues “no hay derecho de defensa ni acceso universal a la justicia sin abogacía de oficio”. En ese sentido, se aboga por una reforma integral de la Ley de Justicia Gratuita que reconozca de manera inmediata el beneficio de justicia gratuita para la defensa de personas jurídicas en procedimientos penales cuando la designación de profesionales se produzca a requerimiento judicial.
Igualmente, se considera prioritario garantizar el pago a los profesionales por todos los servicios prestados, la inclusión de actuaciones específicas y actualización de baremos, la voluntariedad en la prestación del servicio y la revisión de los límites económicos para el acceso a la justicia gratuita.
Desconexión digital y transparencia
El decano del ICAM se ha referido también a la tramitación del proyecto de ley derivado del Real Decreto Ley 6/2023, que recoge normas decaídas en la anterior legislatura como las de eficiencia procesal y digital del servicio público de justicia. Una iniciativa que supone “una oportunidad única para revitalizar nuestro sistema judicial, haciéndolo más eficaz e innovador, sin descuidar la conciliación laboral de los profesionales jurídicos y el funcionamiento adecuado del sistema”.
En este ámbito, desde la abogacía madrileña se apuesta por enfocar los esfuerzos legislativos para promover una desconexión digital efectiva, de manera que los letrados puedan contar con 30 días de descanso al año sin recibir notificaciones, así como en la improrrogabilidad de los plazos, otro caballo de batalla de la abogacía para que se incluyan circunstancias como el nacimiento, la hospitalización o el fallecimiento de parientes.
Igualmente, para el ICAM es imprescindible proteger los derechos e intereses de la abogacía en los procesos de contratación pública y dotar de transparencia y claridad en la información a los clientes en materia de honorarios profesionales.
Tribunales especializados en infancia, familia y discapacidad
También ha compartido el decano la preocupación de la abogacía respecto al proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que regula los métodos alternativos o adecuados de solución de controversias e introduce conceptos que generan inquietud como el de “posible abuso del servicio público de Justicia”.
De cara a la tramitación de esta norma, para la abogacía madrileña es esencial estipular que los futuros Tribunales de Instancia incluyan obligatoriamente una Sección de Infancia, Familia y Capacidad con magistrados especializados. Una medida destinada a garantizar que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso a jueces especializados en temas de gran sensibilidad y creciente complejidad.
Finalmente, Eugenio Ribón ha avanzado que la abogacía de Madrid contribuirá con sus aportaciones a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que trabaja el Gobierno.
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