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Defender los derechos humanos en Filipinas se ha convertido en una actividad de riesgo que puede costar la vida. La abogada y activista de derechos humanos Czarina Musni lo sabe bien, y por eso tuvo que salir de su país hacia Europa, tras recibir reiteradas amenazas por su actividad.

“En Filipinas, cualquiera que hable sobre derechos humanos es automáticamente etiquetado como ‘rojo’ (‘red tagging’), y de esta manera te vinculan con el partido comunista filipino, que ha sido designado como terrorista. Por tanto, si nos vinculan con un partido terrorista, nosotros somos también considerados terroristas”, explica.

Tras haber pasado por Holanda, Musni se encuentra en España desde el mes de marzo, acogida por la Asociación Catalana por la Paz (Associació Catalana per la Pau) y recientemente realizó una visita al Consejo General de la Abogacía y su Fundación, que también cuenta con programas de protección de defensores de derechos humanos amenazados.

Musni relata que la situación en su país es cada vez más insostenible: “Etiquetar es el primer paso a ataques contra personas u organizaciones, ya sea en forma de espionaje, acoso o con acusaciones falsas contra ellos de asesinato, secuestro, robo… Vemos nuestros nombres, los de nuestras organizaciones, nuestras fotos… en panfletos que se distribuyen por la ciudad y que se publican en medios. Y todo esto puede acabar en asesinatos sumarios, una ‘etiqueta roja’ es una amenaza de muerte virtual”. Por el momento, entre 2016 y 2021 se han registrado 147 ataques directos contra activistas defensores de derechos humanos, y de ellos, 84 son abogados que se dedican a estas causas.

La situación de Filipinas ha sido denunciada incluso por la ONU, pero por el momento no solo no mejora, sino que estos ataques están erosionando el estado de derecho filipino. “No se trata únicamente de un ataque a nuestra seguridad y libertad personal, sino también a toda la profesión, porque con estos ataques muchos abogados rechazan llevar casos de derechos humanos, por miedo a las represalias”, relata Musni. “El Estado debería garantizar el ejercicio de nuestra profesión sin amenazas, pero así se niega el derecho de las personas más vulnerables a acceder a asistencia legal”.

La falta de abogados que quieran hacerse cargo de casos de derechos humanos por miedo a las consecuencias es especialmente preocupante en los casos de las personas acusadas falsamente tras ser etiquetados como ‘rojos’, y que “como no tienen quien les defienda, se eternizan en la cárcel y su caso nunca se juzga”. Por tanto, reivindicó que, por su importancia en la sociedad, “si se ataca a un abogado en cualquier parte del mundo, realmente se ataca a toda la profesión”.

Musni es miembro de la organización National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL), y de su organización afiliada en Mindanao, de donde es originaria. Ambas entidades prestan servicios legales gratuitos a las víctimas de violaciones de derechos humanos y colectivos vulnerables. Desde estas organizaciones, se tiene claro quién es el responsable último: “sabemos que es el Gobierno el que está detrás de esta ‘etiqueta roja’ y de los ataques a los abogados. Y es nuestra obligación pedir responsabilidades por todos estos abusos”, asegura.

Lo cierto es que en julio de 2020 el gobierno de Rodrigo Duterte aprobó, sin debate parlamentario, una “Ley Antiterrorista” que permite calificar como terrorista a cualquier tipo de disidencia y realizar detenciones sin orden judicial. Musni asegura que desde Filipinas han utilizado todos los mecanismos e instituciones legales a su alcance para “involucrarlos en la lucha contra estas injusticias”, pero “no es suficiente. Necesitamos presión internacional para apoyar nuestros esfuerzos”, reclama.




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