- Los expertos convocados por este Congreso sobre Ocupación de Vivienda del ICAM, abordaron de forma transversal esta problemática con el análisis de distintas cuestiones que inciden en esta lacra
Lograr un Pacto de carácter nacional, con todos los estamentos implicados, por la vivienda que respete la propiedad privada y luche contra el fenómeno de la ocupación que existe y necesita una solución jurídica y política. Esa fue la principal conclusión de Congreso de la Ocupación de vivienda celebrado en durante el ICAM que se analizó desde una triple perspectiva, desde los derechos humanos y las personas vulnerables, así como desde el punto de vista penal como civil, sin ningún tipo de complejo. Las normas sobre vivienda desde el 2007 que se han ido creando, estatales y autonómicas no han funcionado y especialmente la Ley de Vivienda del 2023 no ha funcionado.
“Hay un problema de ocupación evidente y eso no quita para que nos ocupemos de las personas vulnerables, manifestó el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Alberto Torres en la clausura de este evento. Ahí destacó el papel del decano emérito del ICAB Jesús Sanchez para ahondar en esa base legal de la ocupación. “El empezó y nosotros estamos intentando buscar una solución a este problema”. El propio Sánchez indico que ese Pacto tendría que ser más Nacional que englobase a todos los interlocutores, tanto políticos, académicos o intelectuales, cuestión que se tuvo en cuenta como consideración final.
Como otra de las conclusiones, Torres indicó que “La polarización es preocupante en este tema. Es fundamental mentalizase del gran problema que hay en la vivienda y que debe gastarse dinero para construir más vivienda pública. Si no se construye más vivienda de este tipo no se resolverá el problema de la vivienda en general, y el de la ocupación”.
El colofón final lo pusieron tres referentes en materia de vivienda como fueron los casos de Sergio Nasarre. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Rovira i Virgili, junto a Fernando López. Abogado. Asesor jurídico del CAF Madrid y Lorenzo Clemente. Abogado y socio de derecho inmobiliario de Garrigues, quienes advirtieron de la gravedad de la situación. Son partidarios de ese Pacto por la Vivienda pero no será sencillo lograrlo. La necesidad de contar con datos fiables y el abordar el reparto de competencias entre CCAA y Estado serán cuestiones a abordar.
En su intervención Sergio Nasarre, una de las voces más claras sobre la necesidad de cambiar las políticas de vivienda de nuestro país, con el que hablamos recientemente recordó que la vivienda es el único bien que es un derecho humano y un activo financiero “Esa doble naturaleza crea una tensión insoportable. Entre 1995 y 2007 se construyó vivienda en exceso. A partir de ahí se cambió la tendencia con posterioridad. Ahora cuando hay que construir faltan hasta 7000 profesionales de la construcción. El problema es grave, no es solo un tema legislativo o regulatorio es que falta personal para acometer nuevas viviendas.
Para este jurista, ahora se han pasado algunas líneas rojas como las relacionadas con la propiedad privada “Si vamos a ese Pacto Social por la vivienda, no podemos hacer aquello que hacíamos antes del 2007 y no eliminar elementos de nuestro sistema jurídico político y social como es l propiedad privada. Ahora estamos en la fase de le eliminación de la propiedad privada. Es un error grave que viene de otra tensión que son los artículos 33.1 y33.2 de la Constitución. La propiedad privada data de hace 25.000 años. FMI y Banco Central Europeo han señalado que lo que genera igualdad es la propiedad privada”. Recordó que no es cierto que los alquileres turísticos influyan en el precio de la vivienda y que las últimas leyes de vivienda son muy mejorables.
Respecto a ese Pacto por la Vivienda, recordó que hay que eliminar mantras como el control de rentas de la vivienda que no ha funcionado en ningún país hasta el momento. Al mismo tiempo, indico que en un dictamen que hizo para el Parlamento Europeo en temas de vivienda, España está entre los tres mejores de Europa. Al parecer los países nórdicos están peor que nosotros. En ese Pacto se trata de garantizar la propiedad privada, lo más distribuida posible entre las familias, porque fomenta la igualdad “La finalidad del Pacto sería un mejor acceso a la vivienda y que no los echen forzosamente, esa es la clave. La manera de acceder al mismo es donde están las discusiones”.
Alberto Torres y su lectura de las conclusiones junto a los expertos de la última mesa sobre acceso a la vivienda
Se necesitan mejores leyes
En esta mesa de debate moderada por Erika Torregrosa, Abogada. Presidenta de la
Sección de Derechos Humanos del ICAM, se abordó desde los problemas existentes entre el derecho a la propiedad y el de acceso a una vivienda digna, como eje vertebrador de un posible pacto social para resolver el problema de la vivienda. Así Fernando Lopez, comento su turno de palabra que se habían aprobado muchas normas en los últimos años que no habían valido para mucho, como la modificación de la Ley del Suelo en el 2015 que no dio los resultados que se esperaban, como la propia de Crédito Inmobiliario de la que no se ha vuelto a hablar de ella o el Código técnico de la Edificación, así como otras normativas
En su opinión, el próximo Plan Estatal de Vivienda que pone sobre la mesa 7000 millones para hacer habrá que ver cuantas viviendas se pueden hacer “Es importante hacer números para saber lo que hay. En este contexto el Derecho tiene un papel limitado pero importante . Una mala ley si que puede perjudicar el problema actual del alquiler y de la vivienda “En estos momentos a nivel legislativo vamos en dirección contraria. El suelo por transformar esta en pocas manos. Se tarda entre doce y quince años en desarrollar suelo. Falta financiación y certidumbre regulatoria. Para ese Pacto Social hay que reestructurar la cadena de valor y trabaja en crear un mercado
A su juicio habría que crear una Agencia Central y pulir el conflicto de competencias que hay entre el Estado y las CCAA en materia de vivienda “Se necesita un regulación más simple que responda a un modelo de negocio. Hay que desbloquear el problema del suelo y desglosar el precio de la vivienda, 25% suelo, otro 35% impuestos y la necesidad de un 100 por cien financiación. Al final cualquier propuesta que se haga debe ser realista.
Gran expectación la que ha generado este Congreso sobre Ocupacion del ICAM en dos días. Aspecto mesa final donde Fernando Lopez, Sergio Nasarre y Lorenzo Clmente hablaron del acceso a la vivienda moderados por Erika Torregrosa FOTOS ICAM
Necesidad de seguridad jurídica
Por su parte, Lorenzo Clemente, indicó que es evidente que el problema de la vivienda requiere de un pacto político y social , sin embargo ante la situación actual que se vive parece complejo de lograr “pero no hay que perder la esperanza. En el último informe del Consejo Económico Social (CES) se ha incluido un apartado sobe la vivienda donde habla de la pérdida de riqueza y de cohesión social que se constata El problema es de oferta y hay que diseñar otras políticas de oferta , siempre con una perspectiva más económica que jurídica”. Así indicó que el problema de bajos salarios existente en nuestro país, no ayuda a resolver esta cuestión. con una tributación que se come la riqueza que se está generando.
En su opinión hay que abordar esta cuestión porque “de lo contrario será difícil adquirir las viviendas que son necesarias en este momento, con un coste elevado por distintos factores”. A juicio de este experto, los 7000 millones para políticas publicas de viviendas son insuficientes si se relación con los 190.000 que se dedican a pensiones. “Hay que invertir aún más en políticas públicas de vivienda si queremos resolver el problema, especialmente para las rentas más bajas”. En este sentido no cree acertado que se cargue sobre los propietarios resolver el problema de la vulnerabilidad que debe resolverse con esas políticas públicas que salgan de los Presupuestos Generales del Estado que se deben mejorar”
Sobre esta cuestión, recordó que “con estas medidas se retrae la oferta y tiene unos efectos muy desalentadores. Al mismo tiempo hay que garantizar un mínimo de seguridad jurídica. La aparición de las últimas normas no ayuda a ello. El Supremo acaba de anular el registro de alquileres turísticos porque esta mal hecho y no atiende a la distribución de competencias entre CCAA y Estado. Sobre el Rdley 8/2026 que se aprueba porque e sabe que no va a ser convalidado y con una redacción que genera inseguridad jurídica. Este tipo de normas alteran las bases de nuestra democracia. Si se llega a un Pacto por la Vivienda debería respetar las competencias de todas las administraciones en esta materia para lograr mucha más vivienda pública en alquiler y apoyar más al propietario que ahora sume el problema de la vulnerabilidad, cuestión que es de esas administraciones.
Un Congreso de primer nivel
En esta última jornada se abordó el problema de la ocupación y las comunidades de propietarios “Creo que seria bueno que de este Congreso saliera una propuesta con el apoyo del propio Jesús Sanchez que ya lo hizo en Cataluña sobre la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal . Debe mejorarse y atribuir legitimación a las comunidades de propietarios que aunque no tienen personalidad jurídica hay que atribuirles esa legitimación para que puedan ejercitar acciones, como esa acción de cesación que explicó Francisco Navío en su intervención del articulo 7.1-2 de dicha Ley que es necesaria cambiarla”
En este evento que ha reunido a un treinta de expertos en la materia, se dejó en dichas conclusiones que era mejor ir a la vía penal frente a la civil para la lucha contra esta lacra, por la complejidad de estos últimos procedimientos. Torres recordó que la intervención de Antonio Abelán, abogado indicó que “la seguridad jurídica esta garantizada en nuestro ordenamiento jurídico. Es un ordenamiento garantistas que protege al vulnerable y al okupa “
Sobre la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, recordó este experto que en Cataluña el problema de ocupación es más serio del que hay en Madrid, su papel está claro. “No podemos defender a las empresas de desocupación que ponen en peligro el Estado de Derecho”. En cuanto a la inquiocupación se destacó que es un problema con los arrendatarios que dejan de pagar la renta, se abordó un posible tratamiento penal del asunto
En cuanto a la vía civil y los distintos procedimientos que tenemos, este jurista recordó que en este evento se dijo que “Adrián Gomez, como laJ, defendió el juicio sumario de protección de los derechos reales inscritos, es una posibilidad que se puede abordar, como el resto que analizamos, como el juicio del precario, el jucio del 441.2 que fue creado específicamente al respecto que excluye a las personas jurídicas y con el problema de la caducidad de un año que hay que tener en cuenta”.
En relación a la mesa de vulnerabilidad y su tratamiento jurídico se comento la problemática entre vulnerables y propietarios cuando se insta un desahucio “todos los juicios de desahucios giran alrededor de la situación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se acredita por los informes de los servicios sociales que por diversas circunstancias, por falta de recursos y por la inexistencia de un protocolo que se siga para elaborar esos informes, los propietarios quedan en una mala situación, con dificultad para su impugnación. El problema es que este problema social se ha llevado a los tribunales”, comentó Alberto Torres.
