Valentina Faggiani Profesora Titular (Catedrática acreditada) de Derecho Constitucional Universidad de Granada Hace ya veinticinco años, en 2001 (LO 6/2001), se instituyó la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), un organismo autónomo, aunque adscrito al Ministerio de Universidades, entre cuyas funciones se encuentra la acreditación del profesorado universitario, tras la evaluación de su curriculum vitae, atendiendo a los requisitos establecidos. La resolución positiva de dicha Agencia desempeña una función de filtro, siendo la conditio sine qua non para que el docente pueda presentarse a concursos públicos convocados por las Universidades.
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| Imagen de la profesora Valentina Faggiani Profesora Titular (Catedrática acreditada) de Derecho Constitucional Universidad de Granada | ||
“La priorización de la antigüedad y la gestión está conformando un perfil de profesor sin independencia ni autonomía crítica.”
Una primera valoración nos lleva a considerar que el impacto inicial de su labor fue, sin duda, muy positivo, puesto que consiguió, en cierta medida, democratizar y modernizar la universidad española. Por un lado, permitió romper jerarquías ilógicas e injustas, pues sin ella la promoción de muchas personas a la figura de Profesor Titular o Catedrático hubiera arriesgado a dilatarse en el tiempo, a la espera de un turno, que a lo mejor nunca hubiera llegado, con los prejuicios profesionales, económicos, personales y psicológicos, que de ello derivan. En esta línea, la objetivación de la evaluación ha reducido las disfuncionalidades del uso de criterios, que prevén un margen de discrecionalidad más elevado.
Desde su puesta en marcha, por supuesto, hubo algunos momentos complejos de inflexión. El primero, tras la crisis económica, cuando en 2015, ante el anunciado cambio de sistema, se presentaron muchas solicitudes. El alto número de acreditados creó un cuello de botella, que las universidades tardaron unos cuantos años en amortizar. Después, a finales de 2017, empezaron a aplicarse los nuevos criterios, mucho más duros que los anteriores. Tales requisitos, centrados más en la cantidad que en una calidad real, eran sin duda excesivos y desproporcionados, sobre todo si eran comparados con los países de nuestro entorno. El objetivo, en su momento, era frenar el número de acreditaciones, impidiendo que durante unos años los docentes españoles se acreditasen y que, por lo tanto, las universidades tuviesen que sacar plazas. Y así fue.
No obstante, a pesar de la complejidad, tras el inicial desconcierto, debido al cambio de las reglas del juego a mitad de camino, en unos años de sacrificios, la generalidad del colectivo se adaptó al sistema. La nueva coyuntura, caracterizada también por condiciones económicas mucho más favorables, impulsó la tendencia de Aneca al alza; tendencia, que llegó a su punto álgido en 2025, cuando después del cierre del sistema antiguo se empezaron a aplicar los criterios de la LOSU, la LO 2/2023 (a partir del 1º de abril de 2024), basados en la supuesta trampa del “liderazgo”, con la que se está trasformando el perfil del profesorado universitario de docente-investigador a docente-gestor-político, esto es, sumiso a las lógicas de los departamentos y a los centros de poder. El porque es sencillo y se encuentra en línea con la involución democrática, que está atravesando el país, pues de esta forma se produce un desplazamiento hacia un modelo de profesor ideologizado, en el que ya no prima el avance científico y las aportaciones intelectuales, sino la adecuación al poder establecido, a las estructuras de gestión-dirección (que responden a criterios de interés y oportunidad política, y no de excelencia docente e investigadora).
La confirmación se encuentra en los datos: en 2024 Aneca evaluó un total de 8.557 solicitudes de acreditación para acceder a los cuerpos de Catedráticos y Titulares de Universidad, con una tasa de éxito del 75% para Catedráticos (2.473 acreditados de 3.283 solicitudes) y del 86% para Titulares de Universidad (4.520 acreditados de 5.274 solicitudes). Esto significa que se concedieron 6.993 acreditaciones para profesorado funcionario, gestionando el programa Academia un volumen de 10.581 solicitudes. Sin embargo, el problema reside no solo y no tanto en estas cifras, que son en parte debidas a la desconfianza difusa hacia el nuevo sistema, sino en la senda, que se ha inaugurado.
Solo en el área de Derecho, por ejemplo, en 2025, hasta el mes de noviembre, se han concedido 1.285 de las 1.618 solicitudes para Catedrático (un 79’4 % de éxito) y 2.811 de 2.960 para Titulares (en este caso se llega hasta un 94’9 % de éxito). De los datos proporcionados, que están disponibles en el sito de Aneca, se puede observar que, salvo los meses de febrero y marzo, cuando las comisiones estaban todavía resolviendo las solicitudes presentadas con el anterior sistema, una vez despachadas, a partir del mes de abril, ha habido un exceso de solicitudes evaluadas y con resultados positivos. La verdad es que esto no sorprende, al contrario, era muy previsible, habida cuenta del nivel de exigencia de los nuevos criterios, sobre todo para conseguir la acreditación a titular. Los niveles de exigencia se han reducido tanto que los evaluadores, atendiendo a los criterios actuales, están obligados o compelidos a otorgar la acreditación.
Ahora bien, la cuestión no es que se quiera o no se quiera otorgar o denegar la acreditación, sino que hay que preguntarse cuáles son los méritos que un sujeto debería reunir para merecer dicha acreditación. Está claro que solo la antigüedad junto a las responsabilidades en gestión no pueden ser los elementos claves de este reconocimiento. La priorización de tales méritos, como ocurre en el actual sistema de la LOSU, conforma un perfil de profesor sin independencia ni autonomía crítica y no acredita su excelencia en el conocimiento e investigación de una determinara materia o rama del saber. De esta forma, se acaba premiando la mediocridad, cuando al contrario habría que apostar por la excelencia.
“Si la acreditación deja de cumplir su función de filtro, mantenerla operativa deja de tener sentido.”
Este ritmo insostenible de Aneca despierta mucha preocupación entre el colectivo sobre la situación presente y el futuro desde tres puntos de vista: en primer lugar, el nuevo sistema de acreditación, con lo que conlleva, está devaluando tanto nuestra profesión como la enseñanza universitaria en su conjunto, vaciándola de contenido; en segundo lugar, es evidente que las universidades en breve no podrán seguir sacando plazas para todos. Según la estadística de personal de las universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades correspondiente al curso 2023-2024 y, por lo tanto, justo antes de la puesta en marcha de los criterios LOSU en España había unos 12.999 Catedráticos y 26.563 profesores titulares, es decir, había un volumen de catedráticos equivalente a la mitad de las acreditaciones concedidas solo en 2024[1]. Y en tercer y último lugar, de todo lo expuesto es evidente que, en esta nueva coyuntura, ya no tiene encaje la acreditación de Aneca, que si sigue este ritmo está abocada a desaparecer porque ya no sirve. El problema no radica en el incremento de acreditaciones a Cátedra o Profesor Titular, sino que este incremento se deba a la devaluación de las exigencias para alcanzar estas acreditaciones.
Fíjense en lo que está ocurriendo en Italia, pues lo que allí sucede podría pasar también en España. En Italia, frente al exceso de acreditaciones concedidas por el Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) en los últimos años, ahora mismo se está tramitando la reforma para suprimir la acreditación (“abilitazione”). El porque es sencillo, pues si deja de tener la función de filtro por la que ha sido creada, ya no tiene sentido mantenerla operativa. Si hay un exceso de personas acreditadas, que después las universidades no pueden absorber, ya no hace falta llevar a cabo este tipo de evaluación porque de todas formas la decisión final volverá a estar, que nos guste o no, en las manos de los departamentos. Y bueno, estando así las cosas, por lo menos, nos habremos ahorrado un trámite, que ya no funciona y que conlleva costes para el erario público. Lo que ha pasado en Italia, si no se vuelven a cambiar pronto los criterios, acabará pasando también en España, porque el panorama que tenemos ahora no solo no es sostenible económicamente, sino que es también injusto, devalúa excesivamente la figura del profesorado universitario y no marca diferencias dentro del colectivo, que, al ser muy numeroso en este país, es también muy heterogéneo.
“Esta inflación de profesorado acreditado devalúa la profesión y convierte a la universidad española en un gran instituto de secundaria.”
Esperemos, por lo tanto, que el próximo gobierno de España (al actual evidentemente no le interesa, siendo quien nos ha metido en esta situación) vuelva de nuevo a establecer unos criterios de acreditación acordes con la búsqueda de la excelencia docente e investigadora del profesorado universitario, porque los actuales criterios nos están llevando al colapso del sistema y al desarrollo de una universidad muy diferente, sometida, servil, sin capacidad crítica y, por lo tanto, de transformación, en la que desaparece el mérito, capacidad, esfuerzo y también la calidad, porque todo esto sobrará. Esta inflación de profesorado acreditado devalúa la profesión, convirtiendo a la universidad española en un gran instituto de secundaria, y marca una vuelta atrás, es decir es el preludio para que se vuelva a instaurar un mayor control interno de los procesos de selección y reclutamiento del profesorado. Una reforma restrictiva de los criterios además permitiría salvar a la Aneca, a la que, a pesar de los defectos, hay que reconocerle determinados méritos.
[1] Lo que significa que, si actualmente hay en torno a 13.000 catedráticos, a este ritmo, en cinco años y medio se van a duplicar el número de catedráticos. Vid. Informe sobre Estadística de Personal de las Universidades (Curso 2023-2024), del Sistema Integrado de información Universitaria del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades.