La legítima defensa del Estado. El dilema de Estados Unidos con Venezuela, entre el deber constitucional y el derecho internacional

Sobre la legítima defensa de EE.UU. frente al narcotráfico proveniente de Venezuela

En las páginas más dramáticas de la historia reciente latinoamericana, el narcotráfico no ha sido un fenómeno marginal, sino que se ha erigido muchas veces como una suerte de Estado paralelo, con fuerza militares, finanzas oscuras, redes de corrupción y una capacidad de intimidación real sobre personas e instituciones. Cuando ese monstruo organizado atraviesa los límites del simple delito económico y amenaza la seguridad interna, el funcionamiento institucional y los derechos fundamentales de la población, cabe preguntarse si el Estado está facultado —o incluso obligado— a defenderse mediante respuestas extraordinarias.

Desde una perspectiva constitucionalista, la respuesta es afirmativa, pero con ciertos matices, la legítima defensa como eximente o justificante no es un “salvoconducto” para cualquier operación militar o policial; su activación exige condiciones estrictas y críticas. No basta -a mi juicio- declarar que existe una amenaza, debe probarse, calibrarse y acotarse.

Sobre los fundamentos doctrinales y constitucionales de la legítima defensa estatal

El principio de legítima defensa es clásicamente conocido en el ámbito penal, donde un particular puede repeler una agresión ilegítima con medios proporcionados y necesarios. Pero ese principio no está vedado al Estado. De hecho, muchos ordenamientos constitucionales reconocen que el Estado conserva su derecho —y su deber— de garantizar el orden público, la vida, la integridad física y los bienes de las personas frente a agresiones externas o internas. Se trata de un derecho colectivo de defensa del orden constitucional.

Para que ese derecho estatal sea legítimo —y compatible con los derechos humanos— deben cumplirse elementos análogos a la legítima defensa individual:

1.         Agresión ilegítima real o inminente. El narcotráfico organizado debe representar una amenaza concreta, el trasiego masivo e ilegal de armas o sustancias nocivas para el consumo humano, la consolidación de sicariato sistemático, entre otros.

2.         Necesidad de la acción. Las acciones de fuerza deben responder a que no hay otro medio viable para contener la amenaza en el plazo exigido.

3.         Proporcionalidad y racionalidad institucional. El Estado no puede emplear medios excesivos o desproporcionados respecto al riesgo concreto.

4.         Motivación y transparencia. Toda acción debe apoyarse en motivaciones justificadas y sujetas a control posterior.

5.         Temporalidad y control judicial o constitucional. Las acciones extraordinarias no pueden transformarse en permanentes.

El “peligro real” del narcotráfico. ¿Cómo acreditarlo?

Una de las mayores resistencias a aceptar la legítima defensa estatal frente al narcotráfico es precisamente la dificultad de calibrar cuándo existe un “peligro real”. En la narrativa pública, los argumentos son emotivos: “el país está tomado por narcos”, “las comunidades están asediadas”, “el Estado está en riesgo de colapso”. Pero jurídicamente eso no basta.

Para que la defensa sea aceptable, el Estado debe, a mi parecer:

- Presentar inteligencia creíble que documente la estructura, capacidad operativa y planeación del narcotráfico, sin por ello comprometer información privilegiada o que entorpezca su operación preventiva.

- Mostrar precedentes en que esa organización haya vulnerado la autoridad estatal o amenazado derechos elementales.

- Delimitar geográficamente los espacios de operación y estimar con realismo su capacidad ofensiva.

- Evaluar riesgos colaterales y daños esperables en la población civil.

Riesgos y contrapesos. ¿Qué peligros conlleva el uso de la legítima defensa?

Aceptar que el Estado puede actuar con la legítima defensa no significa admitir cualquier cosa. Algunos peligros son:

- Militarización permanente.

- Violaciones de derechos humanos.

- Impunidad.

- Efectos perversos de refuerzo narco.

Sobre el estándar y test jurídico internacional

Imaginemos un Estado con costas extensas, territorios selváticos poco controlables y presencia de cárteles que actúan con fuerza paramilitar. Ese Estado ve cómo enfrenta incursiones armadas, contrabando de armas, desapariciones forzadas y amenazas a autoridades locales. Las fuerzas policiales ordinarias no logran hacer frente.

El Gobierno decide llevar a cabo una operación militar diseñada para neutralizar centros de comando del cartel, previa designación legal, control parlamentario y comunicación clara de objetivos. Si luego puede demostrar proporcionalidad y justificación, la legitimidad de su acción se sostiene.

Y del mismo modo es en contrario, si el Estado no puede garantizar que podrá demostrar su proporcionalidad y justificación razonable, basados en los conocimientos de la experiencia y la ciencia, debe desistir o cesar en su accionar.

Sobre la legítima defensa como institución constitucional razonable

El narcotráfico organizado tiene capacidad de socavar el tejido institucional. Frente a ello, negar al Estado la posibilidad de defenderse sería impericiar su rol esencial de garante del orden constitucional. Sin embargo, esa defensa debe someterse a estándares rigurosos: demostrar con datos la amenaza, actuar con proporcionalidad, garantizar transparencia y someterse a control judicial. Cuando esas salvaguardas funcionan, la legítima defensa estatal no solo es aceptable, sino necesaria para preservar la soberanía, la estabilidad institucional y la dignidad ciudadana.

Sobre las normas de derecho internacional aplicables

La discusión sobre la legítima defensa del Estado frente al narcotráfico organizado no puede desligarse del marco del derecho internacional. Diversos instrumentos y principios resultan aplicables:

- Carta de las Naciones Unidas (artículo 51). Reconoce el derecho inherente de legítima defensa en caso de agresión armada. Si bien el narcotráfico no es un 'Estado', cuando sus acciones alcanzan niveles de violencia equiparables a un ataque armado, puede justificarse la reacción estatal bajo este principio, siempre con obligación de informar al Consejo de Seguridad.

- Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Establece la cooperación internacional para prevenir y sancionar el narcotráfico. Refuerza la idea de que los Estados tienen un deber jurídico de actuar frente a esta amenaza transnacional.

- Convención de Palermo de 2000 (Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional). Reafirma la necesidad de cooperación global y tipifica la participación en organizaciones criminales como materia de interés internacional.

- Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Ha señalado que el uso de la fuerza debe cumplir los criterios de necesidad y proporcionalidad, aplicables también en escenarios de amenazas híbridas como el narcotráfico.

- Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión y la Corte IDH han establecido que, incluso en contextos de seguridad nacional, las medidas estatales deben ser compatibles con los derechos humanos, sujetas a control de proporcionalidad y temporalidad.

A modo de conclusión, el derecho internacional no solo ampara la reacción estatal frente a amenazas de narcotráfico, sino que la condiciona a un marco de cooperación, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto impide que la “legítima defensa” se transforme en una excusa para acciones desmedidas o violaciones generalizadas, pero al mismo tiempo permite su uso cumpliendo los requisitos naturales que ya se expusieron en este breve artículo.