- La delegación española del ECR exige a la Comisión Europea que investigue el impacto de la regularización de más de 1,2 millones de inmigrantes y de la concesión masiva de nacionalidad por la Ley de Nietos
Los eurodiputados españoles del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Nora Junco y Diego Solier, han llevado ante el Parlamento Europeo la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y han solicitado a la Comisión Europea que examine sus consecuencias para el conjunto del espacio Schengen. En España el Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial para saber si este proceso se ajusta a la normativa europea.
La iniciativa denuncia que el Ejecutivo español ha impulsado una regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que ya supera los 1,4 millones de solicitudes, más del doble de las previsiones oficiales, así como una concesión masiva de nacionalidad española a través de la denominada Ley de Nietos, con cientos de miles de solicitudes procedentes principalmente de países como Argentina y Cuba.
Para Junco y Solier, el Gobierno de Sánchez está adoptando decisiones de enorme impacto europeo sin transparencia, sin consenso y sin tener en cuenta que un permiso de residencia español permite circular por el espacio Schengen, y que la nacionalidad española implica automáticamente ciudadanía europea. En este proceso participan más de 28.000 abogados extranjeristas tras el acuerdo del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de Elma Sáiz con el CGAE que preside Salvador González,
“Sánchez no puede utilizar España como puerta trasera de entrada a Europa. Una decisión de este calibre no afecta solo a España: afecta a todos los Estados miembros y a la seguridad de millones de europeos”, señalan los eurodiputados.
La resolución registrada por Junco y Solier reclama que la Comisión Europea evalúe si estas medidas son compatibles con el Código de Fronteras Schengen, la Directiva de Retorno y el principio de cooperación leal entre Estados miembros.
Los eurodiputados advierten de que el Gobierno español está convirtiendo una decisión política interna en un problema europeo, al trasladar al resto de socios comunitarios las consecuencias de una política migratoria “irresponsable, opaca y electoralista”.
“No se puede repartir residencia y ciudadanía europea como si no tuviera consecuencias. La ciudadanía europea no es un instrumento de propaganda del sanchismo”, afirman.
La iniciativa de la delegación española del ECR cuenta también con el respaldo de otros miembros del grupo y abre un debate clave en Bruselas: hasta dónde puede llegar un Gobierno nacional cuando sus decisiones afectan directamente al espacio Schengen, a la libre circulación y a la confianza entre Estados miembros.
Junco y Solier insisten en que Europa debe reaccionar ante una política que, a su juicio, “debilita el control fronterizo, erosiona la confianza entre socios europeos y convierte a España en el laboratorio migratorio de la izquierda”.
Regularización extraordinaria
El 30 de junio no terminó la regularización extraordinaria de migrantes. Terminó el plazo para pedirla. Esa es la clave para entender lo que viene ahora: el Gobierno ha cerrado la ventanilla de solicitudes de un proceso excepcional que arrancó en abril y que ha superado de largo todas las previsiones, pero la regularización real de cada persona depende de la resolución administrativa de su expediente.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose. Son más del doble de las previsiones iniciales del Ejecutivo, que calculaba alrededor de medio millón.
Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.
Las solicitudes abren la puerta a una autorización provisional para residir y trabajar mientras se resuelve el expediente. El Gobierno debe depurar cifras, eliminar duplicidades, completar expedientes y concretar cuántas solicitudes acabarán aprobadas o denegadas.
Quienes han presentado la solicitud no tienen automáticamente una autorización definitiva. Lo que tienen, si su expediente ha sido admitido o comunicado el inicio de tramitación, es una habilitación provisional para residir y trabajar mientras se resuelve el procedimiento. Esa autorización provisional permite trabajar por cuenta ajena o propia, pero decae si la solicitud acaba denegada.
Un proceso laborioso
La Administración dispone de un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar cada expediente desde la entrada de la solicitud en el registro competente, aunque ese plazo puede suspenderse en algunos supuestos, por ejemplo si hay que recabar documentación o antecedentes. Si el expediente está incompleto, se puede requerir subsanación y el plazo para corregir defectos no podrá ser superior a 15 días.
Si pasan los tres meses sin resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo. Es decir, no hay silencio positivo. Si la resolución es favorable, la autorización tendrá una vigencia de un año y permitirá residir y trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en cualquier parte de España, sector u ocupación.
Una vez concedida la autorización, la persona beneficiaria deberá solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, la TIE, durante el mes inmediatamente posterior a la concesión. La tarjeta se expedirá por el plazo de validez de la autorización, aunque la norma precisa que la autorización despliega plenos derechos desde su concesión.
Después vendrá el siguiente reto: transformar esa autorización inicial de un año en una situación administrativa estable. La norma prevé vías de modificación o prórroga, pero ahí será clave que la persona pueda acreditar empleo, búsqueda activa de empleo, integración o los requisitos que correspondan según cada caso.
El frente judicial: el Supremo y la posible consulta al TJUE
El otro gran foco está en los tribunales. El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si la regularización extraordinaria puede entrar en colisión con el derecho comunitario, especialmente con la Directiva de Retorno y el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La duda del Supremo es si un Estado puede reconocer una residencia temporal con carácter general a personas en situación irregular o si antes debe activar los mecanismos de retorno previstos por la normativa europea.
Esa posibilidad no paraliza por sí sola el proceso. El Supremo ya rechazó anteriormente suspender de forma cautelar la regularización, aunque el recorrido judicial no está cerrado. El Gobierno sostiene que la norma es legal, que ha pasado los filtros del Consejo de Estado y la Abogacía del Estado y que Bruselas ha reconocido la competencia de España para aprobar una medida de estas características.
Al igual que hiciera el Ejecutivo de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones al Supremo para que presente ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la posible contradicción del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con el derecho comunitario, en las que pide también la suspensión cautelar del procedimiento y la reversibilidad absoluta de las resoluciones favorables.
El Gobierno de Aragón ha respondido así al trámite de audiencia abierto por el Supremo, y tras escuchar a sus servicios jurídicos, sobre la posibilidad de presentar esa "cuestión prejudicial" ante el TJUE por si la regularización entrara en conflicto con el derecho comunitario, que es el argumento que ha defendido la comunidad en el recurso contra el decreto que la desarrolla y para el que solicitó también la adopción de medidas cautela
El Ejecutivo quiere encajar el cierre del plazo dentro de una fase más amplia: el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, presentado el mismo día que vencía el plazo de solicitudes. El plan incluye 16 medidas, la creación de una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana, empleo en sectores de alta demanda, una oferta extraordinaria de Formación Profesional y refuerzo de servicios públicos.
La lectura política del Gobierno es clara: la regularización es solo el primer paso. Lo que viene ahora es integrar laboral, educativa y administrativamente a cientos de miles de personas que ya estaban en España. La lectura de la oposición, en cambio, se centra en el coste para los servicios públicos, la falta de consenso parlamentario y la posible incompatibilidad con el marco europeo.
La regularización entra ahora en su fase más delicada. Extranjería tendrá que resolver más de un millón de expedientes sin colapsar el sistema. Además, miles de personas estarán durante semanas o meses pendientes de una autorización definitiva mientras trabajan con permiso provisional. Y en tercer lugar, el Supremo puede decidir elevar la cuestión al TJUE, lo que prolongaría la incertidumbre jurídica. Esta es la fase clave; saber cuántas personas serán finalmente regularizadas
