El cumplimiento en las transacciones intragrupo ha dejado de ser un simple trámite administrativo para convertirse en el epicentro de la estrategia inspectora. Las autoridades fiscales han incrementado significativamente la presión sobre las operaciones entre entidades vinculadas, desplazando la comprobación formal hacia un examen profundo de la realidad operativa del tejido empresarial. Así lo analiza Òscar Segura Ortuño en el blog de Raich & Vía, destacando que el Plan Anual de Control Tributario fija su foco prioritario en la coherencia económica y en la sustancia de las decisiones corporativas.
La normativa regulatoria sobre operaciones vinculadas mantiene su articulación legal intacta, pero la intensidad inspectora ha alcanzado cotas inéditas. El organismo tributario ha detallado las áreas donde concentrará sus comprobaciones, señalando especialmente la valoración de intangibles en reestructuraciones empresariales, los cánones por cesión de activos, las pérdidas continuadas en filiales y la arquitectura de financiación intragrupo.
Desde el Departamento Fiscal de Raich & Vía, Òscar Segura Ortuño subraya la trascendencia de este viraje de paradigma para el tejido corporativo: "Durante años el cumplimiento se ha entendido como un asunto formal —presentar el modelo, tener el expediente—, mientras que la comprobación se orienta hoy al análisis sustantivo de funciones, activos y riesgos. Es decir, ya no basta con tener documentación: hay que tener la documentación correcta y que además soporte lo que efectivamente se hace".
A esta supervisión intensificada se suma la capacidad tecnológica de la Administración para cruzar los datos declarados en el modelo 232 con las bases de datos internacionales de intercambio de información. Esta infraestructura permite detectar discrepancias entre la contabilidad, los contratos y la práctica real del grupo empresarial incluso antes de iniciar formalmente una inspección.
Uno de los aspectos más críticos para los contribuyentes radica en el régimen de infracciones y sanciones. El incumplimiento o la deficiencia documental no requiere la existencia de un perjuicio económico a las arcas públicas para ser penalizado por las autoridades fiscales.
En relación a este marco coercitivo, en el despacho Raich & Vía recuerdan un matiz técnico que a menudo pasa desapercibido para los responsables financieros de las empresas: "La primera de esas sanciones puede imponerse aunque la Administración no modifique la base imponible. El incumplimiento documental es infracción por sí mismo". De este modo, la falta de soporte formal o la aportación de datos incompletos acarrea multas específicas, al margen de que la valoración declarada sea finalmente aceptada.
Frente al avance del escrutinio fiscal, el marco normativo ha recibido un importante contrapeso interpretativo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo dictaminó que la regulación sobre precios de transferencia constituye una norma de carácter estrictamente valorativo, que no faculta a la Administración para recalificar contratos u operaciones contraídas con terceros ajenos al grupo bajo el mero pretexto de la vinculación.
Para fundamentar la defensa de los contribuyentes y mitigar contingencias, desde la firma aconsejan revisar periódicamente el perímetro de vinculación del grupo, evaluar si se supera el umbral de 45 millones de euros que exige documentación completa y actualizar el estudio de comparables. Las empresas disponen también de instrumentos de certidumbre como los acuerdos previos de valoración y los procedimientos amistosos para prevenir ajustes desproporcionados y evitar escenarios de doble imposición internacional.
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