- Casi nueve de cada diez (429.677) fueron fraudes informáticos que aumentaron un 4 por ciento respecto a 2024.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron un total de 488.426 ciberdelitos en 2025, un 5,1 por ciento más que en 2024, que suponen el 19,8 por ciento de la criminalidad total. Así lo recoge el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2025, elaborado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. El documento, publicado este viernes, está disponible en la web del Ministerio del Interior, en el apartado de Balances e Informes, en el año 2025.
Del total de ciberdelitos conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, casi nueve de cada diez (429.677) fueron fraudes informáticos (estafas), que aumentaron un 4 por ciento respecto a 2024.
A mucha distancia le siguieron las falsificaciones cometidas a través de Internet (21.690 casos), que representan un 4,4 por ciento del total, lo que supone un incremento de un 11,3 por ciento frente al ejercicio anterior.
Aumentan también los delitos sexuales (21 %), los de acceso e interceptación ilícita (40,7 %) y los de amenazas y coacciones (2,6 %). Por el contrario, descienden un 36 por ciento los delitos contra la propiedad industrial e intelectual y las interferencias de datos y en sistema (- 8 %).
En 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido o investigado a 19.876 personas, un 2,9 por ciento más que en 2024. El número de casos esclarecidos se ha incrementado también en un 11,4 por ciento y representa ya el 14,6 por ciento del total de hechos conocidos.
El número de víctimas de ciberdelincuencia asciende a 383.285, un 9,3 por ciento superior a 2024. El 52 por ciento son hombres y la franja de edad más frecuente es la comprendida entre los 51 y 65 años, en ambos sexos, que se ven afectados mayoritariamente por estafas relacionadas con tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje, que han perjudicado a 146.737 personas.
Luis Rubí Blanc, cree que las entidades bancarias tienen la responsabilidad de mejorar sus herramientas de prevención del fraude (Imagen cedida por ardiciber)
Muchos afectados siguen sin denunciar
Para Luis Rubí Blanc socio de ardiCiber Hay que insistir en la idea de que los datos de manera simple vienen a decir que el 20% de los delitos que se producen en España (o más bien sobre españoles porque en muchas ocasiones el delincuente está en el extranjero) son delitos cibernéticos, y el 80 % de estos ciberdelitos son ciberestafas.
“Y que estos datos no tienen en cuenta que la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o desconocimiento de sus derechos, por lo que la cifra real es seguro mucho mayor.”
Para este jurista, hay que indicar que las ciberestafas que afectan al tejido social y económico del país ya que afectan desde los ahorros de jubilados de los que dependen en muchos casos sus descendientes (tanto actualmente como tras la herencia), como al de empresas que atentan contra su estabilidad económica y en consecuencia de las familias de sus trabajadores.
“Todo ello sin contar con el efecto en la salud psicológica de las víctimas de ciberestafas sobre la que aún no hay estudios, pero aseguramos desde ardiCiber que es muy relevante”, resalta
Para este experto es importante el papel de las entidades bancarias que deben reforzar su papel con llegada de la IA,”por eso también hay que destacar no solo las medidas para evitar que la víctima sea estafada, con mejoras a la hora de garantizar la inviolabilidad de comunicaciones entre banco y cliente por banca electrónica, sino también incidir en la relevancia de que las entidades bancarias detecten los movimientos incompatibles con el perfil de su cliente ante la sospecha fundada de que su cliente esté siendo engañado y haya caído en una estafa (activación de préstamos preconcedidos, transferencias inusuales por importe y destino al extranjero, etc.)”
A su juicio, “en estos casos el banco no puede evitar que su cliente sea engañado, pero si evitar que su cliente sea estafado y pierda sus fondos, aunque solo sea para que siga siendo su cliente, el banco debería detectar estos movimientos inusuales de sus clientes y, usando la IA, darse cuenta de que está cayendo en una estafa”.
Este experto revela que en estos años se ha puesto foco en el cliente y en prevenir la estafa “ cada vez es más complicado que los usuarios de banca podamos detectar ataques de phishing personalizados debido a fugas de información con respecto a nuestros dato. Es el momento de revisar las obligaciones de los bancos para la prevención del blanqueo de capitales
Para que se produzca una ciberestafa, el dinero tiene que salir de la cuenta bancaria de la víctima (con o sin su permiso) hacia una cuenta bancaria controlada por los estafadores. Y es en esta última cuenta bancaria donde también habrá que pedir responsabilidades a estos bancos destinatarios del dinero estafado ya que están cediendo su infraestructura bancaria, no solo para consumar una estafa, sino también para blanquear el capital estafado.
Para Rubi, es importante agradecer siempre la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que, a pesar de la ingente carga de trabajo que reciben por este tipo de delitos, realizan un gran trabajo en la detención y desarticulación de bandas internacionales cada vez mejor organizadas, y que su trabajo no es más exitoso debido a la precariedad de medios y de personal de los que disponen.
Lo mismo decir para el riesgo de colapso que estos casos suponen para el sistema judicial al no atender la banca las justas reclamaciones de sus clientes y verse obligados éstos a pleitear contra ella a pesar de que la jurisprudencia de este tipo de estafas cada vez se extiende más en favor de los clientes estafados.
Noelia Jiménez Piris constata que es necesaria una cultura de cumplimiento donde empresas, PYMES y profesionales entiendan que cada dispositivo, cada dato y cada algoritmo conlleva riesgos y responsabilidades” (Imagen cedida por la autora)
Falta cultura corporativa en pymes y autónomos
Por último, Noelia Jiménez Piris, socia de la boutique Piris & Luque, abogada especializada en protección de datos, IA y litigación antittrus destaca la falta de asistencia a la formaciones en ciberseguridad por parte de empresarios y autónomos. “En una formación reciente impulsada por un Ayuntamiento e impartida por especialistas de la Guardia Civil no acudió nadie. No se entiende que ante ese riesgo creciente haya tan poco interés”..
Cuando casi un 20% de la criminalidad registrada corresponde a ciberdelitos, el dato ya no es solo una estadística sino un síntoma. La realidad es que buena parte de nuestra vida económica y profesional se ha desplazado al entorno digital, pero no ha ido de la mano con la cultura de riesgo. Las cifras no solo hablan de delincuentes más sofisticados, hablan de organizaciones que siguen asumiendo riesgos sin comprender del todo sus consecuencias”.
“En la práctica, muchos autónomos y PYMES no identifican todavía la cibercriminalidad y el cumplimiento normativo como un riesgo directo para su negocio, sino como algo que les intentan “vender” los abogados, consultores o proveedores tecnológicos. Un gasto más. Una carga más. Es comprensible: el lenguaje jurídico y técnico no siempre acompaña.”, advierte
Sin embargo, el simple hecho de tratar datos personales y apoyarse en sistemas digitales sitúa a cualquier organización dentro de un perímetro de riesgo jurídico que incluye RGPD, obligaciones de seguridad, notificación de brechas y, cada vez más, regulación de servicios digitales e inteligencia artificial (“IA”).
La cibercriminalidad, tal y como la reflejan las cifras oficiales, es también el espejo de cuánto nos falta en formación básica sobre estos deberes. Y ahí, para mí, está el verdadero reto: en cómo los profesionales e instituciones vamos a ser capaces de acercar esa normativa a este colectivo de forma que la perciban como una herramienta para proteger su negocio y aportar valor añadido,
Esta experta indica que la AEPD insiste desde hace años en que sin privacidad no hay ciberseguridad[1]: proteger sistemas tiene sentido porque detrás hay personas y derechos. Las más de 2.700 brechas de datos notificadas en 2025[2] ponen de relieve que muchos incidentes digitales terminan en problemas concretos para los afectados, y en procedimientos muy reales para las organizaciones implicadas.
En este contexto, la formación ya no puede presentarse como un extra opcional, sino como una inversión estratégica en continuidad de negocio. Precisamente, ese es el motivo por el que el conocimiento es clave: entender qué hacemos con los datos, con qué herramientas y con qué límites legales nos permite reaccionar mejor cuando el incidente ocurre y reducir su impacto.
En su opinión, “necesitamos una cultura de cumplimiento donde empresas, PYMES y profesionales entiendan que cada dispositivo, cada dato y cada algoritmo conlleva riesgos y responsabilidades, y que la sensibilización es, al mismo tiempo, la primera línea de defensa y una responsabilidad compartida entre empresas, administraciones y profesionales del derecho y la tecnología”.
