Información al paciente, RGPD, responsabilidad por lo que se firma y Reglamento europeo de IA: qué revisar antes de usar escribas de IA en consulta.
¿Quién responde si un borrador generado por inteligencia artificial atribuye a un paciente una alergia que nunca mencionó y esa información acaba en su historia clínica? La pregunta ha dejado de ser teórica: los asistentes que escuchan la consulta y proponen una nota clínica ya se utilizan en centros sanitarios españoles.
Hay además un dato que explica por qué la gobernanza no puede esperar. En una encuesta a 373 profesionales de atención primaria de Cataluña, recogida en The Lancet Primary Care en 2026, el 80% había usado ChatGPT en su práctica reciente y el 79% no había recibido formación institucional en IA en el último año. El uso ya existe; lo que falta es un marco que lo ordene. Sustituir los chatbots generalistas por herramientas contratadas y supervisadas es, en sí mismo, una medida de cumplimiento.
Lo que sigue es un mapa general, no un asesoramiento; cada proyecto requiere su propio análisis.
La grabación de la consulta y el deber de informar
La voz del paciente y lo que cuenta en consulta son datos personales y, en su mayor parte, datos relativos a la salud. Antes de activar una herramienta que procesa el audio, el paciente debe saberlo. El deber de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige informar de forma clara sobre qué se trata, con qué finalidad, quién interviene y durante cuánto tiempo se conservan los datos.
La base jurídica adecuada, asistencia sanitaria o consentimiento, conviene resolverla con el delegado de protección de datos. Con independencia de esa calificación, la práctica prudente es informar antes de empezar, permitir que el paciente se niegue sin que su atención se vea afectada y dejar constancia de su decisión. Merecen especial atención los menores y los acompañantes cuya voz también queda grabada.
Todo ello convive con la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, cuyos derechos y obligaciones de custodia de la historia clínica la herramienta no altera.
Minimización, finalidad y contrato con el encargado
El RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) no contienen reglas específicas para los escribas de IA, pero sus principios generales se aplican de lleno. La limitación de la finalidad impide reutilizar las grabaciones para fines distintos de la documentación asistencial sin una base que lo justifique. La minimización obliga a preguntarse si el audio debe conservarse una vez generada la nota; la exactitud, a revisar el borrador. Y la integridad y confidencialidad exigen medidas de seguridad acordes con la sensibilidad de los datos.
En la práctica, el proveedor actuará normalmente como encargado del tratamiento, lo que requiere un contrato que fije instrucciones, subencargados, medidas de seguridad, ubicación del tratamiento y, en su caso, garantías para transferencias internacionales. Conviene que ese contrato aclare de forma expresa si el proveedor puede reutilizar los datos para mejorar o entrenar sus modelos. Dado que se tratan datos de salud con una tecnología nueva, es razonable anticipar la necesidad de una evaluación de impacto antes del despliegue.
Lo que se firma sigue siendo del facultativo
Delegar la redacción no traslada la responsabilidad. El contenido de la historia clínica es responsabilidad del profesional que lo valida, y los riesgos son conocidos: omisiones, afirmaciones que el paciente no hizo, dosis mal transcritas o una confianza excesiva en un texto que parece correcto.
La cuestión se agudiza cuando la herramienta va más allá de la nota. Con un asistente como Itaca, por ejemplo, el médico puede recibir también un borrador de receta a partir de lo hablado en consulta; ese borrador carece de efecto alguno hasta que el facultativo lo revisa y lo firma. Jurídicamente, la prescripción sigue siendo un acto del profesional habilitado, con independencia de quién haya tecleado el texto.
Para el centro, esto exige protocolos: revisión íntegra de cada nota y receta antes de firmarlas, sobre todo medicación, alergias y plan terapéutico; formación de los usuarios; y claridad sobre responsabilidades con el proveedor y la cobertura del seguro.
Alto riesgo o no: la finalidad prevista decide
El Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y sigue un enfoque basado en el riesgo: las obligaciones dependen de la clasificación del sistema y del papel de cada actor, ya sea proveedor o responsable del despliegue.
Que un escriba de IA sea o no un sistema de alto riesgo depende sobre todo de su finalidad prevista. No es lo mismo ordenar por escrito la conversación que proponer diagnósticos o tratamientos, algo que podría entrar en la normativa de productos sanitarios. Según el calendario publicado por la Comisión Europea, tras el acuerdo político de simplificación, las normas para sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados, como los dispositivos médicos, se aplican desde el 2 de agosto de 2028. La supervisión humana que el Reglamento subraya coincide, en cualquier caso, con lo que la buena práctica clínica ya exige.
A ello se suma el Reglamento (UE) 2025/327 del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, en vigor desde el 26 de marzo de 2025 y de aplicación escalonada a partir del 26 de marzo de 2027, que afectará a los sistemas de historia clínica electrónica en los que acaban integrándose estos borradores.
Preguntas que el centro debe poder contestar
Antes del despliegue, la dirección y el delegado de protección de datos deberían poder responder por escrito: qué se informa al paciente y cómo se registra su decisión, quién accede al audio y a las notas, cuánto se conservan, qué dice el contrato sobre los datos y quién supervisa la revisión profesional. Con esas respuestas documentadas, la herramienta puede ayudar sin abrir frentes legales innecesarios.
