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La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 571/2025, de 9 de abril, marca un antes y un después en la responsabilidad de las entidades financieras ante los fraudes digitales.

La Sentencia acuerda desestimar el recurso de casación interpuesto por Ibercaja Banco S.A, confirmando la condena a abonar a su cliente 56.474,63 euros más intereses y costas, al considerar que la actuación de la entidad financiera en la gestión del fraude sufrido por el demandante supone un incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

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