Atlante, compañía legaltech líder en servicios procesales y legales en el ámbito de la gestión del crédito, ha celebrado un encuentro sobre la Digitalización de la Justicia junto a expertos del sector legal público y privado para debatir sobre la situación de la transformación digital de la Justicia en España y aportar propuestas para alcanzar un Sistema Judicial eficaz, accesible y sostenible, en el marco de los objetivos del Plan Justicia 2030.
Sonia Benito, Managing Director de Atlante, ha repasado los principales avances recientes en materia de digitalización de la Justicia en España, como la implantación de Lexnet, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal o las notificaciones telemáticas en los procesos civiles, y ha subrayado los principales obstáculos que encuentran los profesionales del sector: “venimos de una tradición jurídica analógica y ahora vemos que comienza a haber voluntad para incorporar herramientas tecnológicas, pero queda mucho por recorrer”.
En ese sentido, Benito ha destacado la necesidad de homogeneizar y tipologizar las distintas herramientas tecnológicas que se utilizan en cada Comunidad Autónoma para centralizar procesos. Además, ha señalado la importancia de promover la interoperabilidad en la Justicia en línea con lo dispuesto en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal y mejorar la transparencia gracias al uso del dato y los metadatos.
Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se ha mostrado optimista en cuanto a los avances tecnológicos de la Justicia para los próximos años, gracias a los distintos proyectos que tiene en marcha la Unión Europea. “Esperamos que Europa sea una isla legal y ética en digitalización gracias a la nueva normación que va a venir en materia de criptomonedas, infraestructuras y redes de almacenamiento, el comercio online, la protección de datos o las finanzas digitales”. El juez ha destacado, a su vez, la importancia que va a tener la propia identidad de los ciudadanos en los procesos judiciales.
En esta línea, Carlos Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro (ANGECO), ha reflejado el impacto económico que tiene una Justicia poco eficiente. “Tenemos 436 mil millones de euros de deuda pendientes de recuperación, y casi la mitad de esa deuda (231 mil millones) está ya en los juzgados a través de 11 millones de expedientes. Digitalizar la Justicia no solo es positivo para la eficacia del sistema, sino que, además, inyectaría una gran cantidad de dinero en nuestra economía. Algo en lo que ha coincidido Sonia Benito, de Atlante: “Actualmente tenemos alrededor de 11.000 millones de euros sin expediente de ejecución, es decir, paralizados en la Justicia. Pero es que 4.900 millones de ellos están ya embargados y en las cuentas de consignación”.
El presidente de ANGECO ha observado “muy poca evolución en la modernización de la Justicia desde los años 2000”. “Las organizaciones del sector tenemos una responsabilidad también para evitar la saturación de la Justicia, y seguiremos ofreciendo soluciones al sector público desde lo privado, pero es necesario que haya una mayor voluntad de la Administración”.
Al hilo de esto, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha apostado por “la implantación de proyectos piloto de vanguardia para tirar del carro de la digitalización, además de incorporar casos de éxito de digitalización de la Justicia que estamos observando en otros países”. Además, Velasco se ha mostrado convencido de que “veremos una Justicia digitalizada y con procesos integrados para 2030, e incluso antes si hay voluntad e inversión”.
Además, los expertos han resaltado la importancia de la formación digital de los futuros juristas para evitar la resistencia a la transformación digital en el sector. “Los abogados del hoy, y no solo del futuro, van a necesitar tener competencias tecnológicas, de gestión o de diseño”, ha afirmado Sonia Benito.
El papel de las entidades especializadas
En una segunda fase del encuentro, diversos expertos debatieron también acerca del papel que cumplen las entidades especializadas en los procesos de subasta extrajudicial frente a las adjudicaciones realizadas a través del Boletín Oficial del Estado, que, según señala Bárbara De Ron, Business Development Manager en Oportunalia, “actualmente adjudica alrededor un 10% de los activos”. Los expertos han coincidido en que la colaboración público-privada es la clave para una Justicia más ágil que evite la pérdida de valor de los activos y unidades productivas.
Ángel Rubio, director de Servicios Legales en Altamira, ha señalado que existe dificultad al realizar una subasta por el BOE, tanto desde el momento de su publicación como durante su gestión, por lo que “muchas veces se cancelan subastas cuyos procesos llevan abiertos hasta cuatro años”. Además, Ángel Rubio ha hecho hincapié en la “ralentización de los juzgados”, lo cual, ha coincidido, “se traduce en la pérdida tanto del valor del activo como de millones de euros que afectan directamente al sector público”.
Manuel Ruíz de Lara, magistrado del Juzgado Mercantil Nº11, ha querido destacar que “no existe actualmente ninguna medida legal ante una infracción técnica durante el proceso de pujas, como puede suceder durante la inserción de un dato monetario”. Por su parte, Adrián Gómez, Letrado de la Administración de Justicia, ha alertado sobre la falta de inversión en justicia que agilice los sistemas electrónicos, que ofrezca seguridad jurídica, rendimiento y eficiencia.
En definitiva, los expertos han coincidido durante el encuentro, que la colaboración de la Administración de Justicia con la entidad especializada brindaría una seguridad jurídica en los procesos de subasta, además de aumentar la transparencia y asegurar la maximización de la visibilidad del activo o unidad productiva, resultando en un mayor valor de adjudicación final del mismo.
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