El acierto de Trump por combatir a los narcos como si fueran terroristas
La estrategia del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en la frontera sur de Estados Unidos, al designar a los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas extranjeras", marca un punto de inflexión en la lucha contra las drogas. Según un artículo de Jesús M. Pérez Triana publicado en El Confidencial el 21 de julio de 2025, esta política, iniciada con una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, reorienta la maquinaria militar estadounidense, originalmente diseñada para la guerra global contra el terrorismo, hacia los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales. La negativa de México a permitir una intervención militar directa ha llevado a operaciones discretas, apoyadas por empresas tecnológicas como Palantir y unidades de élite como la Fuerza Delta y el Equipo SEAL 6. Esta nueva guerra en las sombras combina inteligencia avanzada, vigilancia masiva y colaboración limitada con México, transformando el enfoque tradicional de la lucha antidrogas. Este artículo analiza en profundidad la estrategia de Trump, su implementación, los desafíos que plantea, las implicaciones para la soberanía mexicana y las posibles consecuencias sociales y políticas en ambos lados de la frontera.
El 20 de enero de 2025, coincidiendo con su toma de posesión, Trump firmó una orden ejecutiva que clasificaba a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras", argumentando que no solo desestabilizan países aliados con "violencia y terror", sino que han inundado Estados Unidos con "drogas mortales, criminales violentos y bandas crueles". Esta categorización permitió desplegar herramientas y tácticas de la Guerra Global contra el Terrorismo, incluyendo operaciones de fuerzas especiales, drones y contratistas privados, contra los cárteles. Un mes después, el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado publicó una lista de organizaciones afectadas, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, los Cárteles Unidos, la Mara Salvatrucha MS-13 y el Tren de Aragua. Esta designación no solo refleja la percepción de los cárteles como entidades cuasi gubernamentales que operan con tácticas de insurgencia, sino que también justifica el uso de recursos militares y tecnológicos avanzados para combatirlos, marcando una ruptura con las estrategias tradicionales de interdicción policial.
La reorientación de la lucha antidrogas comenzó con una reorganización militar. La Fuerza de Tarea Conjunta – Norte (JTF-N), con sede en Fort Bliss, Texas, que desde los años 90 se encargaba de la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, asumió un nuevo mandato para "interrumpir y degradar" las redes criminales transnacionales. Aunque no se anunciaron nuevas unidades, se constataron actividades como vuelos de aviones P-8 Poseidón para obtener información en la frontera y frente a Baja California. El 14 de marzo de 2025, se activó la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur (JTF-SB) en Fort Huachuca, Arizona, una base con experiencia en inteligencia y guerra electrónica, bajo el mando del general Scott Naumann y con 9.600 efectivos, incluyendo analistas de inteligencia y zapadores. Esta reestructuración refleja un enfoque militarizado, inspirado en las campañas contra Al Qaeda, que prioriza la inteligencia y la intervención quirúrgica sobre la presencia masiva de tropas, adaptándose a la negativa de México a una intervención directa.
La participación de empresas tecnológicas como Palantir ha sido un pilar clave de esta estrategia. Fundada por Peter Thiel, Palantir se especializa en el análisis de grandes volúmenes de datos y ha jugado un papel crucial en operaciones de inteligencia, como la localización de Osama bin Laden. Su herramienta Gotham permite procesar datos de drones, satélites, interceptaciones de comunicaciones y hasta hidrófonos que detectan narcosubmarinos, automatizando la vigilancia de rutas de narcotráfico y tráfico humano. Estas tecnologías, combinadas con sensores multiespectrales en drones MQ-9 Reaper, capaces de detectar precursores químicos como el fentanilo, han creado una "maquinaria de vigilancia perfecta" que no solo combate el narcotráfico, sino que también se utiliza para controlar la inmigración irregular. Según Wired, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) accedió a registros sanitarios de 40 millones de personas para perseguir inmigrantes, con un presupuesto ampliado bajo el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" de Trump. Esta fusión de objetivos antidrogas y antiinmigración plantea preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos.
La colaboración con México ha sido un punto de tensión. El 3 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó una propuesta de Trump para desplegar tropas estadounidenses en suelo mexicano, declarando que "la soberanía no está a la venta". Sin embargo, México ha aceptado formas discretas de cooperación, como la entrada de diez instructores del 7º Grupo de Fuerzas Especiales para entrenar a la infantería de marina mexicana, que capturó a Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016. Además, el New York Times reportó el 18 de febrero de 2025 un incremento de vuelos de drones MQ-9 Reaper de la CIA en territorio mexicano, un programa iniciado bajo Joe Biden pero ampliado por Trump. Estas operaciones, que incluyen vigilancia de precursores químicos, reflejan una colaboración tácita, aunque limitada, que busca equilibrar la soberanía mexicana con la presión estadounidense para combatir el narcotráfico. Sin embargo, esta cooperación plantea dilemas éticos y políticos, ya que la presencia de fuerzas estadounidenses, como la Fuerza Delta y el Equipo SEAL 6, en Baja California y el Golfo de California, según Intelligence Online, podría ser vista como una injerencia encubierta.
La estrategia de Trump no está exenta de riesgos. Brandon Schingh, en Small Wars Journal, advierte que los cárteles, con presencia en territorio estadounidense, podrían responder con violencia, incluyendo asesinatos y atentados, si sus negocios se ven amenazados. La experiencia de las guerras en Afganistán e Irak, caracterizadas por campañas prolongadas contra enemigos difusos en poblaciones hostiles, sirve como un precedente preocupante. Aunque la tecnología avanzada, como los drones y las herramientas de Palantir, otorga a Estados Unidos una ventaja significativa, la posibilidad de una escalada de violencia transfronteriza sigue siendo una amenaza. Además, la vigilancia masiva, que incluye el acceso del ICE a datos sanitarios, plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el potencial abuso de poder, especialmente en un contexto donde la línea entre narcotráfico e inmigración irregular se difumina. La declaración de Todd Lyons, director del ICE, comparando la deportación de inmigrantes con el servicio Prime de Amazon, refleja una mentalidad que prioriza la eficiencia sobre los derechos humanos, lo que podría exacerbar tensiones sociales.
El enfoque de Trump, al tratar a los cárteles como terroristas, representa un acierto estratégico en varios sentidos. Primero, permite aprovechar recursos militares y tecnológicos desarrollados durante dos décadas de lucha contra el terrorismo global, adaptándolos a un problema doméstico urgente: el tráfico de fentanilo y otras drogas que han causado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Segundo, la implicación de empresas como Palantir introduce una capacidad de análisis de datos sin precedentes, permitiendo una vigilancia más precisa de las redes criminales. Tercero, la colaboración limitada con México, aunque tensa, evita una confrontación diplomática directa mientras maximiza el impacto de las operaciones encubiertas. Sin embargo, este enfoque también genera desafíos significativos. La militarización de la lucha antidrogas podría escalar la violencia en la frontera, especialmente si los cárteles responden con tácticas más agresivas. Además, la vigilancia masiva plantea riesgos para las libertades civiles, particularmente para comunidades vulnerables como los inmigrantes. La experiencia histórica de las guerras de contrainsurgencia sugiere que, sin una estrategia integral que combine inteligencia, cooperación internacional y prevención, la lucha contra los cárteles podría convertirse en un conflicto prolongado y costoso.