- Frente a estas iniciativas el Gobierno central mantiene bloqueadas dos proposiciones de ley del PP para la exención de estas ayudas
Las comunidades autónomas como País Vasco, Navarra y ahora Galicia las que han acelerado en 2025 para corregir lo que califican como un “sinsentido” de que las ayudas a las víctimas de la talidomida no tengan la exención en el IRPF.
En enero, el País Vasco aprobó la exención del 100% de las ayudas en las tres provincias gracias a su competencia fiscal propia y con apoyo del PSE, un gesto que Avite considera contradictorio con la negativa del mismo partido a desbloquear la ley en Madrid. Navarra siguió el mismo camino en noviembre, también con un Gobierno socialista, lo que, según la asociación, evidencia diferencias de trato entre territorios.
En la actualidad, AVITE, asociación que engloba a la mayor parte de afectados por la talidomida, denuncia que el Gobierno ha vetado o bloqueado iniciativas legislativas para eximir fiscalmente estas ayudas, argumentando que no procede, lo que ha sido calificado de "inaceptable" por las víctimas,
El PP ha presentado varias proposiciones de ley en el Congreso y el Senado para lograr la exención fiscal total y retroactiva de las ayudas reguladas por el Real Decreto 574/2023, pero no han prosperado a nivel nacional, de acuerdo con el Partido Popular y el Congreso de los Diputados.
La asociación de afectados recuerda que la Proposición de Ley del Senado 124/000012, que incluye un único renglón para introducir esta exención en la ley del IRPF, fue aprobada por amplísima mayoría en la Cámara Alta, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE.
Impacto en las Víctimas: La no exención fiscal implica que las víctimas pierdan un porcentaje significativo de las ayudas recibidas, ya que se aplica una tributación que reduce su importe, algo que las asociaciones como AVITE (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) denuncian como una discriminación, con otros afectados.
Pese al apoyo unánime de las fuerzas políticas en público, Avite denuncia que la tramitación de la ley permanece inexplicablemente encallada en la Mesa del Congreso, donde acumula ya más de 50 ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas con los votos de PSOE y Sumar. La asociación lamenta que el Ejecutivo esté frenando una iniciativa “de justicia” que afecta a un colectivo ya castigado durante décadas y reclama que se deje de “jugar con la dignidad” de las víctimas.
La presión autonómica se intensificó en otoño. En octubre, Avite remitió cartas a todos los presidentes y consejeros de Hacienda autonómicos para solicitar, si no la exención estatal total —solo posible a través del Congreso salvo en territorios forales—, al menos la bonificación del tramo autonómico del IRPF.
Galicia anunciaba en noviembre un proyecto para reducirlo en un 50%, que ahor esa deducción se aprobará en diciembre integra, mientras que La Rioja, Extremadura, Murcia y Canarias mantienen conversaciones “muy avanzadas” para adoptar medidas similares. Según nos indicaba recientemente su vicepresidente Rafael Basterrechea “somos el único país del mundo donde se han establecido este tipo de impuestos a las indemnizaciones. Estamos tramitando una ayuda del gobierno alemán y está será sin ningun tipo de impuesto añadido”.
Los afectados con los politicos: de izquierda a derecha Raquel Arias, diputada y portavoz de Política Social, Julio García Comesaña, diputado y ponente del proyecto de Ley de acompañamiento a los presupuestos, Paula Prado, diputada y secretaria general del Partido Popular de Galicia, Alberto Pazos, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Galicia FOTOS AVITE
Galicia exime el tramo autonómico
En esta sesión se votó el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que apueste por la exención autonómica del IRPF en el tramo autonómico para las víctimas de la talidomida
*Exposición de motivos de la norma se indica en su página 10
En esta misma línea, las personas afectadas por la sustancia activa talidomida a lo largo del período 1950-1985 tienen derecho, según la normativa estatal y según los reconocimientos realizados judicialmente, a la obtención de una ayuda pública, que tributa igualmente en el IRPF como ganancia patrimonial
. Desde hace tiempo las personas afectadas vienen requiriendo del Estado la exención de la tributación en este impuesto, de forma equiparable a las otras dos exenciones previstas en el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del impuesto sobre la renta de las personas físicas, como son las percibidas por las personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana o las personas afectadas por el tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público.
La Xunta de Galicia, conocedora de la situación de las personas afectadas, dentro de su capacidad económica y con la finalidad de aliviar esa carga fiscal y que la ayuda sea empleada en atender las necesidades de estas personas, incorpora una deducción en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que consistirá en el importe resultante de aplicar los tipos medios de gravamen de la base imponible general al importe de la subvención o ayuda pública en la base liquidable.
Toda vez que estas ayudas se vienen percibiendo desde el año 2023, y para evitar cualquier diferencia de trato entre las personas afectadas en Galicia, esta deducción tendrá efectos desde el 1 de enero de 2023.
En el texto en su página 35 se indica en el artículo 2 que Deducciones en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Se modifica el artículo 5 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio , de la siguiente manera:
También en el artículo cuatro Se añade un apartado veintiséis, con la siguiente redacción:
«Veintiséis. Deducción por las ayudas recibidas por las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985. Cuando el contribuyente integre en la base imponible general el importe correspondiente a la ayuda pública destinada a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985, podrá aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que consistirá en el importe resultante de aplicar los tipos medios de gravamen al importe de la ayuda pública en la base liquidable.»
Disposición última tercera. Entrada en vigor donde se indica que esta ley entrará en en vigor el 1 de enero de 2026. Exceptuando lo dispuesto en el numero anterior y y) La deducción por las ayudas recibidas por personas afectadas por la talidomida, prevista en el apartado veintiséis del artículo 5 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio , en la redacción dada por esta ley, que producirá efectos desde el 1 de enero de 2023.
Tres luchadores, José Riquelme, presidente de AVITE, Rafael Basterrechea vicepresidente e Ignacio Martinez, abogado de la entidad FOTOS AVITE
Sensibilidad con afectados
Hace un mes la portavoz de Política Social del PPdeG en el Parlamento, Raquel Arias, acompañada del diputado en el Congreso Pedro Puy, se reunian con afectados por la talidomida en Galicia entre 1950 y 1985 para trasladarles que los presupuestos de la Xunta para el próximo año incluyen la exención en el tramo autonómico del IRPF de las ayudas que reciben estas personas desde el 2023.
Así, la portavoz de Política Social destacaba que "el Gobierno gallego vuelve a mostrar su compromiso y sensibilidad con las personas con discapacidad, en este caso las afectadas por la talidomida, atendiendo su demanda de exención fiscal de las ayudas que reciben".
En concreto, ha detallado que el objetivo es que la ayuda que perciben sea destinada íntegramente a atender las necesidades de estas personas, para lo cual disfrutarán de una deducción en la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta.
Además, esta deducción tendrá efectos desde el 1 de enero de 2023, año desde el que las personas afectadas comenzaron a percibir estas ayudas estatales. El PP ha recordado en una nota de prensa que los afectados por la talidomida son personas que sufrieron malformaciones congénitas o daños neurológicos, ya que la madre tomó este medicamento durante el embarazo.
Las víctimas en España incluyen a los niños que nacieron entre 1950 y 1985 con malformaciones severas, como la ausencia el reducción de extremidades, y otras alteraciones orgánicas, visuales y auditivas.
Con todo, Pedro Puy ha criticado la negativa del Gobierno central de aceptar en el Congreso la propuesta del Partido Popular "para reconocer esta exención fiscal para las ayudas que reciben las personas afectadas por la talidomida a nivel de toda España".
