Esta entidad advierte la conversión de la Mesa del Congreso en un mecanismo de bloqueo permanente capaz de enterrar iniciativas legislativas durante años sin debate, sin votación y sin control democrático efectivo. Y pide la reforma urgente del Reglamento de dicha Mesa.
Con el lema, “Han secuestrado las leyes, la sociedad civil ha decidido levantarse”. funcionarios de prisiones, víctimas de la talidomida afectados por la Ley de Costas, profesionales de la Imagen Personal y representantes del deporte náutico protagonizan una alianza histórica frente al deterioro democrático.
Es la aparición del Frente Cívico por la Calidad Democrática que da soporte a más de un millón y medio de españoles preocupados por el bloqueo parlamentario de determinadas leyes que siguen sin aprobarse. La iniciativa es que se unan otras asociaciones a esta plataforma. Los dos objetivos es acabar con el bloqueo de la Mesa a la que se van a enviar escritos para que eliminen estas prácticas y al mismo tiempo que se cambie el Reglamento del Congreso de los Dipuados.
Las entidades que lo impulsan han suscrito un Manifiesto donde denuncian la situación de sus iniciativas legislativas paralizadas. Así se han integrado en esta plataforma la Asociación de Víctimas de la Talidomida (AVITE); que preside José Riquelme; La Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen (ANEPE-IMPE) de la que es cabeza visible Diego Sanz, como presidente, el sindicato de prisiones Tu Abandono me puede matar (TAMPM) con Cristina del Villar, jefe de servicios del Centro Penitenciario de Zuera en Zaragoza y Francisco Ros, presidente de la Asociación En Defensa Playas Norte de Dénia, defensor de los afectados de la Ley de Costas.
La reciente denuncia penal planteada desde la Asociación de Víctimas de la Talidomida, (AVITE) con fecha 26/3/26 interpusiera denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un delito prevaricación administrativa por omisión contra los siguientes miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, como son Francina Armengol Presidenta.; Alfonso Rodríguez, Vicepresidente Primero. Esther Gil de Reboleño , Vicepresidenta Tercera; Gerardo Prados, Secretario Primero e Isaura Leal, Secretaria Segunda ha provocado la unidad de distintos colectivos.
En la Asamblea General de AVITE, celebrada este domingo, se ha indicado que se está pendiente de ser admitida a trámite. Dicha denuncia se basa en la obstaculización dolosa de dos iniciativas legislativas -hasta la fecha con hasta 63 prórrogas- que regulan la exención fiscal de las ayudas a los afectados de la talidomida. Según nos comenta Jose Riquelme, Presidente de AVITE, firmante de la denuncia, los hechos revisten especial gravedad cuando, con el voto del PSOE, dicha exención fiscal sí está aprobada en el País Vasco, Navarra y Galicia , lo que supone un agravio intolerable entre españoles.
En la actualidad, el 90 % de los afectados por talidomida ya cobraron su indemnización pero se les ha descontado un 47 por cien de IRPF. El colectivo sigue luchando para lograr esa devolución de ese dinero que se les ha sustraído y ya está impulsando, con una abogada alemana experta en estos temas, distintas reclamaciones de afectados españoles ante la Fundacion Contegan, encargada de reparar los daños de los afectados de toda Europa, ahora propiedad del Gobierno alemán en estos últimos años.
Sentencia Constitucional, clave
Precisamente, la reciente resolución del Tribunal Constitucional (Nota 45/2026) dinamita el modelo de bloqueo legislativo utilizado durante años en el Congreso y declara inconstitucional el abuso de las prórrogas parlamentarias como instrumento de veto político.
El Alto Tribunal concluye que la utilización abusiva y sistemática de las prórrogas de enmiendas vulnera el artículo 23.2 de la Constitución Española al impedir el ejercicio efectivo de la representación política y convertir un procedimiento administrativo en un instrumento de obstrucción parlamentaria.
La sentencia es contundente: las prórrogas ilimitadas constituyen un auténtico “veto de facto”, incompatible con la democracia representativa y lesivo para la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, comenta Francisco Ros a este periodista.
La reiteración ilimitada de prórrogas supone una vulneración del principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 6.3 de la Constitución Española. Un simple reglamento de orden interno está vaciando de contenido un precepto constitucional y alterado, de facto, el equilibrio de poderes diseñado por la Carta Magna.
Para los organizadores de esta iniciativa, se asisten al nacimiento de una de las mayores movilizaciones cívicas de las últimas décadas. El Frente Cívico por la Calidad Democrática ha quedado formalmente constituido como una gran plataforma nacional integrada por colectivos sociales, profesionales y ciudadanos que representan a más de un millón y medio de españoles afectados por la parálisis deliberada de leyes respaldadas por la mayoría parlamentaria.
Como idea principal, denuncia la conversión de la Mesa del Congreso en un mecanismo de bloqueo permanente capaz de enterrar iniciativas legislativas durante años sin debate, sin votación y sin control democrático efectivo.
Desde la Asociacion de Víctimas de la Talidomida (AVITE) que celebró este domingo su Asamblea General se ha interpuesto hace unos meses una demanda penal a la Mesa del Congreso ante esa inacción. La propuesta planteada por el PP de eliminar el IRPF de las compensaciones recibidas lleva casi dos años bloqueada (AVITE)
Leyes bloqueadas
Desde el Frente Cívico se denuncia a este periodista que decenas de iniciativas legislativas continúan secuestradas en un limbo parlamentario artificial, privadas deliberadamente de tramitación, debate y votación pese a contar con respaldo suficiente para avanzar.
“No hablamos de retrasos administrativos. Hablamos de derechos congelados, familias abandonadas y ciudadanos invisibilizados por un sistema que ha utilizado el procedimiento parlamentario como un muro contra la propia democracia”, señala el manifiesto fundacional”, indica Diego Sanz.
El manifiesto, al que ha tenido acceso este medo, exige la tramitación inmediata de leyes que cuentan con el respaldo mayoritario de las Cámaras pero que permanecen "congeladas" administrativamente:
1. LA REBAJA DEL IVA AL 10% PARA LA IMAGEN PERSONAL (Exp. 122/000097): El sector de peluquerías, centros de estética y barberías exige el fin del bloqueo a una medida que ya acumula más de 90 prórrogas, alrededor de 2,5 años paralizados en la mesa del congreso.
2. LA LEY DE EXENCIÓN FISCAL PARA LAS VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA (Exp. 124/000012) Y SUS FAMILIAS: Reparación histórica urgente para los afectados de AVITE, cuyas ayudas están siendo castigadas fiscalmente por una parálisis que supera las 68 prórrogas, alrededor de 2 años paralizado en la mesa del congreso.
3. LA LEY DE AGENTES DE AUTORIDAD PARA FUNCIONARIOS DE PRISIONES (Exp. 122/000037): Protección jurídica para los servidores públicos “Tu Abandono Me puede Matar (TAMPM) que garantizan nuestra seguridad, víctimas de un bloqueo que suma más de 100 prórrogas, alrededor de 4 años paralizado en la mesa del congreso, como aclara Cristina del Villar, miembro de ese sindicato.
4 LA LEY DE COSTAS / PROTECCIÓN DE NÚCLEOS TRADICIONALES (Exp. 124/000006 y 122/000181): Desbloqueo urgente para dar seguridad jurídica a los miles de familias del litoral y al deporte náutico, tras acumular más de 80 prórrogas, alrededor de 2 años paralizado en la mesa del Congreso.
Hay que romper la inercia
Desde este colectivo se nos indica que “la soberanía nacional no puede quedar retenida en un despacho”. Esta entidad advierte advierte de que no permitirá que las demandas legítimas de millones de ciudadanos continúen siendo neutralizadas mediante mecanismos de bloqueo encubierto.
La plataforma exige una reforma inmediata del Reglamento del Congreso que impida que ninguna mayoría política pueda volver a utilizar la Mesa como una herramienta para silenciar leyes incómodas o suspender indefinidamente la voluntad parlamentaria. En esa reforma nos explican que quieren varias cuestiones:
- La limitación temporal y tasada de las prórrogas parlamentarias.
- La motivación jurídica reforzada de cualquier ampliación de plazo.
- La transparencia en los procedimientos de bloqueo.
- Y la preservación efectiva de los derechos de las minorías y de la representación parlamentaria.
Para Ros, la democracia parlamentaria exige mecanismos de control que impidan que las herramientas procedimentales sean utilizadas con fines obstruccionistas o de desviación institucional.
El funcionamiento regular de las Cámaras no puede quedar sometido a decisiones discrecionales carentes de proporcionalidad, razonabilidad o control político efectivo
“La democracia muere lentamente cuando las leyes dejan de debatirse, cuando las mayorías dejan de decidir y cuando los ciudadanos descubren que su voto puede quedar atrapado indefinidamente en un cajón administrativo”, indican
El Frente Cívico anuncia el inicio de una agenda coordinada de acciones jurídicas, institucionales y sociales para garantizar que ninguna iniciativa legislativa vuelva a ser condenada al silencio indefinido ni a la invisibilidad parlamentaria.
Este movimiento asociativo recuerda que siguiendo los valores de la Unión Europea se fundamenta, conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que se fundamentan en el respeto a la Democracia.; Estado de Derecho.; Pluralismo político.: Libertad; Igualdad y respeto de los derechos fundamentales. Si se altera el funcionamiento de las instituciones españolas, no es solo un problema interno de procedimiento parlamentario, sino ante una cuestión que afecta directamente a la calidad democrática del Estado y al cumplimiento de los estándares europeos de gobernanza institucional.
Por ello, este Frente Cívico manifiesta expresamente su determinación de acudir, si fuese necesario, a las instituciones europeas competentes —incluyendo el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— en defensa de los principios constitucionales y democráticos que amparan a todos los ciudadanos europeos.
