Los profesionales intervinientes en el sistema español de justicia se encuentran, paradójicamente, discriminados por la ley y apartados del sistema público de pensiones, pues la obligatoriedad de cotizar y formar parte de una mutualidad les ha conducido a una situación de jubilación de “precariedad e incertidumbre en su futuro económico”, sostiene David Sarria Rodríguez, presidente de la Mutualidad de Procuradores.
El futuro de miles de profesionales está en manos de la voluntad política, quien en su propuesta de Ley que se ha planteado es “poco accesible y sin reconocimiento pleno de los derechos de los profesionales afectados, lo que hace que la propuesta esté lejos de solucionar el problema”, explica el presidente.
Mutualistas en lucha por una pasarela justa
Ya son más de dos años en los que los mutualistas de la procuraduría pelean por el cumplimiento del derecho establecido en el artículo 50 de la Constitución Española mediante “un proceso por el cual puedan incorporarse al Régimen Especial de trabajadores Autónomos (RETA) y disponer de pensiones dignas a razón de su trabajo”, nos recuerda Sarria.
“Es necesario que las administraciones agilicen los trámites y reconozcan los derechos de estos profesionales”, asegura el procurador al frente de la institución. Concluyendo que solo una pasarela que equipare a los procuradores con los autónomos ya incluidos en el RETA permite “garantizar la justicia social y el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución”.
La Mutualidad de Procuradores no se olvida que esta situación de pensiones por debajo de mínimos tras una vida de trabajo afecta a otros colectivos y el presidente de la Mutualidad les “invita a unirse por esta causa, ya que una lucha conjunta tendrá más fuerza”.