Imagen de la Mesa del Diálogo social sobe prevencion de riesgos laborales que reune a patronal y sindicatos bajo la presidencia de Joaquín Perez Rey, secretario de Estado de Empleo (Ministerio de Trabajo)
- UGT acusa a las patronales empresariales de entorpecer las negociaciones en los últimos meses y de frenar cualquier avance
Se acaban de cumplir treinta años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una norma que en su día aterrizo la seguridad e higiene en el trabajo. Sin embargo, la complejidad de las relaciones laborales ha hecho que ese marco legal tenga que actualizarse y que haya repuntado la siniestralidad laboral. Desde firmas como RSM se reclama que las empresas definan bien sus protocolos de actuación cuando exista un siniestro. Así lo explicaba Mario Blanco, socio de Tax & Legal a esta publicación hace unos días. “Las primeras veinticuatro horas son claves a la hora de gestionar ese accidente”.
Patricia Ruiz es la secretaria de Salud Laboral de UGT, una posición clave donde trabaja en la prevención de riesgos laborales. UGT. Esta experta aboga por una nueva ley de prevención que aborde los retos actuales como la salud mental y la digitalización, y busca reducir la cifra de accidentes laborales y la exposición a riesgos. Reconoce que la mesa de diálogo social va lenta, “hasta antes del verano se veían avances, cuestiones en las que empresarios y sindicatos estábamos de acuerdo en la reforma de la legislación y mejorar los servicios de prevención ajenos. Llevamos año y medio de negociaciones y que ahora la actitud de CEOE y de CEPYME es de oponerse a cualquier avance”.
Para UGT urge reformar esta norma que acaba de cumplir sus primeros treinta años de vida “Debe ser una ley que proteja a los trabajadores de los riesgos laborales del siglo XXI. Hace treinta años no existían los riesgos digitales, tampoco existían de forma acelerada y clara los problemas de salud mental. Los riesgos climáticos de exposición a temperaturas extremas están ahí tampoco están recogidos en esa normativa. Junto a ello hay que incluir en la norma la perspectiva de género, los riesgos específicos que afectan a las mujeres que tampoco están contemplados”.
En su opinión “junto con estas reformas que hay que incluir en esta ley que data de 1995 hay que reforzar la protección en las pequeñas y medianas empresas. El 74% de los accidentes de trabajo que se producen es en nuestras pymes, en 1 de cada 3 accidentes no estaba hecha la evaluación de riesgos en esas empresas. El 8% de las muertes en accidente laboral se producen en empresas de más de 500 personas trabajadoras, frente al 74% en las pymes. Crear la figura del Delegado Territorial seria el enlace entre la seguridad y los recursos estatales y de CCAA para la prevención para que llegasen a esas pymes de forma regular”.
Desde su punto de vista “hay una situación de bloqueo de la mesa por parte de las mesas empresariales. Aparecen pegas donde antes no aparecían y es bastante decepcionante el diálogo social porque el comportamiento de CEOE y de CEPYME está siendo obstruccionista con cuestiones que estaban ya superadas. Hay que recordar que 833 personas han perdido la vida en lo que va de año, según datos actualizados. Las pymes tienen la obligación de contar con un servicio de prevención propio o ajeno, según los ratios en los que se muevan en materia de personal, sin embargo la problemática de accidentes es demasiada elevada”.
Patricia Ruiz, secretaria de salud laboral de UGT, denuncia la actitud obstruccionista de las patronales empresariales para llegar a un acuerdo sobre una nueva ley de prevención de riesgos laborales (UGT
Externalización del servicio de baja calidad
A su juicio, “Nos preocupa como las pymes gestionan sus riesgos laborales. En un 90% se externaliza ese servicio lo que esta precarizando este servicio. El año pasado el 36% de los accidentes no tenía la evaluación de riesgos realizada. Además muchos de los accidentes mortales tienen lugar en la jornada laboral a ir y venir del trabajo. La primera causa de accidente laboral son los derrames cerebrales y los infartos, detrás de ello están muchas situaciones relacionadas con el estrés. Una encuesta europea señalaba que el 29% de los trastornos mentales estrés, depresiones, tenían un origen laboral y en España esos datos llegan al 40%”.
Desde su punto de visa “hay un déficit publico en el servicio de atención como en las empresas a través de las mutuas para el reconocimiento de estas enfermedades. Harían falta más médicos y psiquiatras que pudieran hacer más evaluaciones y que pudieran detectar posibles riesgos relacionados con esas dolencias. Es una situación dramática que sigue aumentando en sectores como la construcción, en todas las CCAA y todo tipo de lesiones con accidentes con baja. Los riesgos básicos, con los emergentes en situaciones de calor es algo intolerable. Hay que demandar a esos servicios de prevención ajenos más excelencia”.
Para esta sindicalista “es el momento de endurecer la legislación para que las pymes cumplan con la ley. Si no tienen la suficiente dotación económica para hacerlo, eso es una cuestión que debe resolverse con fórmulas para que las empresas puedan realizar ese servicio de prevención de forma excelente. Estamos abiertos a implementar ayudas para que estos servicios se pongan en marcha, también reforzar la formación a altos cargos, mandos intermedios y empresas trabajadoras. Incluso a impulsar figuras en el seno de las empresas que pudieran ayudar en ese cumplimiento, sin que tengan que ser sindicales, como ya se hace en La Rioja o Asturias”.
En esas CCAA recuerda que “se han creado las figuras de Delegados Territoriales de Prevención de Riesgos que forman equipos y asesoran a las pymes para que se formen y cumplan con la legislación. También pueden ser interlocutores con la inspección de trabajo o la fiscalía si fuera necesario en caso de accidente. Pueden ser de gran ayuda a crear la cultura preventiva que en muchas empresas aún no existe. Nos preocupa el cambio de la talante de los empresarios en la mesa de diálogo social que no quiere hablar de ninguno de estos temas. Todo son pegas y no hay propuestas”.
Falta Plan Salud Mental
Nuestra interlocutora recuerda que el Gobierno, a través de su vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, Yolanda Diaz, hablo de poner en macha un Plan de Salud Mental en las empresas que de momento aun no se ha puesto en marcha. “Parece que el año que viene lo quiere impulsar. En este escenario se debe contar con el Ministerio de Sanidad porque debe reforzar el Servicio Público de Salud y las propias CCAA. Al mismo tiempo creemos que las empresas pueden hacer más cosas. Son protocolos que las pymes tienen que hacer para evaluar los riesgos psicosociales pero no son obligatorios como los Planes de Igualdad. Solo un 5% de las empresas los utilizan”.
Sobre la implementación de dichos protocolos, Patricia Ruiz nos confiesa que aún hay empresarios que niegan que las condiciones laborales puedan generar estrés o depresión, lo que dificulta que se puedan poner en marcha. pese a que estudios europeos hablan que en el 2022 se podrian haber evitado 170.000 cuadros depresivos si las condiciones hubieran cambiado. En algunas sentencias judiciales se indica que casos de suicidios son accidentes laborales. Negar la evidencia sale caro porque no se establecen medidas para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir”.
En este escenario UGT cree que reformas como la reducción de jornada laboral, ahora sin apoyo parlamentario por el momento, podria ayudar a reducir esa siniestralidad laboral que existe “los datos que se manejan a nivel europeo y en nuestro país, así lo corroboran en estudios pilotos que se han hecho en todo tipo de empresas y sectores asi lo ratifican. Hay una mayor conciliación y satisfacción de la tarea cpn niveles mejores de estrés ayudarían a reducir esos accidentes laborales que en algunas ocasiones son mortales. De momento no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de debatirlo en el Congreso de los Diputados pese a la importancia de la medida”.
El problema está ahí latente “Pese a la obligación legal, para muchas empresas no es prioritario cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. El ahorro de unos euros para impulsar una cultura preventiva mas presente es algo que estamos viendo y que debe castigarse. No invertir en salud y en salud mental sale caro. Muchas de las bajas que se están produciendo por incapacidad temporal (IT) serian evitables con medidas de prevención activas en las propias empresas” advierte la responsable de Salud laboral en UGT.
