La Audiencia de Badajoz condena también a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, y al resto de los acusados, pero absuelve a todos ellos del delito de tráfico de influencias, por lo que no impone las penas de prisión que solicitaban las acusaciones.
La Sección Primer de la Audiencia Provincial de Badajoz con la sentencia 00152 / 2026 que acaba de hacerse pública ha condenado hoy, 14 de julio de 2026, a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y a Miguel Ángel Gallardo, junto a otros nueve acusados, por prevaricación administrativa. La pena: nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo a cada uno. Gallardo, condenado por dos delitos, acumula dos penas de nueve años.
La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Emilio Francisco Serrano , a lo largo de sus 377 páginas declara probado que el puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se creó en 2016 a su medida, se adjudicó mediante un proceso amañado y se transformó en 2022 bajo un falso «cambio de nomenclatura», amparado en un reglamento que jamás fue aprobado ni publicado.
El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares. De este modo, el tribunal descarta la petición de cárcel de hasta seis años que pedían Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía pedía la absolución de David Sánchez y del resto de encausados, entre ellos, el presidente de la Diputación y ex secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La Audiencia ha impuesto la misma pena a los otro nueve acusados
El Ministerio Fiscal no formuló acusación: la condena se ha obtenido exclusivamente gracias a las acusaciones populares, entre ellas Hazte Oír, personada desde la instrucción. Los condenados pagarán además las costas de las acusaciones populares.
Las acusaciones populares solicitaban para el hermano del presidente del Gobierno y para Gallardo seis años de cárcel, el doble de lo que pidieron en un principio, al considerar que se creó el puesto "a medida" para él y que se fingió un proceso selectivo que no fue real. También denuncian que no se controlaron sus ausencias en su puesto de trabajo.
A todos los acusados en el juicio, once en total, el tribunal les impone la misma condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además de imponerles la mitad de las costas procesales.
El tribunal considera al resto de los condenados autores por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. En concreto se trata del amigo personal de David Sánchez que era jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz, Luis María Carrero, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud Manuel Candalija, la concejala de Olivenza y jefa de Recursos Humanos en la Diputación de Badajoz Juana Cinta, la coordinadora en la Delegación de Igualdad Emilia Parejo, el alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deporte Francisco Martos, la exdirectora del Área de Cultura Elisa Moriano, la concejala en Talavera la Real y exdelegada en el Área de Cultura Juventud y Bienestar Social Cristina Núñez y el jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección Félix González.
La importancia de la acusación popular
El secretario y letrado jefe de HO, Javier Mª Pérez-Roldán subraya que «el fiscal no acusó; la sociedad civil sí. Sin acusación popular, hoy no habría condena: esto es exactamente lo que el Gobierno pretende suprimir».
Asimismo, apuntan al alcance del fallo, destacando que «la Diputación de Badajoz se convirtió en la agencia de colocación de la familia Sánchez: un puesto inventado, un proceso a medida y un sueldo público sin trabajo real».
Fuentes de la organización añaden que «Hazte Oír prometió llegar hasta el final y hoy cumple: defenderemos esta condena ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura frente a los recursos que vengan».
También nos indican que esta sentencia demuestra que las cloacas de Leire, la directora de la Guardia Civil y el general Llamas fracasaron porque no contaron con la perseverancia de las acusaciones populares.
La sentencia se conoce un mes después del juicio oral celebrado en la Audiencia Provincial para determinar si la Diputación de Badajoz 'enchufó' a David Sánchez y este, a su vez, influyó en la contratación de su amigo Luis María Carrero en la institución provincial para una plaza en comisión de servicio.
El juicio se desarrolló entre el 28 de mayo y el 9 de junio, cuando quedó visto para sentencia tras la presentación de los informes finales de las defensas de los once acusados. La Fiscalía y las defensas pedían la absolución, mientras las acusaciones hablaban de "farsa" en la contratación.
El procedimiento penal que ha desembocado en esta sentencia comenzó a fraguarse a raíz de una denuncia que el sindicato Manos Limpias presentó en 2024, siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno. El epicentro de la causa se situó en la creación y el diseño, por parte de la Diputación de Badajoz, de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios de música del organismo provincial.
La decisión de crear ese puesto de alta dirección en 2017 se efectuó cuando Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal de 1 de octubre y el proceso de selección se activó cuando aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.
