Esta resolución marca un precedente relevante en materia de protección de víctimas y diligencia judicial en casos de violencia sexual.
La sentencia, concluye que el Estado español vulneró dos derechos fundamentales: la prohibición del trato inhumano o degradante y el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
El caso se refiere a la investigación de las denuncias presentadas por las demandantes, quienes afirmaron haber sido drogadas y agredidas sexualmente mediante sumisión química. La Corte ha considerado que las autoridades españolas no llevaron a cabo una investigación efectiva, señalando fallos graves como la pérdida sistemática y manipulación de pruebas potencialmente cruciales bajo custodia policial, la falta de garantías de independencia en el proceso investigador y una respuesta manifiestamente inadecuada ante estos fallos, que exceden los “errores aislados” o simples omisiones.
El TEDH también ha subrayado que las medidas adoptadas por las autoridades no lograron compensar la pérdida de pruebas esenciales para esclarecer las acusaciones. Además, las investigaciones sobre posibles irregularidades policiales se iniciaron con un retraso considerable y fueron encomendadas a los mismos órganos judiciales y policiales que supervisaron la investigación original.
La sentencia pone de relieve la falta de coordinación entre los servicios médicos y judiciales, así como la ausencia de protocolos específicos para la recogida de pruebas toxicológicas en las primeras horas tras la denuncia. Esta omisión, según el TEDH, comprometió la posibilidad de esclarecer los hechos y de proteger adecuadamente los derechos de las víctimas.
Esta sentencia refuerza la exigencia de diligencia reforzada en casos de violencia sexual, especialmente cuando existen indicios de sumisión química, y obliga a España a revisar sus protocolos de actuación para garantizar que las víctimas reciban una protección efectiva y conforme a los estándares internacionales.
Diversos colectivos jurídicos y asociaciones de defensa de los derechos humanos han valorado positivamente la resolución, señalando que refuerza la exigencia de diligencia reforzada en investigaciones de violencia sexual, especialmente cuando existen indicios de uso de sustancias para anular la voluntad de la víctima.
Este pronunciamiento se suma a otras resoluciones del TEDH que han instado a los Estados miembros a mejorar sus sistemas de respuesta ante la violencia sexual, especialmente en contextos donde la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema.