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Cuando una autoridad o funcionario público dicta una resolución que sabe que es injusta, no solo perjudica a la persona afectada, sino que socava la confianza de toda la ciudadanía en las instituciones. Esta conducta, lejos de ser un simple “error administrativo” o una mala decisión, puede constituir un delito grave regulado en el Código Penal y conllevar importantes consecuencias penales y profesionales para su autor.

Comprender qué es exactamente la prevaricación, cuándo se considera delito y qué penas lleva aparejadas es fundamental tanto para quienes trabajan en la Administración o en la Judicatura, como para cualquier ciudadano que sospeche haber sido víctima de una resolución arbitraria.

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