- Asociaciones de propietarios como la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación pide el rechazo al Decreto Ómnibus que se vota mañana martes: “Se puede conseguir la subida de pensiones y las ayudas al transporte, sin que el escudo social recaiga sobre los propietarios”.
Ante la votación decisiva del decreto Ómnibus este martes, 27 de enero, en el Congreso de los Diputados, la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación hace un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para que no convaliden el Real Decreto-ley Ómnibus, ya que incluye la medida de paralización de desahucios que protege a ocupas e inquiocupas, pero que sobre todo deriva las funciones del escudo social a pequeños propietarios. La postura del PP será clave, si se abstiene podria salir aprobado. La Plataforma logró una reunión con Puigdemont y Junts les asegura que votarán mañana en contra.
La organización denuncia que, tras una intensa ronda de contactos con PP, VOX, PNV, Junts y Coalición Canaria, el bloque del Gobierno sigue dando la espalda a los ciudadanos. En este sentido, la Plataforma lamenta profundamente que se haya solicitado una reunión formal con el grupo parlamentario Sumar, la cual no ha recibido respuesta alguna, confirmando el desprecio de la formación hacia las miles de familias atrapadas en la ocupación e inquiocupación.
La Plataforma también ha trasladado su malestar a sectores del PSOE. Tras varias reuniones estériles con ellos, la Plataforma ha percibido una fractura evidente dentro de las filas socialistas. Mientras diversos diputados, senadores y cargos electos del PSOE admiten en privado su preocupación por las consecuencias del decreto en las víctimas y en la destrucción del mercado del alquiler, el Ejecutivo mantiene un cierre total a cualquier modificación de la medida.
Es indignante que, mientras se habla de diálogo y transparencia, el Gobierno mantenga un muro y un silencio atronador con las víctimas, ya que llevamos más de 4 años solicitando mensualmente una reunión con los ministerios competentes (vivienda y justicia) sin éxito.
La Plataforma denuncia que la inclusión de la prórroga de la suspensión de desahucios dentro del Decreto Ómnibus constituye un auténtico "chantaje legislativo". El Gobierno utiliza de forma premeditada medidas de amplio consenso como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte para forzar un único voto de aprobación o rechazo al pack de medidas, que también oculta la protección a ocupas e inquiocupas.
De esta manera, si los partidos políticos votan a favor, estarán validando el secuestro de la propiedad privada por séptimo año consecutivo. Si votan en contra, obligarán al Gobierno a desglosar el paquete. “Votar No es exigir que se legisle con limpieza, no por chantaje", comenta el portavoz, Ricardo Bravo.
Ricardo Bravo, portavoz de esta asociación de afectados ya estuvo en el Senado para explicar la problemática del colectivo (Senado)
Ya estuvieron en el Senado
Hay que recordar que este colectivo con Ricardo Bravo, portavoz nacional de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ya estuvo en el Senado en una jornada organizada este mes de noviembre por el PP para hablar de la ocupación, quien descendió al detalle de los miles de pequeños propietarios de nuestro país que sufren la ocupación de su vivienda “Desde que nos constituimos como plataforma en el 2020 ante la falta de apoyo del Gobierno venimos luchando por encontrar el lugar que nos merecemos. Todavía los poderes pueblos no han tomado medida para paliar las consecuencias que sufrimos a nivel de okupacion e inkiocupacion. Los datos hablan de un crecimiento de las okupaciones del 7,4%, pero muchas se mantienen durante años. La lentitud de la justicia provoca que algunos de nosotros utilicemos esas empresas de desokupacion que crecen en este mercado”.
Bravo recordó que esta plataforma no tiene ideología y que el problema crece de forma notable No es solo sufrir la okupacion y las mafias, sino el ideario de ataques que sufrimos de distintos discursos. El 98% tiene una única vivienda, no somos rentitas ni bancos La legislación nos desampara y no protege nuestras propiedades , por eso acudimos a las empresas de desokupacion. Nosotros reivindicamos nuestros derechos que nos gustaría que se protegieran mejor. Urge buscar una solución al problema y la ocupación no debe ser un arma que se utilice en los debates políticos”.
Desde este colectivo, los afectados viene denunciando que este decreto solo sirve para camuflar la premeditada desatención del Ejecutivo hacia las familias realmente vulnerables. “La realidad es, que durante 6 años de aplicación de la medida, el Gobierno no ha dispuesto de viviendas para los más vulnerables, ni tampoco ha destinado una partida presupuestaria para facilitarles el acceso a una vivienda digna” apunta el portavoz de la Plataforma.
De esta manera, el Gobierno opta por la solución más cómoda y barata: la utilización de los recursos habitacionales de pequeños tenedores (que suponen el 93,4% de las viviendas del mercado del alquiler en España) sin compensación efectiva. Sin casas ni recursos, el "escudo social" no es más que una transferencia forzosa de la responsabilidad del gobierno a pequeños propietarios que tienen que asumir hasta el gasto de los suministros de quienes ocupan sus viviendas.
Manifestación en Gijón de propietarios asociados a APROVIJ para reclamar la derogación del RD 11/2020 y que se aprueben ayudas directas a los propietarios que sufren esos impagos (foto APROVIJ)
Son pequeños propietarios
Desde APROVIJ , otra asociacion de propietarios, se hace un llamamiento urgente a todos los propietarios particulares: ha llegado el momento de unir fuerzas. Solo con presión colectiva podremos provocar un cambio real en las políticas que llevan casi seis años castigando a quienes ofrecen vivienda con honestidad y legalidad.
En este sentido cuestionan el polémico Real Decreto-ley 11/2020 fue concebido como una medida excepcional. Sin embargo, once prórrogas después, sigue vigente sin justificación razonable “Se otorgan vulnerabilidades 'a la carta', cómo los propietarios deben asumir la carga de demostrar que los informes sociales son falsos, y cómo los inquiokupas reciben ofertas de realojamiento de urgencia a las que ni siquiera se presentan.
“Mientras tanto, los requisitos del propio Real Decreto impiden el acceso a vivienda a quien cobre menos de 1.800 € al mes, tenga un menor a cargo o supere los 65 años. Así, el inquilino que cumple, paga y respeta, queda fuera del mercado y sometido a auténticos castings para poder alquilar”, comenta
En opinión de Díaz, este decreto perjudica a ambas partes: al propietario que queda desprotegido y al inquilino honrado que es excluido. Y ese es el mensaje que debe llegar alto y claro a las instituciones”.
“Desde APROVIJ ya estamos sentándonos con dirigentes políticos para exigir soluciones concretas, pero necesitamos la fuerza de todos. Necesitamos que cada propietario se una, se visibilice, apoye y presione. No podemos permitir que decisiones estructurales sigan tomándose sin contar con quienes sostienen, en la práctica, el mercado de alquiler: nosotros”, subraya.
No hay seguridad jurídica
Las consecuencias de esta política son patentes en el mercado del alquiler. La inseguridad jurídica generada por el miedo a la ocupación e inquiocupación está provocando una retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler y reduciendo la oferta a mínimos históricos.
Esta falta de vivienda, unida al temor de los propietarios, dispara los precios y endurece los requisitos de entrada hasta niveles inalcanzables para la mayoría. Paradójicamente, las medidas que el Gobierno vende como protección a los vulnerables son las mismas que están destruyendo sus oportunidades de acceder a una vivienda, ya que el pequeño propietario, ante la continuada vigencia del decreto y el riesgo de un proceso judicial de años, opta por mantener su inmueble vacío o venderlo, estrangulando el mercado para todos.
En mayo del 2025 se presentó la asociación «Som Habitatge», una unión de propietarios de Cataluña cuya razón de ser es la defensa de los derechos de los propietarios de viviendas, especialmente de quienes alquilan inmuebles para uso residencial o profesional. Su presidenta la abogada Nuria Garrido señala que “ “El Gobierno sigue sin crear vivienda social y convirtiendo a los propietarios en vulnerables”,
Hace tres semanas , el Ejecutivo de Sanchez aprobaba una medida de ayudas a los propietarios claramente insuficientes El Gobierno anunciaba un "seguro frente a impagos" para propietarios. Una aval con el que pretenden ayudar a aquellos que tengan inquilinos morosos o que les hayan provocado daños en la vivienda. La medida se aplicará a casos muy concretos: los inquilinos tendrán que ser vulnerables o menores de 35 años. Y, además tendrá que tratarse de un alquiler asequible. Después de poner la denuncia por impagos, habrá un plazo de seis meses para pedir esta cobertura.
El aval aprobado asumirá las mensualidades de alquiler que el inquilino no haya abonado, pero también cubrirá posibles daños materiales causados en la vivienda y los costes de suministros pendientes: luz, agua o gas. La idea es que el propietario no tenga que asumir esos gastos mientras dure la situación de impago.
Para Garrido, como para el resto de los propietarios “hay requisitos muy restrictivos . Para que el propietario pueda solicitar esta cobertura, el inquilino debe tener menos de 35 años, o más de 65, o contar con una discapacidad reconocida igual o superior al 40%, o ser familia monoparental con al menos un hijo a cargo. Además, el alquiler debe considerarse asequible y la vivienda debe encontrarse exclusivamente en un municipio declarado zona tensionada. De no cumplirse estas condiciones, la ayuda no se activará”
Mañana martes sabremos el futuro de miles de pequeños propietarios en nuestro país. "Es hora de que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado. Este martes, los partidos tienen la oportunidad de decir SÍ a la subida de las pensiones y a las ayudas al transporte pero NO a la ocupación e inquiocupación", afirma el portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo
