- Este colectivo entregó en Gijón un documento a la ministra Isabel Rodriguez donde explica su situación de desprotección total
En un entorno de desprotección total por parte de las administraciones públicas, los pequeños propietarios tras la pandemia y ese Real Decreto 11 /2020, prorrogado anualmente que permite al inquilino mantenerse en la vivienda, si demuestra que es vulnerable, sin pagar un duro, se han ido organizado en distintas asociaciones como SOM Habitatge. Plataforma Afectados por la Ocupacón y APROVIJ entre otras para defender sus intereses ante los fenómenos de ocupación e inquiokupación, cada vez más notorios.
Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVI) , su presidenta , Kathy Díaz explica a este medio que “ el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 (Aunque aún no ha sido aprobado de forma definitiva) representa, sin duda, un esfuerzo significativo del Estado por abordar uno de los grandes retos estructurales de nuestro país: la escasez de vivienda asequible.
Para esta propietaria de Barcelona, “la voluntad de consolidar un parque público permanente y de reforzar las ayudas a la rehabilitación y la eficiencia energética es, en términos generales, una línea acertada. Sin embargo, desde la perspectiva de los pequeños propietarios, este nuevo marco vuelve a dejar fuera a un actor clave: quienes ya sostenemos el mercado del alquiler con nuestro propio patrimonio” comenta.
Desde esta asociación se recuerda que “en España, el 90 % del alquiler está en manos privadas, y una gran parte de ese porcentaje corresponde a ciudadanos particulares que han invertido en una segunda vivienda como forma de ahorro familiar o previsión para la jubilación. Estas personas no acceden a subvenciones, no tienen cobertura pública ante impagos u ocupaciones, y sin embargo están sometidas a un creciente entramado normativo exigente sin seguridad jurídica ni protección real”.
En su opinión, “el nuevo plan apuesta por condiciones exigentes para la vivienda protegida promovida con fondos públicos: mantenimiento indefinido del carácter asequible, limitaciones de precio, zonas tensionadas, etc. Es comprensible, siempre que esa exigencia se acompañe de una política que también garantice seguridad y equilibrio legal para los propietarios que ofrecen vivienda en el mercado libre”.
Mas seguridad jurídica
Desde APROVIJ se insiste que, en los últimos años, el impacto del Real Decreto 11/2020, la Ley por el Derecho a la Vivienda y diversas decisiones judiciales han generado una situación de inseguridad jurídica creciente. Casos de ocupación amparada por informes sociales, suspensiones indefinidas de lanzamientos o impagos prolongados sin capacidad real de reacción por parte del propietario están generando una desafección profunda .
“ Muchos están optando por retirar sus viviendas del alquiler o venderlas, reduciendo así una oferta que el propio Estado no puede suplir a corto plazo”, destaca
APROVIJ cree que este nuevo Plan de Vivienda debe ser también una oportunidad para restablecer la confianza de los ciudadanos que han cumplido la ley y han puesto sus recursos al servicio del sistema. Para ello, proponen un marco legal estable basado en la seguridad jurídica; protocolos de compensación y reparación para quienes hayan sufrido ocupaciones o impagos avalados por decisiones institucionales,
Para este colectivo se explica que construir vivienda pública es necesario. Pero también lo es no desincentivar ni penalizar a quienes llevan años haciendo lo que el Estado aún no ha hecho: ofrecer vivienda. Equilibrar el sistema exige reconocer a todas las partes implicadas, y los pequeños propietarios merecen ser uno de los ejes del debate.
Sobre el triplicar la inversión pública en vivienda, Díaz se muestra escéptica y aclara que “la pregunta inevitable es: ¿triplicar qué, si no se ha hecho lo esencial? En estos años no se ha construido un parque público capaz de aliviar el problema del acceso a la vivienda. Se ha legislado, sí, pero sin construir, sin prevenir abusos y sin reparar a los ciudadanos particulares que han cargado con el peso de un sistema fallido”.
Desde esa entidad que defiende a pequeños propietarios y cuya asociada de Gijón Silvia Viniegra, entregase al equipo de la ministra Isabel Rodriguez, un documento con sus alegaciones hace unos días, se señala que si el objetivo es reconstruir la confianza, el Estado no puede limitarse a anunciar presupuestos. Tiene que reconocer errores pasados, corregir sus efectos y escuchar a quienes nunca han sido parte del diseño de estas políticas: los propietarios particulares.
Una asociación necesaria
Desde esta asociación, Kathy Diaz, su portavoz y presidenta , nos explica que su actividad de vertebra en cuatro ejes de actuación. El primero, la densa de la de la propiedad privada y la seguridad jurídica: En este sentido denuncian normas que fomentan el incumplimiento contractual —como el Real Decreto-ley 11/2020— y generando una creciente desprotección legal del propietario.
El segundo eje es crear una red de apoyo a lo largo de estos años entre los afectados de cara a mantener diálogo y representación colectiva ante la administración, los medios de comunicación y los tribunales.
Un tercer eje tiene que ver con el papel legal y social de esta entidad, APROVIJ trabaja para sensibilizar a la sociedad, promover cambios legislativos y emprender acciones legales en defensa de los derechos de los propietarios, siempre desde una visión responsable que no pretende menoscabar la función social de la vivienda, sino exigir que esta no se construya a costa del sacrificio injustificado de particulares.
Por último, el cuarto pilar tiene que ver con la educación y concienciación jurídica: Desde esta asociación se información y herramientas prácticas para que los propietarios conozcan sus derechos, puedan prevenir situaciones de abuso y actúen con conocimiento ante escenarios de inseguridad jurídica o indefensión.
En opinión de Díaz, “el objetivo no es enfrentar a propietarios e inquilinos, sino mejorar el sistema para ambas partes. Si no encontramos un punto medio razonable —basado en la responsabilidad compartida—, todos saldremos perdiendo: quienes alquilan, quienes necesitan vivienda, y quienes ponen su patrimonio al servicio de ese objetivo”.
Desde APROVIJ ,se hace un llamamiento urgente a todos los propietarios particulares: ha llegado el momento de unir fuerzas. Solo con presión colectiva podremos provocar un cambio real en las políticas que llevan casi seis años castigando a quienes ofrecen vivienda con honestidad y legalidad.
En este sentido cuestionan el polémico Real Decreto-ley 11/2020 fue concebido como una medida excepcional. Sin embargo, once prórrogas después, sigue vigente sin justificación razonable “Se otorgan vulnerabilidades 'a la carta', cómo los propietarios deben asumir la carga de demostrar que los informes sociales son falsos, y cómo los inquiokupas reciben ofertas de realojamiento de urgencia a las que ni siquiera se presentan.
“Mientras tanto, los requisitos del propio Real Decreto impiden el acceso a vivienda a quien cobre menos de 1.800 € al mes, tenga un menor a cargo o supere los 65 años. Así, el inquilino que cumple, paga y respeta, queda fuera del mercado y sometido a auténticos castings para poder alquilar”, comenta
En opinión de Díaz, este decreto perjudica a ambas partes: al propietario que queda desprotegido y al inquilino honrado que es excluido. Y ese es el mensaje que debe llegar alto y claro a las instituciones”.
“Desde APROVIJ ya estamos sentándonos con dirigentes políticos para exigir soluciones concretas, pero necesitamos la fuerza de todos. Necesitamos que cada propietario se una, se visibilice, apoye y presione. No podemos permitir que decisiones estructurales sigan tomándose sin contar con quienes sostienen, en la práctica, el mercado de alquiler: nosotros”, subraya.
