Un nuevo intento para nacionalizar saharauis abriendo brecha
En la historia de las relaciones entre España y el Sáhara Occidental se entretejen hilos de responsabilidad histórica, promesas incumplidas y tensiones geopolíticas que trascienden las fronteras de ambos territorios. El pasado día 25 de febrero de 2025, la formación política Sumar presentó al Congreso de los Diputados una proposición de ley destinada a conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española, un proyecto que no solo reaviva un debate jurídico y político de larga data, sino que también amenaza con abrir una nueva brecha entre los socios del Gobierno de coalición. Este texto, inspirado por la claridad analítica y la profundidad reflexiva de autores como Yuval Noah Harari, busca desentrañar las implicaciones de esta iniciativa desde una perspectiva histórica, jurídica y política, con pleno respeto a las referencias legales y un análisis exhaustivo de sus posibles consecuencias.
Para comprender la magnitud de la propuesta de Sumar, resulta imprescindible retroceder en el tiempo y analizar el papel de España en el Sáhara Occidental. Durante casi un siglo, desde finales del siglo XIX hasta 1975, este territorio estuvo bajo control español, primero como protectorado y, posteriormente, como provincia metropolitana entre 1958 y 1976. Hasta el 26 de febrero de 1976, fecha en que España abandonó formalmente su administración tras los Acuerdos de Madrid, el Sáhara Occidental fue parte integrante del ordenamiento jurídico español. Los saharauis nacidos en ese período eran, a todos los efectos, sujetos de derechos y obligaciones bajo la soberanía española, un hecho que dejó una huella imborrable en su identidad colectiva y en sus expectativas hacia el antiguo colonizador.
Lo anterior me sugiere que la relación entre España y el pueblo saharaui no puede reducirse a un episodio colonial clausurado. La retirada española, lejos de ser un punto final, marcó el inicio de un conflicto que aún persiste: la ocupación marroquí, el exilio de miles de saharauis en los campos de refugiados de Tinduf y la promesa incumplida de un referéndum de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas. En este sentido, la iniciativa de Sumar no surge en el vacío, sino como un intento de responder a una deuda histórica que trasciende las meras formalidades legales. Entiendo que, al proponer la nacionalización de los saharauis nacidos antes de 1976, se busca reconocer esa vinculación excepcional que el paso del tiempo no ha logrado borrar.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la proposición de Sumar se fundamenta en el artículo 21 del Código Civil español, que regula la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza. Esta vía, de carácter graciable, permite al Gobierno otorgar la nacionalidad mediante real decreto, sin sujeción a las normas generales del procedimiento administrativo, siempre que concurran circunstancias excepcionales. La propuesta establece que los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976 podrían acogerse a esta fórmula, acreditando su identidad mediante documentos como un DNI español (aunque esté caducado), un certificado de inscripción en el censo para el referéndum de la ONU, o partidas de nacimiento emitidas por autoridades saharauis o españolas.
Considero que esta elección no es casual. La carta de naturaleza ha sido empleada históricamente en casos de especial relevancia, como la concesión de nacionalidad a judíos sefardíes expulsados en 1492 o a brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra Civil Española. En el caso saharaui, la excepcionalidad radica en el hecho de que estos individuos fueron ciudadanos de pleno derecho bajo la administración española, un estatus que se vio truncado abruptamente por la descolonización fallida. Ello me obliga a deducir que la propuesta no solo tiene una base jurídica sólida, sino que también apela a un principio de justicia histórica que trasciende los requisitos ordinarios de residencia o integración exigidos para la nacionalidad por otras vías.
Sin embargo, la discrecionalidad inherente a la carta de naturaleza plantea interrogantes. La norma no establece un derecho subjetivo, sino una prerrogativa del Ejecutivo, lo que podría derivar en arbitrariedad o en la politización del proceso. Además, la diversidad de documentos probatorios aceptados —desde certificados de la ONU hasta partidas emitidas por el Frente Polisario— introduce un desafío práctico: la verificación de su autenticidad en un contexto de conflicto y dispersión poblacional. A pesar de estas dificultades, el planteamiento de Sumar refleja un esfuerzo por adaptar el marco legal a una realidad histórica compleja, evitando las rigideces de los procedimientos convencionales.
El debate en torno a esta proposición no puede desligarse del contexto político actual. En 2023, cuando una iniciativa similar fue presentada por Unidas Podemos, el PSOE se posicionó en contra, siendo el único grupo parlamentario en rechazar su tramitación. Hoy, con Sumar como nuevo socio de coalición, la reedición de esta propuesta pone de manifiesto las profundas discrepancias entre ambas formaciones respecto a la política exterior española, especialmente en lo que concierne a las relaciones con Marruecos. Mientras Sumar e IU abogan por un reconocimiento de los derechos históricos del pueblo saharaui, el PSOE ha virado hacia una postura de apoyo al plan de autonomía marroquí, un giro que ha sido interpretado como un intento de preservar la estabilidad diplomática con Rabat.
Asumo que este desacuerdo no es meramente táctico, sino que refleja visiones divergentes sobre el papel de España en el Magreb. Para el PSOE, la prioridad parece ser mantener un equilibrio geopolítico que garantice la cooperación con Marruecos en asuntos como la migración y la seguridad. Para Sumar, en cambio, el Sáhara Occidental es una causa que combina principios éticos con una crítica al colonialismo y sus secuelas. La intervención de figuras como Tesh Sidi, quien ha acusado al PSOE de “cancelar” sistemáticamente cualquier avance en este ámbito, evidencia la magnitud de la fractura. Lo anterior me sugiere que la votación de esta ley podría convertirse en un punto de inflexión, no solo para el futuro de los saharauis, sino para la cohesión del propio Gobierno de coalición.
Más allá de las fronteras españolas, la aprobación de esta ley tendría repercusiones significativas en el ámbito internacional. Por un lado, reforzaría la posición del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, al aceptar documentos emitidos por sus autoridades como prueba válida. Por otro, podría tensar aún más las relaciones con Marruecos, que considera el Sáhara Occidental parte integrante de su territorio y ha reaccionado con hostilidad a cualquier gesto de apoyo a la causa saharaui. Entiendo que España se encuentra en una encrucijada: actuar como garante de una deuda histórica o preservar su papel como aliado estratégico en el Mediterráneo occidental.
Ello me obliga a deducir que la iniciativa de Sumar, aunque bienintencionada, no está exenta de riesgos. La nacionalización de los saharauis podría interpretarse como una declaración implícita de apoyo a la autodeterminación, un objetivo que choca frontalmente con la postura oficial de Marruecos y con el respaldo del PSOE al plan de autonomía. En un escenario más amplio, esta medida podría reavivar el debate sobre la responsabilidad de las antiguas potencias coloniales en los conflictos postcoloniales, un tema que resuena en otros contextos globales, desde Palestina hasta Timor Oriental.
La proposición de ley de Sumar para nacionalizar a los saharauis nacidos bajo soberanía española es, en esencia, un intento de cerrar una herida histórica mediante instrumentos jurídicos y políticos. Su fundamento legal, anclado en el artículo 21 del Código Civil, ofrece una vía viable, aunque no exenta de retos prácticos y controversias políticas. Su impacto, sin embargo, trasciende el ámbito doméstico, proyectándose sobre las relaciones internacionales y el legado colonial de España, motivo por el que resulta curiosa la posición confirmada por el Ministerio de Exteriores, radicalmente opuesta a la del otro lado del Consejo de Ministros en relación con los saharauis y Marruecos.