- Su presencia se rechaza por un impuesto presupuestario de 5204 millones de euros apoyado en el artículo 134.6 de la Constitución
La Comisión de Trabajo del Congreso aprobaba o este martes el dictamen de la ley con la que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA), sin votos en contra y la abstención de PP, Vox y Junts. Ahora en el Pleno del próximo 19 de junio podrá aun mejorarse un texto que ha tenido veto del Gobierno por distintos motivos.
La reunión se iba a celebrar en principio el pasado 20 de mayo, con la intención de continuar la tramitación de la propuesta legislativa del PSOE que se admitió a trámite en mayo de 2025. De hecho, la comisión llegó a convocarse y ya estaba preparado tanto el informe de la ponencia –que es el trámite anterior a la comisión-– como el orden de votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios.
Aunque en la votación celebrada este martes en comisión no ha habido ningún voto en contra al texto, el PP, Vox y Junts sí han aprovechado sus turnos de intervención para expresar sus quejas por los vetos que el Ejecutivo ha presentado a diferentes enmiendas transaccionales que habían presentado. Los portavoces de dicho grupo no ven justificado esos vetos y creen que se alejan de los artículos que regulan esa prerrogativa de veto.
Una de ellas buscaba que aquellos mutualistas que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social también pudiesen traspasar sus derechos económicos al Régimen de Autónomos (RETA). Son los popularmente conocidos como pasivos que se ven afectados alrededor de 47.000 mutualistas. El Gobierno ha vetado su extensión la pasarela a este colectivo al argumentar que supondría un impacto de 5.204 millones de euros.
Superado este trámite, el texto tiene que elevarse y votarse en el Pleno para culminar su tramitación en el Congreso. La fecha inicialmente prevista para la votación en Pleno era este mismo jueves, pero se ha pospuesto al 10 de junio. Después el texto se irá al Senado antes de llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley incorpora además mejoras relevantes respecto a los primeros borradores, como el reconocimiento del principio “uno a uno” para mayores de 52 años, un coeficiente corrector, del 25%, más favorable para las aportaciones realizadas (el anterior texto recogía un 33% de coeficiente) y el fin progresivo del sistema de alternatividad desde 2028.
Los pasivos quedan fuera
En cuento a las aprobadas varias han salido adelante, como es el caso de una enmienda transaccional de Sumar, ERC y EH Bildu para que reglamentariamente, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, se establezcan los términos y condiciones de la transferencia de derechos económicos acumulados, y para la conversión de dichos derechos a periodos cotizados en el RETA.
Otra propuesta pactada por esos tres grupos que ha salido adelante es una para que los mutualistas que hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026 puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el momento de reconocimiento de la pensión de jubilación, a los "exclusivos efectos" del porcentaje a aplicar a la base reguladora.
Por otro lado, la comisión ha dado el visto bueno a una transaccional de PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria para que la transferencia de los derechos económicos acumulados en las mutualidades autorizadas para actuar como alternativas al RETA no tengan consecuencias fiscales a efectos del IRPF.
Los mismos grupos han conseguido respaldo para una transaccional que establece la obligación para las mutualidades de desarrollar semestralmente un informe que contenga, de forma transparente y clara, toda la información relevante referente a los fondos de sus mutualistas y su evolución.
Quedan además muchas cuestiones abiertas e inciertas. El desarrollo reglamentario posterior será decisivo porque la ley deja pendientes aspectos técnicos fundamentales como el cálculo exacto de equivalencias, la valoración económica de los derechos acumulados, la fiscalidad concreta del traspaso o la compatibilidad con carreras mixtas entre mutualidad y RETA
Una pasarela debilitada
En cuanto a las primeras reacciones sobre esta medida, desde el ICAM insisten en que lo ocurrido hoy confirma que la ley avanza, pero también que lo hace con riesgos evidentes de quedar por debajo de las necesidades reales de los afectados. El Colegio valora que la tramitación no se haya detenido, pero advierte de que el paso por Comisión no puede interpretarse como un punto final ni como una solución suficiente si el texto que llega al Pleno no garantiza una respuesta efectiva, viable y con seguridad jurídica para los mutualistas.
El ICAM subraya que la sostenibilidad del sistema es una exigencia imprescindible en cualquier reforma. La pasarela al RETA debe ser económicamente viable, técnicamente rigurosa y respetuosa con el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Esa ha sido siempre la posición del Colegio. Pero esa viabilidad debe construirse junto a otros principios igualmente esenciales: equidad, seguridad jurídica y protección social suficiente.
“La sostenibilidad del sistema es imprescindible, pero no puede ser incompatible con la justicia. La pasarela debe ofrecer una respuesta viable y equilibrada a quienes llevan años esperando una solución. El rigor económico debe servir para construir una norma sólida, no para dejar sin salida a miles de profesionales afectados”, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
El Colegio considera especialmente preocupante que el debate parlamentario pueda desembocar en una pasarela insuficiente para una parte relevante de los afectados. El objetivo de la norma debe ser articular una vía efectiva para que los mutualistas puedan incorporarse al RETA en condiciones razonables, con reconocimiento adecuado de su situación y sin exclusiones injustificadas.
En este sentido, el ICAM pide a todos los grupos parlamentarios un último esfuerzo de responsabilidad, diálogo y acuerdo en la fase que ahora se abre hasta la votación en Pleno. La ley todavía puede mejorar y debe hacerlo. El Pleno debe servir para reforzar el texto, no para consolidar una pasarela debilitada, parcial o incapaz de responder a la dimensión real del problema
Aplicación a partir de 2028
Sobre esta iniciativa, se trata de una proposición de ley del PSOE que tiene por principal objetivo que los mutualistas estén suscritos al RETA. La ley se admitió a trámite en mayo de 2025 con el voto favorable del PP, e incluso superó una enmienda de totalidad de Vox, pero casi un año después todavía tenía pendiente la discusión de su articulado, primero en ponencia a puerta cerrada y después en comisión, ya en audiencia pública.
El pasado 28 de abril superó su trámite en la ponencia, gracias al voto favorable del PSOE y la abstención del resto de grupos parlamentarios. La idea de esta estrategia pasaba por dejar pasar el texto pero seguir negociando en torno a él en fase de comisión o incluso en el Pleno para poder introducir nuevos cambios al texto.
En su paso por ponencia sólo se incluyeron al texto un puñado de enmiendas transaccionales para, entre otros puntos, aplazar un año la fecha a partir de la cual los mutualistas tienen que estar suscritos al RETA, del 2027 al 2028.
Así, el texto introduce un cambio en la Ley General de Seguridad Social para que desde el 1 de enero de 2028 las personas que desarrollen su actividad por cuenta propia deberán solicitar "obligatoriamente" el alta en el RETA.
