Libia acumula más de una década de autoridades rivales y sigue sin aprobar la carta magna que debía sustituir a la Declaración Constitucional provisional de 2011. El resultado es un mosaico de decretos de urgencia y resoluciones locales que rara vez se publican en tiradas suficientes.
El registro mercantil continúa fragmentado en ventanillas provinciales sin conexión telemática; el de la propiedad apenas funciona. Para confirmar si una empresa está inscrita o qué norma regula un contrato, los juristas aún recorren archivos polvorientos, aguardan ante archivistas y pagan copias en papel. Esa opacidad, más que la inseguridad física, lastra la inversión y entorpece cualquier intento de rendición de cuentas.
En 2022, Hadi Naser decidió que, si el Estado no centralizaba la normativa, alguien debía hacerlo. «Nuestro trabajo consiste en recoger lo que ya existe y ponerlo a disposición de todos; no opinamos sobre el contenido, simplemente lo publicamos», resume.
Así nació la Sociedad Jurídica de Libia, entidad apolítica y sin ánimo de lucro que hoy ofrece más de medio millón de páginas —gacetas, reglamentos, sentencias y circulares— accesibles sin coste desde cualquier dispositivo.
Metodología y alcance
La organización emplea escáneres de libro, reconocimiento óptico de caracteres y un equipo de doce archivistas y letrados que verifica firma, fecha y vigencia. Cada archivo recibe metadatos que lo enlazan con reformas o derogaciones y se sella con una huella digital. «No basta con la cantidad; el usuario debe saber si el documento sigue vivo o ha sido derogado», insiste Naser. El portal, bilingüe en árabe e inglés, incorpora unas 500 páginas diarias y permite rastrear un expediente desde 1951 hasta la última actualización ministerial.
El impacto es tangible. Jueces y fiscales consultan la base antes de dictar sentencia; ministerios la revisan para licitaciones; despachos extranjeros la usan al calcular riesgos regulatorios, y las facultades de Derecho la han incluido en su bibliografía. Las consultas se cuadruplicaron en el último año, impulsadas por concursos de infraestructuras y auditorías internacionales.
Al eliminar la asimetría informativa que favorecía a quien controlaba los archivos, la Sociedad ha aportado certidumbre a la vida económica del país.
Neutralidad reconocida
La iniciativa se financia con donaciones privadas auditadas y rechaza aportaciones condicionadas. Cada documento se replica en servidores independientes, dentro y fuera de Libia, para resistir apagones o cambios políticos. «Esa neutralidad —subraya Julio Alonso Ortega, consejero sénior de la entidad— es lo que ha llevado a decenas de organismos, desde los ministerios de Justicia, Exteriores y Economía hasta la Oficina de Información del Primer Ministro, a enlazarnos en sus páginas oficiales».
Sin comentarios editoriales y con controles de integridad públicos, la Sociedad Jurídica de Libia se ha convertido en referencia tanto para funcionarios locales como para misiones diplomáticas que necesitan verificar la vigencia de un decreto antes de firmar un convenio.
Retos y próximos pasos
Persisten lagunas: gran parte de la legislación económica de los años setenta —aún aplicable en concesiones petroleras— sigue en papel; muchos decretos municipales nunca salieron de imprentas locales, y las primeras sentencias plenarias del Tribunal Supremo esperan digitalización. La Sociedad ultima un módulo de resúmenes automáticos en francés, lengua habitual de los inversores del Sahel, y negocia su adhesión al European Law Institute para compartir estándares de catalogación. «En un país sin Constitución y con normas que cambian de un día para otro, ofrecer el texto auténtico es la forma más directa de mejorar la gobernanza», concluye Naser.
El proyecto no está cerrado, pero ha demostrado que modernizar la justicia no siempre exige grandes reformas: basta con ordenar los papeles, certificar su autenticidad y permitir que cualquier ciudadano los consulte sin salir de la pantalla del móvil. Cada documento que abandona la estantería y entra en la base de datos reduce el margen de arbitrariedad y acerca el ideal de un Estado de derecho funcional en el corazón del Magreb.