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Las mejoras introducidas en los últimos años en los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar consistentes en reducir o adaptar la jornada han creado dudas interpretativas acerca de su aplicación y posible alcance. Han producido conflictos cuando, por ejemplo, la empresa considera que el supuesto en el que se ampara la persona no está acreditado, o cuando no existe un equilibrio entre el derecho de la persona que solicita la medida y las necesidades organizativas de la empresa. En estos casos, los juzgados y tribunales están otorgando un papel clave a la buena fe que debe existir entre ambas partes.

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