- Ambos sindicatos crean un frente único en el que también apuestan por mejor la negociación colectiva a través de una ley y organismos propios y mayor intervención en el mercado de vivienda
El mensaje ha sido claro y parece dirigido tanto al Gobierno como a los partidos políticos. Las organizaciones sindicales mayoritarias CCOO y UGT han creado un frente común y desarrollado una propuesta en temas de relaciones laborales y vivienda. Y es que como comentaron Javier Pachecho, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas de CCOO, y el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, a veces la agenda política no deja ver cuáles son los problemas reales de los ciudadanos.
En este orden de cosas ambos dirigentes sindicales han presentado un documento que bajo el nombre de Propuesta Sindical Unitaria ahonda en la reforma del despido objetivo, busca fórmulas para reducir el fraude en la contratación temporal, impulsan un modelo de negociación colectiva más institucionalizado y presentan un propuesta sobre el acceso a la Vivienda donde insisten en la Ley de Vivienda, criticada por muchos expertos, pero donde no se habla de deducciones fiscales, los pisos tienen muchos impuestos ni tampoco se aportan ninguna medida contra la ocupación de viviendas.
En esta exposición tanto Pacheco como Luján han reconocido la necesidad de impulsar el registro de jornada digital y telemático que el Gobierno mantiene congelado ante los problemas suscitados entre Yolanda Díaz, vicepresidenta segundo y ministra de trabajo, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, defensor de una moratoria de un año en la implementación del mismo y de ayudas para que las pymes puedan amortizar ese gasto. Ese registro de jornada podría ayudar mejor a la gestión de la temporalidad y a controlar las horas complementarias que se hacen y a veces no se cobran.
Las organizaciones sindicales quieren que se limite y justifique el uso del contrato parcial, una justificación "rigurosa" del despido en periodo de prueba para frenar su incremento, así como un endurecimiento del despido para hacerlo disuasorio, con unas indemnizaciones que deberían partir de 45 días por año cotizado y, en todo caso, ser verdaderamente "resarcitorias".
Reforma del despido improcedente
Ambos sindicalista han planteado una reforma del despido improcedente que llevarán a la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo y que recoge alguno de las reivindicaciones que ya habían adelantado estos meses.
Entre ellas, recuperar los salarios de tramitación, que se perdieron con la reforma laboral del año 2012, que, tal y como ha apuntado Luján, se hizo "a espaldas" y "en contra" del diálogo social, así como el diseño de un modelo para que el despido sea disuasorio, con el objetivo de que "no merezca la pena despedir" y en línea con la Carta Social Europea suscrita por España.
Sobre la cuestión, Luján ha reivindicado que las indemnizaciones por despido improcedente deberían partir de los 45 días por año trabajado y no de los 33 días vigentes actualmente. No obstante, UGT y CCOO no han querido reflejar en su propuesta un número de días concretos para la indemnización por despido improcedente, ya que, en línea con el Comité Europeo de Derechos Sociales, consideran que las indemnizaciones tasadas pueden no cubrir completamente los daños causados y, por lo tanto, se debe seguir el principio de que sean disuasorias y reparadoras.
Sin embargo, CCOO y UGT sí recogen en su propuesta que se deben fijar unas indemnizaciones mínimas en caso de despido improcedente en línea con los estándares europeos, para lo que Luján ha puesto de ejemplo Italia o Francia, donde están tasadas en seis y tres meses, respectivamente.
Además, en el bloque del despido, los sindicatos han recogido la necesidad de "causalizar" el despido en periodo de prueba exigiendo una justificación rigurosa de las razones debido al incremento que está habiendo de los despidos en periodo de prueba sin causa. En esta línea, han recordado que el Gobierno tiene pendiente transponer una directiva europea sobre condiciones previsibles en la que se recoge
En todo caso, CCOO y UGT plantearán dar más participación a la autoridad laboral en relación a los despidos colectivos e improcedentes y que, en este último caso, el derecho a restablecer el contrato de trabajo cuando lo fije un juzgado recaiga en la persona trabajadora y no en la empresa.
Acotar el contrato parcial
De igual manera, ambos sindicatos propondrán vigilar el uso del contrato a tiempo parcial, de manera que el indefinido a tiempo completo sea el de "referencia" para lo que se deberá justificar la excepcionalidad que amerita el uso de un contrato a tiempo parcial.
Junto a este mayor control de las causas, CCOO y UGT ven necesario pactar las horas complementarias para que el empresario no pueda hacer uso de ellas para alargar una jornada a tiempo parcial y que, en todo caso, exista un criterio de preaviso y cancelación si finalmente el trabajador tiene que modificar las horas extraordinarias pactadas inicialmente.
"Planteamos la consolidación de las horas complementarias utilizadas de manera ordinaria, con dos fórmulas, utilizando la más beneficiosa para el trabajador en nuestra propuesta: o el 80% de jornadas complementarias medias que se hayan utilizado en el año anterior o el 100% de las horas complementarias de jornada media que se hubieran utilizado en los dos ejercicios anteriores. ¿Qué queremos con esta idea? Que si un empresario, de manera recurrente, está utilizando una ampliación de jornada disponible, vaya consolidando esa jornada en el contrato del trabajador", ha expuesto Pacheco.
Además, se propone dar prioridad a los trabajadores que estén con un contrato a tiempo parcial para las vacantes de la empresa que sean a tiempo completo.
Regulación de la negociación colectiva
Respecto al bloque de la negociación colectiva, CCOO y UGT proponen regular a través de una ley la negociación colectiva y la financiación de las organizaciones sindicales y patronales para no depender de la "voluntad política". Sin embargo, a día de hoy esta iniciativa parece lejana ante la falta de diálogo existente entre la patronal y sindicatos, lo que ha hecho que tanto el SMI como la futura Ley de Prevención de Riesgos Laborales se haya aprobado sin el visto bueno de la patronal empresarial que se levantó de la mesa.
En este sentido, la propuesta de los sindicatos recoge un texto que CCOO y UGT quieren negociar con la patronal para blindar la negociación colectiva, evitar vacíos en la negociación diseñando mecanismos para cubrir los sectores sin convenio y reforzar las estructuras sectoriales, entre otras cuestiones.
Sobre la financiación, proponen aprobar partidas económicas anualmente que permitan, por su cuantía, el diálogo social y la negociación colectiva. Según se recoge en el texto, el Ministerio con competencias en materia de impulso y coordinación del diálogo social, en colaboración con el resto de ministerios, realizará el seguimiento para asegurar la transparencia.
En este esquema proponen un Consejo de Diálogo Social encabezado por el presidente del Gobierno y en el que participen las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para evitar situaciones como la de la reforma laboral de 2012, que no contó con el diálogo social.
También proponen institucionalizar el diálogo social bipartito -- entre las organizaciones empresariales y los sindicatos-- para que quede legalmente protegido.
Propuestas sobre vivienda mas intervencionistas .
En el bloque de mejora del acceso a la vivienda, CCOO y UGT plantean reformular el criterio competencial en materia de vivienda para que no quede sólo en manos de las comunidades autónomas. Así, el Estado o los ayuntamientos podrán aplicar la actual Ley de Vivienda ante el bloqueo de algunas autonomías, mayoritariamente las del Partido Popular, a esta norma, todo ello vinculando la financiación estatal al cumplimiento de la norma. Esto supondría una reforma de la Constitución, difícil en los tiempos que se viven donde las mayorías políticas no existen.
Ambas organizaciones demandan un compromiso presupuestario para la creación de un parque público de vivienda en alquiler y la paralización de desahucios sin alternativa habitacional y el aumento de las ayudas directas a colectivos vulnerables, asegurando que el techo sea un derecho efectivo y no un lujo de mercado.
Entre las propuestas se encuentra el Fondo para una Vivienda Asequible, para la construcción de entre 50.000 y 100.000 viviendas asequibles; un Programa de Alquiler Seguro y Asequible (PASA) para captar, rehabilitar e incorporar inmuebles privados o públicos vacíos al mercado de alquiler, así como limitar el precio máximo del alquiler, entre otras medidas.
Por eso, ante la escalada de precios que asfixia a la clase trabajadora, CCOO y UGT reclaman una intervención decidida en el mercado inmobiliario que garantice el derecho constitucional a una vivienda. Según el análisis de las confederaciones sindicales, el coste de los alquileres y las hipotecas absorbe una parte inasumible de los salarios, impidiendo el desarrollo vital de la juventud y las familias trabajadoras.
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