- En su opinión es Indecente para el sistema judicial. Indecente para los ciudadanos a los que se les vende como periodismo lo que es propaganda procesal. E indecente, sobre todo, para los magistrados que dictaron una sentencia y a quienes el domingo se les dejó solos frente a la pantalla”.
Víctor M. Soriano i Piqueras, socio director del despacho Soriano i Piqueras, asesor del PP en el Senado y letrado del Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias en el caso contra el ex fiscal general, ofrece a Lawadtrends su versión de la entrevista que el que fuera FGE, Alvaro Garcia Ortiz ofreció este domingo a Jordi Evole en la Sexta. El el primer Fiscal General del Estado de la democracia española condenado por sentencia firme por un delito cometido en el ejercicio de su cargo.
En unas declaraciones a nuestro medio tacha la entrevista de indecente. Al mismo tiempo subraya que “hubo una pregunta que Évole no formuló. La pregunta era esta: ¿usted, señor García Ortiz, le pide perdón a Alberto González Amador? El silencio de esa pregunta no formulada es el resumen exacto de lo que la Sexta emitió el domingo”. Ese abogado reconstruye en un libro a punto de publicarse el procedimiento que condenó a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.
Para Victor Soriano i Piqueras al término del programa, el espectador no había escuchado una sola pregunta sobre la prueba indiciaria que llevó al Tribunal Supremo a dictar el fallo. Había escuchado, eso sí, dos horas de un condenado contándole al país que la sentencia que lo condenó es injusta, que los siete magistrados de la Sala Segunda concentran «casi un control de los poderes del Estado» y que borrar el teléfono el mismo día de su imputación —cinco mil ochocientos setenta y siete mensajes en dos fases, según el informe de la UCO— es «la esencia de la libertad».
“Évole sugirió la palabra «golpe de Estado» y García Ortiz se limitó a contestar que la había oído «alguna vez». Esto, en un país democrático, tiene un nombre. Tiene varios” comenta este letrado
Un delito probado
En su opinión, hay un primer dato que conviene fijar. La sentencia 1000/2025 del Tribunal Supremo, dictada el 9 de diciembre de 2025 con cinco votos a favor y dos votos particulares discrepantes, declaró probado que «fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo» del 2 de febrero de 2024. No es una valoración.
“Es un hecho probado por el órgano judicial superior del Estado en materia penal, ratificado en febrero de 2026 al desestimar los incidentes de nulidad. Lo que la Sexta emitió el domingo pasado no fue el contraste de un proceso judicial. Fue la reapertura mediática unilateral de una causa cerrada, en horario de máxima audiencia y por el principal canal privado del país, sin más contradicción que las sonrisas de cortesía del entrevistador”, apunta.
A su juicio, el blanqueamiento empezó por el lenguaje. Durante dos horas, al condenado lo llamaron «exfiscal general», nunca «condenado». Al delito por el que fue inhabilitado, «proceso». A los hechos probados, «hechos a los que él se vio expuesto». A la sentencia firme, «una decisión que le sorprendió». La poda de las palabras precisas no es un descuido editorial.
Desde su punto de vista, “ es una técnica. Cuando un medio decide no llamar al condenado por su condición, lo que está haciendo es disolver la sentencia en una nube de adjetivos amables. Évole, que en otro momento de su carrera hizo del rigor su marca, eligió esta vez el guante”.
Soriano i Piqueras habla de un segundo movimiento que fue “convertir al juez instructor y a los magistrados de la mayoría condenatoria en sospechosos. García Ortiz dijo en sala lo mismo que en su declaración como investigado el 29 de enero de 2025 —que el instructor «tiene una certeza que no le lleva al descubrimiento de la verdad»— y lo repitió el domingo. Évole asintió”.
Sospechas de la Sala Penal
Al mismo tiempo subraya que “la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por siete magistrados con décadas de carrera, fue presentada como un órgano con «desequilibrio de poder» que ejerce «casi un control» sobre las instituciones del Estado. Que esa frase la pronuncie un condenado por revelación de secretos en una televisión privada, sin un solo contraargumento del entrevistador, es la imagen perfecta del problema”, advierte
“Si los magistrados que cumplen su función son sospechosos, ¿quiénes son los honestos? La pregunta queda flotando. Y flotar, en este oficio, es decir”, añade
Para nuestro interlocutor, la tercera operación fue presentar al condenado como víctima. Évole le preguntó si pagar la indemnización a Alberto González Amador le había «jodido». «No me ha gustado en absoluto», respondió. Definió la sentencia como «una muerte civil» y describió los veinte días de espera tras el sentido del fallo como uno de los «momentos más dolorosos» de su vida.
“Ni una sola pregunta sobre los veinte días de espera del querellante, cuyo expediente tributario salió a las portadas de los telediarios diez minutos antes de la sesión de control parlamentaria del presidente del Gobierno. Ni una pregunta sobre el ataque de pánico que sufrió ese ciudadano. Ni una pregunta sobre la frase «o me voy de España o me suicido» que González Amador pronunció en sala. La empatía televisiva es selectiva. Pero la selección, aquí, también dice quién está al lado de quién”, revela
Como último comentario indica “una observación que pertenece menos al periodismo y más a la salud democrática del país. La inhabilitación de un Fiscal General por sentencia firme del Tribunal Supremo es, en cualquier democracia europea seria, un asunto institucional resuelto. La condena se acata. El cargo se renueva. La vida pública sigue. Lo que el domingo emitió la Sexta es lo contrario: un intento sistemático de impugnar el fallo por la vía mediática, sustituyendo la vía constitucional —que el condenado tiene abierta y está usando— por una segunda instancia popular en horario estelar” comenta
A final, para Victor M. Soriano i Piqueras, el calificativo es clave “esa operación, conviene decirlo, es indecente. Indecente para el sistema judicial. Indecente para los ciudadanos a los que se les vende como periodismo lo que es propaganda procesal. E indecente, sobre todo, para los magistrados que dictaron una sentencia y a quienes el domingo se les dejó solos frente a la pantalla”.
Una obra a punto de publicarse
De manera paralela nos hacemos hecho que la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED) ha editado “La única explicación. Memoria personal del juicio a un fiscal general”, primer libro publicado sobre el “caso García Ortiz” desde la posición de una de las partes acusadoras. Su autor, el propio Víctor M. Soriano i Piqueras, ejerció la dirección letrada de la acusación popular sostenida por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias en esta causa.
La obra se construye sobre dos materiales: los hechos declarados probados por la sentencia y la experiencia directa del autor durante los más de dieciocho meses que duró el procedimiento.
El libro recorre la cronología completa del caso —desde la inspección de la Agencia Tributaria a Maxwell Cremona en 2022 hasta la sentencia firme—, con especial detenimiento en la noche del 13 de marzo de 2024, en la que se produjo la filtración del correo confidencial del letrado de Alberto González Amador, y en las once jornadas del juicio oral celebrado en noviembre de 2025 ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Su autor resume el espíritu del libro en su nota inicial: “Las explicaciones que el acusado y su defensa intentaron oponer a esos hechos se desplomaron, una tras otra, contra la aritmética simple de los registros telefónicos, los reenvíos de correo y los avances informativos publicados con marca horaria”.
A lo largo del libro, Soriano analiza el comportamiento institucional de los protagonistas con la documentación que la propia sentencia hizo pública. El libro dedica capítulos específicos al borrado masivo de mensajes del terminal del acusado un día después de la admisión a trámite del procedimiento —”estas no son coincidencias; son coincidencias en el sentido en que dos coches que chocan en un cruce coinciden”—, a la conducta ejemplar de la Fiscal Superior de Madrid al negarse a firmar la nota institucional —”una llamada que no se contesta, una nota que no se firma, un teléfono que se deja en silencio”—, y a la campaña institucional de descalificación pública contra los operadores jurídicos del caso, incluido el propio juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, y el letrado autor del libro, que denuncia haber sido víctima de una persecución mediática de manos del Gobierno y el PSOE.
En el epílogo, Soriano sitúa el alcance del caso más allá de sus protagonistas: “El caso García Ortiz no es, no debe ser, un caso sobre Isabel Díaz Ayuso. Tampoco es un caso sobre Alberto González Amador. Es un caso sobre el Ministerio Fiscal español». Y concluye con una reivindicación de la acción popular como mecanismo procesal: «Si alguien tenía dudas sobre por qué la Constitución de 1978 conservó la acusación popular, este caso le habrá despejado unas cuantas”.
