- La nueva presidenta de esta entidad es consciente de la necesidad de mejorar la ley que regula los MASC para que su implementación no diluya el uso de la mediación
La Asamblea General de GEMME ESPAÑA (Grupo Europeo de la Magistratura por la Mediación en España) elegía este pasado viernes a Rosalía Fernández como nueva presidenta de la asociación para el periodo 2026-2028 relevando en el cargo a su predecesora Carme Guil.
Su nombramiento y el de la nueva Junta Directiva dando comienzo a una nueva etapa que buscará reforzar el papel institucional de la entidad, seguir impulsando la cultura del diálogo y consolidar el desarrollo de la mediación y de los medios adecuados de solución de controversias (MASC).
Magistrada de la Audiencia Provincial de Las Palmas y - Delegada de Mediación TSJ Canarias desde diciembre del 2025, la nueva presidenta de la entidad ejercía hasta este momento de vicepresidenta de la institución. . Ha estado vinculada a GEMME desde hace muchos años. En el periodo 2020 a 2024 fue presidente de GEMME Europa. En aquel Consejo de Administración se integraron otras dos magistradas españolas, Lourdes Arastey, hoy magistrada del tjue para asuntos europeos y Carme Guil, presidenta saliente de la entidad, como tesorera adjunta.
La elección se produjo tras un proceso electoral en el que concurrieron dos candidaturas, la otra encabezada por el magistrado emérito Pascual Ortuño, Vicepresidente de GEMME-Europa desde 2012 hasta 2016, reflejo de la participación y del compromiso de los socios con el presente y el futuro de GEMME ESPAÑA.
Según nos explica Rosalía Fernández, “la renovación de la Junta Directiva llega, además, en un momento especialmente significativo para la asociación y para la mediación en España, marcado por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y por el creciente protagonismo de los MASC como herramientas al servicio de una justicia más cercana, dialogante y eficaz.”.
La nueva Junta Directiva estará presidida por Rosalía Fernández magistrada, delegada de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y especialista en Derecho Civil, Familia, Derechos Humanos y Mediación, con una amplia trayectoria docente y una intensa actividad de colaboración en proyectos nacionales e internacionales.
Para Fernandez es “todo un privilegio seguir trabajando en la Junta Directiva junto a Amparo Quintana (secretaría general) y Silvia Hinojal (tesorera), muchos años compañeras de tantos afanes, en esta nueva etapa de gestión a la que se unen Patricia Fresco (vicepresidenta), Belén Ureña (vicepresidenta), Mar Fernández (vocal) y Javier Wilhelm (vicepresidente), excelentes profesionales a quienes admiro”.
La candidatura elegida, presentada bajo el lema «Experiencia para avanzar. Ilusión para transformar», apuesta por fortalecer una asociación participativa, transparente y cohesionada, reforzando su papel como interlocutor institucional y su presencia nacional, europea e iberoamericana. Entre sus prioridades figuran el fortalecimiento de la interlocución con las instituciones, el impulso de la cultura del diálogo, el desarrollo de los MASC, la innovación y la preparación del vigésimo aniversario de la asociación.
Imagen que nos proporciona la propia presidenta de la nueva Junta Directiva que ella preside
Hay que mejorar la regulación de los MASC
En vísperas del veinte aniversario de GEMME España que lo celebrará el año que viene, se producía este relevo en la cúpula de la asociación. Será ahora Rosalía Fernández, la nueva presidenta de la entidad como cabeza visible de una nueva directiva. Esa elección fue colofón al V SImposiun Mediación es Justicia que bajo el título “Tejiendo convivencia en tiempo de ruido”, esta entidad organizó durante dos días en la Universidad Ceu San Pablo de Madrid para abordar la problemática de los MASC desde distintas perspectivas.
Desde su punto de vista, la normativa que regula los MASC es muy mejorable “creo que al incluir todos los métodos de resolución de controversia lo que ha hecho es diluir el papel de la mediación. Ya existía un marco normativo asentado pero no puede equipararse bajo ningún concepto a otros medios adecuados de solución de controversias, por mucho que lo sean. Se ha centrado mucho el debate en el requisito de procedibiiidad de los MASC por la visión litigante que tenemos del asunto. Sin embargo ni los MASC ni la mediación pueden resolver los problemas estructurales de nuestra justicia”.
En su opinión, esas deficiencias, el legislador las tiene que abordar de otra manera, con más medios, jueces y mejor tecnología . “Creemos que el legislador debería haber potenciado la ley de mediación y su uso en determinados ámbitos jurisdiccionales. El problema es que se han mezclado todos y eso genera problemas. Después de un año de implementación de la ley, ésta se observa como un obstáculo procesal, no se ha entendido para qué se creo ni se ha logrado los efectos que se buscaba. Nos hemos quedado en el requisito de procedibilidad frente al objetivo de pacificar la sociedad que está en la exposición de motivos de la norma”.
Nuestra interlocutora constata que .al final cuando se conoció el anteproyecto desde GEMME ESPAÑA “planteamos nuestras alegaciones. Algunas se tuvieron en cuenta, otras más relevantes quedaron fuera. Nuestra entidad un año tras la entrada en vigor de la ley, elaboramos un documento con aportes que se ha elevado al ministerio y que se ha presentado también ante representantes de la Comisión de Justicia del Senado para, para mejorar algunos aspectos mínimos imprescindibles que necesita la ley. Entre ellos lograr que la ciudadanía tenga el mismo acceso a la mediación y a otros medios adecuados de solución de controversia de la misma forma. La implantación en cada CCAA es distinta y eso crea desigualdades”.
Al mismo tiempo, Rosalía Fernández indica que a esto se une que “no está reconocido en la ley el beneficio de justicia gratuita para estas personas que sí lo tienen para la abogacía de oficio. Hemos incluido una propuesta, que la venimos haciendo desde hace años, en ese sentido, que las personas que tengan derecho a asistencia jurídica gratuita también lo tengan para el medio adecuado de solución de controversia. Otro aspecto que ha generado bastante polémica, es en los conflictos transfronterizos en el ámbito familiar para evitar posibles problemas de competencia en el ámbito internacional, retrotraer los efectos de la presentación de la demanda al momento de intento de, de negociación o de inicio del MASC, Esos son dos aspectos fundamentales”.
Para la presidenta de esta entidad, “creemos que hay que reforzar la mediación para determinados ámbitos, por ejemplo, el familiar. En el ámbito familiar no podemos equiparar ni estimar como válido bajo ningún concepto cuando hay hijos e hijas menores de edad, por ejemplo, una oferta vinculante. Eso, en lugar de ayudar, agrava el conflicto, pero sí la mediación. Y dejar muy claro que la mediación es un medio por el que se pacifica el conflicto familiar. No hace daño a las familias, al contrario, aunque no se llegue a un acuerdo, puede desbloquear o prevenir escaladas de conflicto y con ello también la violencia”.
Desde su punto de vista la falta de claridad de la Ley de Eficiencia que regula los MASC ha generado malestar en la abogacía de fa Familia “No eludimos la realidad pero vamos desde GEMME al menos, reconducir esta situación para hacer propuestas constructivas que permitan mejorar. O sea, sin perder la perspectiva de esto que comentábamos, por ejemplo, de la ley de familias o algo similar, que de verdad trate los conflictos familiares en nuestro país de la forma que se merecen las familias, que es lo que en el fondo creo que todos queremos. En nuestra opinión, hay que aunar esfuerzos para mejorar la ley y aclararla en esos puntos esenciales que son los que están planteando esta problemática”.
Foto de familia entre la junta entrante y saliente. En el medio, de azul Rosalia Fernández y a su izda Carme Guil, presidenta saliente
Se debe potenciar la mediación
A juicio de Fernández, se ha perdido una oportunidad para reforzar la mediación y por otra, dar la oportunidad a las personas de que acudan a distintos medios para darles la libertad. Quiero insistir en que la idea, similar a los juzgados multipuertas que existen en otros países, como Estados Unidos, es buena, pero está mal diseñada esa ley. nosotros queremos ayudar a un mejor diseño de la normativa de MASC. En este escenario el papel de la Abogacia para impulsar la mediación es clave. Ya hace una importante labor el plano de la negociación, derecho colaborativo. Pero salvo que tengan formación en mediación y participen como mediadores, los abogados no son mediadores”.
Rosalía Fernández cree que hace falta es información, formación e información sobre los distintos medios adecuados. Distinguir cada uno de ellos ante esta confusión que hay. “Nosotros desde GEMME queremos que tanto los profesionales como la ciudadanía conozcan las características de cada uno y puedan elegir el medio más adecuado. Este es un objetivo fundamental. El segundo lugar, o casi al mismo tiempo-estar al lado de las instituciones-...para plantearles nuestras propuestas por escrito, como ya se ha anticipado, te decía, al Ministerio y a la Comisión de justicia del Senado para lograr las reformas que se necesitan”.
A este respecto, la presidente de GEMME es consciente de que su entidad debe acercarse a otras instituciones y asociaciones para lograr entre todas y todos construir algo positivo tanto para las familias como para los demás. Y ampliar la visión a ámbitos jurisdiccionales en los que todavía aún hay proyectos, pero todavía no se ha implantado la mediación
En este sentido destaca que “ahí volvemos a hablar de la mediación administrativa y la contencioso-administrativa, que no termina de regularse. Siempre se saca del ámbito...de regulación de la mediación para regularlo con independencia y por ahora no, no se ha regulado. Y en cuanto a justicia restaurativa, que no es un MASC seguir trabajando en este terreno. Al mismo tiempo tenemos proyectos internacionales con poderes judiciales de otros pises. Continuaremos con ellos para reforzar esos vínculos”.
En cualquier caso, la presidenta de GEMME ESPAÑA considera fundamental introducir la educación en gestión de conflictos para que se produzca verdaderamente “el cambio de perspectiva que se pretende en coherencia con el espíritu de la norma: avanzar en democracia hacia la cultura del acuerdo y lograr la cohesión social”.
