Barcelona, 19 may (EFE).- El preso acusado de asesinar a otro en la cárcel Brians 2 de Barcelona en octubre de 2020 ha admitido que lo hizo por encargo porque "no tenía nada que perder", en un crimen por el que la Generalitat ha indemnizado con 600.000 euros a la familia de la víctima por no impedir la entrada del arma homicida.

Un jurado popular juzga desde este viernes en la Audiencia de Barcelona al recluso, para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel por asesinato y atentado a la autoridad, y la defensa, su absolución alegando que padece un trastorno de personalidad antisocial.

Durante su declaración, el acusado ha reconocido haber apuñalado al otro recluso, que se encontraba encarcelado por prostitución de menores y violencia machista, porque le "pidieron el trabajo" y él "no tenía nada que perder", pues estaba en prisión desde junio de 2014 y no iba a salir hasta 2050.

El acusado, además, ha advertido de que si no le trasladan a una prisión de máxima seguridad, como él solicitó, "la rueda va a continuar", a lo que ha añadido que "no puede estar suelto en un patio" porque o le matarán o "seguiré matando. No tengo nada más que perder", ha recalcado.

Además, ha negado sufrir ningún tipo de trastorno, y ha atribuido sus actos al funcionamiento del sistema carcelario, en el que, se ha quejado, no le han aplicado "ninguna terapia de reinserción".

En su opinión, "la prisión tiene su lado oscuro" y "el sistema está corrupto desde arriba hasta abajo".

Según el escrito de la Fiscalía, el hombre "se acercó sin mediar palabra ni discusión previa al interno", que había sido encarcelado por prostitución de menores, en el patio de uno de los módulos, y le apuñaló hasta la muerte, amenazando a los funcionarios con agredirlos también hasta que pudieron detenerlo.

El ministerio público considera que el cuchillo con el que el recluso apuñaló al otro hombre "debió de haber sido detectado por los funcionarios en su debido control", pero que las medidas de seguridad y vigilancia adoptadas" resultaron insuficientes.

Por este motivo, la Fiscalía pide que se condene a la dirección general de Centros Penitenciarios de Departamento de Justicia como responsable subsidiaria del asesinato, motivo por el que la Generalitat ha pagado ya 600.000 euros a la familia de la víctima en concepto de indemnización.

En concreto, el Departamento de Prisiones ha pagado 200.000 euros a la esposa del fallecido y otros 100.000 euros a su único hijo, así como indemnizaciones de 50.000 euros cada una a su madre y a sus tres hermanas.

La defensa se ha centrado también en los déficits del sistema carcelario y el propio recluso ha explicado que solo ha visto al psiquiatra "dos veces en tres años de aislamiento" y que la única solución que dan a los reclusos es "la medicación".

La Fiscalía acusa al hombre de un asesinato con alevosía, que considera agravado por la reincidencia, y de otro delito de atentado, motivo por el cual pide una pena de 28 años de prisión.

La acusación particular solicita 25 años para el recluso, mientras que la defensa ha pedido su absolución alegando que el hombre padece un trastorno de personalidad antisocial, y ha añadido también una eximente por haber confesado los hechos.

Sobre el delito de atentado contra la autoridad que se le atribuye por amenazar a los funcionarios, el escrito de defensa sostiene que el procesado "no amedrentó a nadie", sino que solo pidió a los trabajadores que no se acercasen.

La vista oral continuará el lunes, con la declaración de diferentes testigos, y se prevé que finalice el jueves, con la entrega del veredicto del jurado.