- El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes justifica con grandes números de esta reforma de la justicia y confirma que pondrá en marcha la Comisión de Seguimiento de la ley aún sin crear.
Tras un año en vigor, la Ley de Eficiencia ha permitido celebrar más juicios, incrementar el número de jueces y reducir el volumen de asuntos en trámite, si bien admite la existencia de incidencias “puntuales” que no tienen carácter estructural.
Los operadores jurídicos casi en su totalidad, sin embargo, hablan de desorden existente, la falta de protocolos de actuación claros y de personal en algunos juzgados, así como fallos continuos informáticos considerados desde el Ministerio como puntuales.
“Un año después de su entrada en vigor, los asuntos pendientes bajan un 4,5% en Civil y un 0,67% en global. Cabe destacar que la pendencia no bajaba desde 2016 (a excepción del periodo de la pandemia)”, han señalado fuentes del Ministerio.
Desde San Bernardo 45, sede de la entidad ministerial, subrayan que la citada Ley de Eficiencia, orientada a lograr una justicia “más ágil, eficiente y cercana”, “ha permitido llevar a cabo la mayor creación de plazas de jueces y fiscales en un solo año”, con 700 nuevas plazas.
También se insisten en que “la Ley supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años” para las 12 comunidades con competencias transferidas. Justicia defiende la eficiencia del nuevo modelo: ya no hace falta crear un juzgado entero, sino que se puede destinar personal allí donde haga más falta, y se invierte con conocimiento de las concretas necesidades
De acuerdo con esos datos, gracias a la incorporación de los MASC los asuntos registrados en las jurisdicciones civil y mercantil han caído un 20,4%, mientras que, en el conjunto de órdenes jurisdiccionales —incluidos penal, social y contencioso-administrativo— la litigiosidad se ha reducido un 9,9%, frente a su crecimiento del 11.4% en el 2024 según datos del CGPJ.
Junto con esas plazas de jueces y fiscales que desde Justicia confirman a este periodista que se crearán plazas de lajs y de funcionarios allí donde hagan falta. Así lo han pedido estos colectivos distintas ocasiones ante el cese de los cientos interinos que había en la administración de justicia en los últimos meses.
Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) recuerda que en estos momentos hay cerca de 800 plazas de lajs por cubrir. Este jurista cree que necesario un mayor coordinación entre Justicia y todos los operadores jurídicos, especialmente con el CGPJ para esta implementación de la nueva oficina judicial.
El problema de los MASC
La formación, básica para poder que la ley echase a andar con plenas garantías, ha sido un objetivo para el departamento de justicia. Se han celebrado 310 sesiones presenciales, con 15.400 inscritos.
Sin embargo ante la situación actual de desorden es previsible que se sigan organizando programas formativos para que queden claros los protocolos de actuación. Desde sindicatos como CSIF se indica que la gestión del cambio no se ha producido de forma adecuada.
Esta norma supone la transformación de los antiguos juzgados unipersonales en tribunales de instancia y generalizó la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el ámbito civil y mercantil antes de iniciar cualquier procedimiento ante los tribunales ha sido objeto de muchas críticas desde todos los frentes por cómo se ha gestionado esta reforma y la propia implementación de los MASC de manera indiscriminada.
Desde el ICAM que han pedido, al igual que la Asociación Española de Abogados de Familia, (AEAFA) una reforma de los MASC que los excluya de los procedimientos de familia con menores y transfronterizos, se insiste en que los apartados 5.1 y 5.2 del artículo 5 de la LO 1/2025 establecen, con carácter general, la necesidad de acudir a un MASC como requisito de procedibilidad para la admisibilidad o avance del proceso civil, con un régimen de acreditación y excepciones tasadas lo que se convierte en una barrera a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
Al mismo tiempo insiste la entidad colegial en señalar en que la configuración del MASC como requisito previo puede producir un efecto impeditivo o dilatorio: el acceso a una respuesta judicial sobre el fondo queda condicionado por un estadio anterior y externo al proceso, susceptible de controversia formal (cumplimiento, suficiencia, identidad de objeto, acreditación).
Las quejas generalizadas que nuestro medio ha recogido en los últimos tres meses en distintos reportajes sobre la implementación de los tribunales de instancia reflejan la falta de capacidad de reacción del Ministerio ante la situación actual. Junto con el balance que Justicia realiza, confirman a este periodista que pondrá en marcha la Comisión de Seguimiento de la ley, aun sin crear, petición mayoritaria de jueces, lajs, abogados y sindicatos.
Faltan muchas plazas en órganos judiciales
Desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), su presidente, nos confirma que aumentan las plazas que no están cubiertas por titulares, tanto de LAJ y funcionarios. Eso ha hecho que en algunas jurisdicciones se han agotado las bosas de interinos y se contratan gente del INEM, sin experiencia ninguna.
Para este experto pese a los números presentados por Justicia de inversión, realmente no existe inversión en la implantación de la oficina judicial del tribunal de instancia. En esas inversiones se habla poco de ello. A su juicio, el ministerio no tiene presupuesto ni infraestructura para coordinar el despliegue de todo lo que supone una revolución en organización de la justicia.
Por su parte, desde CSIF, reunidos con otros sindicatos con la secretaria general Sofia Puente en esta semana, alertaban de los graves problemas de la implantación, lo que les ha hecho medidas de apoyo ante la falta de criterios claros en su trabajo diario. Su presidente nacional Javier Jordan insiste en diez medidas que ven necesarias par revertir esta situación. En su opinión, el problema no es el modelo, sino cómo se está implantando y las disfunciones que se están dando.
Justicia sostiene que era una “necesidad” modificar la estructura del sistema judicial y recalca que la reforma ha contado con “el consenso de gobiernos anteriores de distintos colores, asociaciones judiciales LAJs, sindicatos de funcionarios, etc”. Sin embargo, algunos de los operadores jurídicos consultados creen que no se les tuvo en cuenta en dicha reforma.
´Más de 1000 millones en inversiones
El Ministerio insiste en que no es una reforma a coste cero. Y que no se han cambiado unos carteles por otros, como algunos detractores critican de forma clara ante todos los problemas abiertos.
Advierte de que se viene trabajando en el nuevo modelo desde que se apuntó en el Libro Blanco de la justicia en 1997, se han dictado decenas de reglamentos y normas y señalan una inversión total de 1.121 millones para la implementación de la Ley solo en esta legislatura, entre medios personales, informáticos y mejoras en edificios.
Ese montante se desglosa en 192 millones para reforzar los medios personales, 850 millones para la digitalización y 79 millones para la adecuación de sedes e instalaciones. De esos fondos para digitalización, 325 proceden de fondos europeos Esos 192 millones supone el coste de las retribuciones vinculadas a las nuevas estructura incluyendo las subidas salariales aprobadas en 2023 y 2024—. En el apartado tecnológico, se ha invertido en hubs de interoperabilidad, para que los distintos sistemas de gestión se puedan entender entre sí, algo que aún no se ha logrado por cierto.
En conjunto, Justicia hace suyos los argumentos de su titular, Félix Bolaños que no pierde ocasión de señalar, cuando se le pregunta por la ley de eficiencia proceso al que se trata de “una transformación que moderniza los juzgados diseñados en el siglo XIX y que permite optimizar recursos, distribuir mejor la carga de trabajo, aumentar la flexibilidad para adaptarse a las necesidades y evitar cuellos de botella e igualar los tiempos de respuesta al ciudadano”.
Los problemas existen y son serios
Sobre esas inversiones, algunos expertos cuestionan a este periodista esos datos de inversiones en Justicia. Se habla de que se invierte más de la media europea que son 800 euros anuales, en un caso como el nuestro con el abandono secular de inversiones existentes ante unas necesidades que serían de unos 2500 millones de euros, con lo que invertir algo más de 1000 millones no sería significativo realmente.
Frente a este discurso oficial Jueces, LAJs y sindicatos de la administración de justicia que no entienden porque Justicia maquilla los problemas de este cambio de modelo y no busca soluciones a estos problemas. En muchos órganos judiciales faltan personal y se trabaja con bastante papel porque el expediente electrónico no está implantado.
Los juristas consultados por este medio reclaman más diálogo y transparencia al Ministerio para revocar una implantación de oficina judicial que está generando muchos problemas. Asi lo han manifestado recientemente organizaciones sindicales como SPJ-USO y CCOO y asociaciones judiciales como Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).
Según estos juristas, la falta de planificación en esta reforma en la que se observa falta de personal en distintos órganos judiciales y problemas con el sistema procesal nuevo Atenea en el territorio de Justicia transferido son algunas de las cuestiones que siguen sin resolverse pese al talante de los profesionales que trabajan en estos órganos judiciales.
Los operadores como ya dijo Rafael Catalá, exministro de Justicia, reclaman diálogo y que se cree una mesa de diálogo para ver posibles reformas de la Ley de Eficiencia. Las próximas semanas serán claves para corregir las disfunciones existentes detectadas en MASC y tribunales de instancia.
