- La Fundación traslada a la delegación del Parlamento Europeo que visita España la necesidad de despolitizar el CGPJ, reforzar la independencia de la Fiscalía y mejorar los estándares de integridad y transparencia
Mientras Pedro Sánchez ni los ministros Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska no quieren reunirse con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) LIBE formada por eurodiputados para explicar la situación del Estado de Derecho y delegara en otros representantes ministeriales, entidades como Fundación Hay Derecho y la Asociacion Profesional de la Magistratura han tomado el testigo y mantenido dicha reunión este lunes con otras organizaciones.
La Comisión la componen el presidente de la comisión Javier Zarzalejos; Raquel García Hermida-van der Valle (del grupo de trabajo sobre la Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales); Alessandro Zan (Socialistas y Demócratas); Jorge Buxadé (Patriotas) y Assita Kanko (Conservadores y Reformistas).
En estos días habrá también Hhabrá un encuentro con la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designada tras la condena a Álvaro García Ortiz; con las principales asociaciones de jueces y fiscales, con organizaciones de la sociedad civil, con expertos académicos y con el Consejo de Informativos de RTVE, en el marco de las crecientes denuncias por la politización y manipulación de la radiotelevisión pública.
En su reunión con la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), por su parte, se trasladó a la misión comunitaria la necesidad de tomar medidas para que España tenga unas instituciones "robustas", contrapesos "efectivos", reglas "estables" y una dotación "suficiente" de recursos. Además, se han visto con la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles, la Fundación Mujeres y la Fundación Pedro Zerolo.
Por su parte, la directora general de la Fundación Hay Derecho, Safira Cantos, se ha reunido este lunes en la sede del Parlamento Europeo en España con la delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), desplazada a Madrid para evaluar la situación del Estado de derecho en nuestro país.
Se trata de una visita de carácter excepcional: hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia Se trata de una visita de carácter excepcional: hasta ahora, solo se han realizado misiones de este tipo en Hungría y Eslovaquia.
En el encuentro, celebrado junto con otras organizaciones de la sociedad civil, Hay Derecho ha trasladado a los eurodiputados un diagnóstico detallado sobre las principales debilidades estructurales del sistema institucional español, con especial atención a la independencia judicial, la autonomía del Ministerio Fiscal y las políticas de integridad pública.
Entidades como la APM o Fundación Hay Derecho han criticado a la Comisión Libe su politización y política de nombramientos (Poder Judicial)
Reforma del CGPJ y nombramientos judiciales
Durante la reunión, la representante de Hay Derecho ha subrayado la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reducir su politización y alinearlo con los estándares europeos.
Vinculado a este problema, persiste el de los nombramientos de la cúpula judicial. En palabras de Safira Cantos: «Hemos señalado la necesidad de reformar el sistema de nombramiento discrecional de los altos cargos del Poder Judicial, por ejemplo, magistrados del Tribunal Supremo o Audiencia Nacional y también Tribunales Superiores de Justicia, para que exista un sistema lo más objetivo posible, transparente y que fomente la libre concurrencia a esos puestos».
Otro de los ejes centrales del encuentro ha sido la necesidad de reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado. «Hemos hablado de la urgente necesidad de aumentar la independencia de la Fiscalía General del Estado y la importancia de que el mandato del fiscal general del Estado esté desvinculado del mandato del Gobierno con el objetivo de fortalecer su autonomía institucional y su credibilidad pública», ha explicado Cantos tras la reunión.
En materia de integridad pública, Hay Derecho ha trasladado su preocupación por la elevada politización en la dirección de empresas públicas. «Les he podido exponer el problema que hay en las empresas públicas en España por la gran politización de su dirección. Y cómo no es casualidad que en la mayoría de casos graves de corrupción haya empresas públicas implicadas», ha señalado la directora general.
Asimismo, la Fundación ha incidido en la necesidad de reforzar la prevención y persecución de la corrupción, mejorar la transparencia en la contratación pública y avanzar en la regulación de los lobbies y grupos de interés.
Protección de alertadores y fortalecimiento de contrapesos
Hay Derecho ha destacado igualmente la importancia de proteger adecuadamente a quienes denuncian irregularidades. En palabras de Cantos, es clave «proteger adecuadamente a los alertadores de corrupción que en muchísimos casos lo que sufren son represalias después de dar la voz de alerta».
Durante el encuentro también se ha abordado «la necesidad de reformar la Ley de Secretos Oficiales», así como la preocupación por «la cooptación que hay de órganos de control, la politización del Tribunal Constitucional u otros órganos».
La reunión se enmarca en la misión oficial de la Comisión LIBE para evaluar la situación del Estado de derecho, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción en España.
Refuerza, además, la estrecha colaboración de Hay Derecho con las instituciones europeas, ante las que la Fundación se ha consolidado como voz de referencia en esta materia. Otra prueba de ello es la reunión que próximamente mantendrá Hay Derecho con la Comisión Europea para abordar la contribución que realiza al Informe del Estado de derecho que anualmente publica la institución comunitaria
Safira Cantos, directora general de Fundación Hay Derecho, en un viaje en el 2023 en el Parlamento Europeo, se ha reunido con los eurodiputados de LIBE y explicado la situación de nuestro Estado de Derecho (Fundacion Hay Derecho)
Una reunión planificada
Este reunión es fruto de la preocupación del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho de la comisión LIBE al analizar diversas reformas legislativas llevadas a cabo por el Gobierno socialista que han resultado producir “un peor marco jurídico de lucha contra la corrupción, en menos garantías para la independencia judicial y en una situación que realmente no se corresponde con un país que debería ser puntero en el respeto estricto a los condicionamientos y a las exigencias del Estado de derecho”.
Ante ello, la comisión LIBE aprobó el pasado mes de octubre enviar una misión a España, que se ha desplazado a la capital de España para evaluar «in situ» la situación y recabar voces de todas las partes interesadas.
“El Estado de derecho no es una cuestión interna: es una cuestión de interés europeo. El Tratado de la Unión así lo establece, y nosotros cumplimos nuestro deber, sabiendo que el Estado de derecho es un elemento central, nuclear, esencial y fundamental en la construcción europea”, indicó e l presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos,
La misión buscará clarificar puntos sensibles como los mecanismos de control del poder judicial, la aplicación de reformas legislativas recientes, las denuncias de interferencias políticas y casos de corrupción que amenazan la calidad de la democracia española.
España vive un momento crítico en cuanto a la corrupción y la politización de la justicia en nuestro país. Entre los casos más destacados se encuentra el caso Aldama/Abalos/Koldo, que investiga adjudicaciones irregulares de contratos de mascarillas durante la pandemia por un valor aproximado de 54 millones de euros, con implicaciones de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, así como del propio Ábalos y Santos Cerdán, quien fuera dirigente del PSOE en 2024.
También está el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que está siendo investigada por presunta malversación y tráfico de influencias en varios casos. Por su parte, David Sánchez, hermano del presidente, está imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en Extremadura, vinculados a la obtención de un puesto en la Diputación bajo condiciones cuestionadas.
Los eurodiputados que han viajado a Madrid también prestarán especial atención a la controvertida reforma impulsada por el ministro Félix Bolaños, que afecta a la carrera judicial y fiscal y al Estatuto del Ministerio Fiscal. La reforma introduce cambios en el acceso y la estabilización de interinos que podrían favorecer a cargos afines al Gobierno y modifica el Estatuto del Ministerio Fiscal con un mandato fijo para el fiscal general y formalidades sobre las instrucciones del Ejecutivo que no garantizan autonomía real y facilitan la politización de la justicia.
La misión de la comisión LIBE analizará todos estos elementos en conjunto, evaluando cómo los casos de corrupción y la reforma judicial afectan la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho en España, y por ende su calidad democrática. y su independencia judicial frente a la interferencia política.
