Madrid, 21 mar (EFE).- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un duro informe contra la Ley de Amnistía, auspiciado por el sector conservador y rechazado en bloque por los vocales progresistas, que tilda la norma de "inconstitucional" y avisa que quiebra la separación de poderes.

Fuentes jurídicas han explicado que la propuesta del vocal Wenceslao Olea se ha impuesto a la de su compañera Mar Cabrejas, algo que era previsible habida cuenta de la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, por lo que será su informe el que se remita al Senado, que es la Cámara que lo había reclamado la opinión del CGPJ.

Nueve vocales han votado a favor de la propuesta de Wenceslao Olea frente a los cinco que han respaldado a Mar Cabrejas. El presidente Vicente Guilarte y el vocal Enrique Lucas han votado en blanco. Este último ha emitido un voto particular.

Por su parte, Cabrejas ha anunciado que interpondrá un voto particular al informe, al que previsiblemente se sumarán los otros cuatro vocales progresistas, según avanzan las fuentes a EFE, que han explicado que aunque el debate se ha alargado hasta las tres horas, las posiciones estaban claras y eran inamovibles por parte de ambos bloques, cada uno con una propuesta sobre la mesa.

La propuesta del conservador Olea, que se ha aprobado sin cambios, advierte de la inconstitucionalidad de la norma al defender que "ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho".

Critica su "deficiente técnica jurídica" y su "arbitraria" tramitación parlamentaria, considera que no hay interés general y que la ley "socava el derecho a la igualdad" entre los ciudadanos al tiempo que entiende que "el texto vulnera la separación de poderes" porque "no resulta admisible que el Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones de los tribunales", salvo en los indultos.

Además, aboga por dejar fuera de la amnistía todos los delitos de terrorismo y advierte de que dejar sin efecto una orden europea de detención puede ser contrario al Derecho de la UE.