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Concepcion Morales en el juzgado 23 de lo social de Madrid, del que es titular desde hace algo más de un mes (Imagen Lawandtrends)

Desde el pasado 3 de noviembre, Concepcion Morales Vállez  es la nueva titular del juzgado social 23 de Madrid. Una jurista con una amplia trayectoria como Magistrada Suplemente  en el TSJ de Madrid que ha visto recompensado su esfuerzo al pasar un duro proceso selectivo,  con este nombramiento en que fue apadrinada por Maria Luisa Segoviano, magistrada del Tribunal Constitucional y expresidenta de la Sala Social del Supremo,  en el que tuvimos la oportunidad de estar presentes.

Después de un dia duro en su juzgado con más de una decena de juicios celebrados, hemos conversado con esta magistrada para conocer su visión sobre la jurisdicción social y su problemática real actual.

 En la entrevista que concede  a Lawandtrends detecta los problemas de la jurisdicción, donde la falta de medios es alarmante y el número de magistrados que se jubilen será importante en los próximos años. “Esto hace que la carga de trabajo que asumimos sea alarmante. He heredado 1439 asuntos que tendré que poner al dia  en los próximos meses”.

De Abogada a ser Magistrada del orden social ¿Hay mucha diferencia a la hora de ver los asuntos?  ¿Qué le hizo dedicarse a la jurisdicción social?:

Si, la perspectiva de un Abogado es muy diferente a la de un Magistrado, y por ello realice tanta formación para Abogados/Graduados Sociales para ayudarles en su difícil quehacer diario.

Cuando terminé mi Licenciatura en la UCM, realicé un Master de Práctica de la Abogacía, y realice mis prácticas en una gran despacho laboral que asesoraba empresas, y la materia me apasiona, poder ayudar a empresas y a personas trabajadoras en la gestión de las relaciones laborales es lo más.

Y luego el turno de oficio laboral me permitió desarrollar esa labor altruista y necesaria para las personas más desfavorecidas, que he de decirlo, hoy más que nunca el turno de oficio necesita el apoyo de las instituciones para compensar el digno trabajo de los  Abogados/Graduados Sociales

Usted ha luchado muchos años por una plaza en la jurisdicción social, ¿Qué ha sentido en su toma de posesión como Magistrada hace algunos días cuando se le nombró para ello?

Si, he luchado muchísimo por consolidar una vocación, desde mis comienzos como Magistrado Suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el año 1997, he trabajado mucho para obtener la calificación necesaria para poder acceder por el denominado como cuarto turno a la carrera judicial, y en la última convocatoria de 2023 he conseguido superar un difícil proceso selectivo y obtener mi plaza en propiedad.

La toma de posesión es un momento mágico, en el que estás arropada por tus compañeros de promoción, por tus compañeros de profesión, y por la familia y amigos, es el culmen a una larga trayectoria profesional orientada y enfocada a conseguir un fin, el fin que desde niña había anhelado.

La magistrada Concepcion Morales presento en UDIMA una obra “Jubilacion forzosa y negociación colectiva”, fruto de su tesis doctoral. En el evento estuvo acompañada de juristas como la magistrada del Constitucional Maria Luisa Segoviano. También aparecen Martin Godino, socio director de Sagardoy Abogados, o Ana Gomez, presidenta de ASNALA y socio de laboral de Ceca Magán Abogados (UDIMA), entre otros juristas

¿Cuáles son los problemas más acuciantes de la jurisdicción social en estos momentos? ¿Son los Tribunales de  instancia la solución?

Los problemas más acuciantes de la jurisdicción social, a mi modo de ver, son varios.

El primero los señalamientos para el año 2027 y 2028, algo inasumible en la jurisdicción social en la que trabajamos con derechos de las personas trabadoras y de las personas beneficiarias de prestaciones de Seguridad Social, la subsistencia de muchas familias depende de nuestras resoluciones.

El segundo, la falta de medios personales y materiales, la organización de la oficina judicial y la implantación de la nueva oficina judicial puede ser una solución, pero está por ver su eficacia y su eficiencia, de momento es un auténtico caos.

El tercero, es la tasa de reposición de los Magistrados, se prevé que entre el 33% y el 35% de la Carrera Judicial se jubile en la próxima década (hasta 2032-2035), y se hace necesario el ingreso de entre 350-370 jueces nuevos al año para cubrir las vacantes y evitar el colapso del sistema, colapso del sistema que incide directamente en la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución, no podemos mirar a otro lado ante la destrucción de un servicio público esencial

Y el cuarto, y último, son las cargas de trabajo inasumibles que existen en los Juzgados de lo Social, en concreto, en mi Juzgado el día de mi incorporación/toma de posesión había 1439 asuntos pendientes, justiciables que necesitan que se resuelva una situación de conflicto que les afecta de manera vital.

En una visita a su Juzgado hemos visto que usted asume cualquier tipo de asunto ¿No tienen la sensación de que ustedes funcionan como legisladores en ocasiones?

Si, en algunas ocasiones se nos denomina Juez-legislador, para mi no es un termino despectivo, muy al contrario estamos aquí para el ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos otorga el artículo 117 de la Constitución, y para aplicar las normas que el legislador establece.

Sin embargo,  lo cierto, es que el legislador no puede prever todos los supuestos de hecho que la realidad nos trae al Juzgado y que los órganos judiciales debemos resolver, necesariamente, no podemos decir que como no está previsto por el legislador no le damos una solución, el justiciable necesitas soluciones y por ello recurriendo a las facultades que nos otorgan otros preceptos del ordenamiento, damos amparo a situaciones inicialmente no previstas por el legislador y muchas de ellas acaban formando parte del ordenamiento jurídico.

Todos los asuntos relacionados con permisos o conciliación no deberían judicializarse. Las empresas deben sentarse a negociar con sus trabajadores”

Algunas voces como los catedráticos Jesus Lahera o Federico Durán creen que todo lo relacionado con conciliación o permisos no debería ir a los Tribunales…

Si, desde mi perspectiva personal son problemas que deberían ser solucionados en el seno de las empresas, a través de procesos de negociación y/o de mediación, pero la realidad es terca y hay una resistencia empresarial atroz y pertinaz al otorgamiento de medidas de conciliación y permisos a las personas trabajadoras, lo que dificulta en muchos casos el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.

Pero, obviamente, el último recurso de las personas trabajadoras ante la negativa al ejercicio de sus derechos tiene que ser la jurisdicción social, y para eso estamos.

   
  Tras su acto de toma de posesión, la magistrada Morales con Teresa Silleras, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid y Aurora de la Cueva, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid   (Imagen TSJ de Madrid  
     

Se ha dicho siempre que el Juez de lo social suele beneficiar al trabajador, ¿esto es un mito o una realidad?

Es  uno de esos grandes mitos que existen en la jurisdicción social, yo personalmente creo que no es una realidad, y así entiendo el ejercicio de la función jurisdiccional que tenemos constitucionalmente encomendada, de modo que en cada momento adopto  una solución fundada en derecho que beneficia a las personas trabajadoras y a las empresas, según cada supuesto.

Desde fuera parece que el tema de los despidos y las denuncias por acoso laboral son las cuestiones más graves que tienen que resolver ¿Esta bien regulado o hay algún vacío legal?

Bueno, en este punto, si se me permite, hemos de tener en cuenta que las demandas de los Abogados/Graduados Sociales va por modas y está de moda presentar demandas con una pretensión acumulada de derechos fundamentales, cuya tramitación es la mas urgente de todas, la finalidad, adelantar el señalamiento, lo que perjudica al resto de asuntos y señalamientos.

Y el mundo de las denuncias por acoso laboral está también de moda, el hostigamiento es un riesgo psicosocial que las empresas están obligadas a prevenir y que las empresas las ven como un gasto más y no como una inversión en la integridad física y moral de las personas trabajadoras que repercute directamente en la productividad, hace falta mucha formación e información en la materia, pero no creo que sea necesario introducir un cambio normativo, máxime si tenemos en cuenta la reforma penal del año 2010, y su expresa tipificación como delito penal.  

“Son necesarios grandes pactos de Estado entre las fuerzas políticas para una mejor transposición de las directivas y  aprobación de la normativa nacional”

Los Abogados se quejan del trasiego de normas legales, a veces no bien acabadas y que hay que consultar el BOE ¿Es usted partidaria de tanto cambio legislativo?

Si, la mayoría de las modificaciones normativas que se están produciendo son como consecuencia de la necesaria adaptación y/o transposición de nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas de la Unión Europea, y a las Sentencias dictadas por el TEDH y el TJUE.

A este respecto,  hay que indicar que el incumplimiento del Estado Español determina el abono de cuantiosas multas y sanciones diarias por incumplimiento, que nos podríamos evitar si existiera una normalidad institucional y grandes pactos de Estado entre las fuerzas políticas por el bien de España y de los españoles.

Asimismo, hemos de tener en cuenta que la redacción definitiva de los preceptos depende de la negociación entre los representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios para alcanzar un nivel de consenso que las permita salir adelante, y fruto de esta negociación surgen redacciones difíciles de entender y/o asumir desde la perspectiva judicial.

¿Qué espera de este 2026 a nivel profesional en su juzgado?  ¿Seguirán los juzgados de lo social colapsados?

Pues espero ser justa con mis justiciables, y poder atender sus demandas lo antes posible, y para ello cuento con un gran equipo en mi oficina judicial, con trabajo, sacrificio, diligencia y compromiso espero que los 1439 asuntos pendientes que tenemos dejen de ser realidad lo antes posible, porque «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía», y esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Seneca, me acompaña cada día.